Hace sólo unas semanas la “nota” era que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaba a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para desaparecer al “oneroso” IFT; hoy, la conversación se traslada a la propuesta que hace el senador del partido Morena, Ricardo Monreal: que el IFT sea la autoridad reguladora en materia de Inteligencia Artificial (IA) y hasta propone que Hacienda le provea los recursos necesarios para que instrumente una nueva ley federal.
Sí, estamos hablando del mismo legislador que en 2020 se aventó la puntada de proponer reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), una autoridad que fusionaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El fervor por este macro regulador duró poco. La iniciativa fue presentada el 10 de junio de 2020, para ser retirada sólo siete días después. No es que una quiera que estas ocurrencias se materialicen, pero el derroche de tinta y papel en el Congreso, también debería entrar en la austeridad republicana.
Y si esto parece exagerado, “nomás” cheque. En menos de un año, el senador Monreal volvió a tener una epifanía, pero esta vez, al “revés volteado”: El IFT, ese que meses atrás buscaba extinguir para que el Estado se ahorrara una lana, no sólo debería seguir existiendo, sino que entre sus funciones tendría que haber una más, la de autorizar la operación de las plataformas propietarias de redes sociales.
Hoy, Ricardo Monreal emprende una nueva cruzada subiéndose a un tema por demás “sexy” en estos tiempos en los que el término inteligencia artificial ya se encuentra hasta en la sopa, y pues se puso a escribir la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal que Regula la Inteligencia Artificial”.
El documento publicado en la Gaceta del Senado de la República dice una gran verdad: “los Sistemas de Inteligencia Artificial (SIA) están en constante evolución y en muy corto tiempo han generado múltiples beneficios, tanto económicos como sociales, pero también enormes retos para las sociedades y los gobiernos”, por lo que desde su perspectiva tiene que existir un marco legal, y ¿adivine quién lo debe ejecutar? El IFT.
Más aún, el legislador propone la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, que operaría como órgano consultivo del IFT y cuyos integrantes con participación honorífica deberán ser cinco científicos de reconocido prestigio en materia de desarrollo tecnológico y tecnologías de la información.
Este grupo tendría la facultad de proponer al pleno del Instituto el o los anteproyectos de dicha regulación, para lo cual deberán contar con el respaldo de todas las autoridades federales con intervención en esta materia, empezando por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Sí, la misma dependencia que asumiría las funciones del IFT en caso de que la iniciativa presentada por el presidente de la República avance en el Congreso, y con lo cual se crearía una entidad con “superpoderes” telecom, como lo describo en una columna publicada en este espacio el pasado 19 de febrero.
La reciente iniciativa del senador Monreal también señala que a efecto de prever escenarios de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta nueva legislación se busca la posibilidad de que el IFT pueda imponer multas a quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la ley que pretende crear.
“Lo anterior, porque se trata de un ecosistema en el que participan agentes económicos de gran tamaño y de gran poder económico que ante cualquier multa definida en términos absolutos o montos predeterminados, no enfrentarán el incentivo adecuado para dejar de infringir el marco legal”.
Y bueno, para no andar con preocupaciones como las que genera el cochino dinero, el artículo 6 transitorio de esta iniciativa, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) quedaría obligada a proporcionar al IFT los recursos que sean necesarios para la instrumentación de la nueva ley federal.
Hace unos días, Ricardo Monreal, dijo en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, que cada una de las reformas presentadas por el jefe del Ejecutivo, entre las que se encuentra la que propone desaparecer al IFT, requiere un análisis profundo.
Es en este contexto que vale recordar cómo apenas el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador se le fue duro y a la cabeza a los órganos autónomos, al calificarlos de “onerosos y elitistas, supuestamente autónomos… creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”.
Si bien el IFT, como cualquier dependencia u organismo del Estado, es perfectible y debe ser sujeto de escrutinio público para su mejor funcionamiento, no debemos olvidar que gracias a la indiferencia y el permanente incumplimiento del presidente de la República, este órgano regulador opera con sólo cuatro de siete integrantes.
En la medida que las legisladoras y legisladores dejen de presentar iniciativas a destajo, por moda o intereses particulares, podríamos aspirar a tener conversaciones serias y responsables sobre el camino que se debe construir para que México aproveche el potencial de la tecnología en una era indiscutiblemente digital.
C$T-GM