A unos cuantos meses de que concluya la presente administración, no es sorpresa que el presidente de la República quiera eliminar un órgano autónomo como el IFT, pero sí resulta incongruente y fantasioso que busque trasladar todas las responsabilidades y facultades constitucionales que tiene este ente, a una secretaría de Estado que podría verse seriamente rebasada.
En diciembre de 2018, con la llegada de Salma Jalife a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la industria observó con tranquilidad y esperanza la posibilidad de trabajar con un gobierno capaz de abordar con seriedad y compromiso el desafío digital del país, pero el gusto duró poco.
En plena pandemia y en pos de la austeridad republicana, el jefe del Ejecutivo desapareció de un plumazo la Subsecretaría de Telecomunicaciones y con ello dejó en claro una cruda realidad: el desprecio y desconocimiento en torno a un sector vital para el país, tanto en términos económicos, como sociales e incluso políticos.
Aunque el mandatario bien podría decir que el mundo no se acabó con la eliminación de esta área en la SICT, es cierto que en materia de telecomunicaciones y desarrollo digital esta secretaría habla poco y hace menos. Pero no echemos culpas al aire, ¿será acaso porque a lo largo del sexenio ha tenido la monumental tarea de encargarse de carreteras, trenes y aeropuertos?
De aprobarse la iniciativa de reforma que propone el presidente, le faltarán manos a la SICT y no por falta de talento, sino por ausencia de presupuesto, pues que no se nos olvide que todo el vericueto en contra de los organismos autónomos tiene que ver con reducir costos.
Y es que la “súper secretaría” lo mismo será entidad supervisora en materia de espectro, que autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, pero también deberá continuar con la política en materia de regulación asimétrica.
Además, el presidente pretende que la SICT también realice licitaciones de espectro, que establezca un registro público de concesiones y además que dé continuidad al Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) en el que el IFT ha estado trabajando, sólo por mencionar algunas de las muchas funciones que trae la maleta que le quieren hacer cargar.
De hecho, en el caso específico del SNII vale recordar que la iniciativa de reforma que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, propone elevar este sistema a rango constitucional.
De acuerdo con el marco legal vigente (artículo 181 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) es el IFT el encargado de crear y mantener actualizada una base de datos nacional geo-referenciada que contenga la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva, derechos de vía y de sitios públicos.
Asimismo, dispone que los concesionarios, autorizados, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal y los órganos autónomos y en general, todos los organismos e instituciones públicas deberán entregar al Instituto la información correspondiente.
Además, los particulares que deseen poner a disposición de los concesionarios bienes inmuebles para la instalación de infraestructura, podrán solicitar al Instituto que su información sea inscrita en el SNII. Sin duda una tarea vital para el desarrollo del sector, pero monumental para una entidad que ni siquiera cuenta con una subsecretaría especializada.
A la luz del paquete de iniciativas de reformas presentadas por el presidente, las preguntas son tan obvias que hasta avergüenza realizarlas, pero ahí van: ¿De cuántas personas dispone la SICT para atender de forma eficiente la regulación, promoción y supervisión del espectro? ¿Quién y cómo atenderá los trámites para la industria? Si a alguien le parece tarea fácil, sólo pensemos que durante el tercer trimestre del 2023, el IFT recibió 147 mil 771 solicitudes en materia de concesiones y servicios.
Regular con evidencia es otra de las acciones que se dicen fácil pero que no se pueden realizar sin recabar toda aquella información que sea útil para desarrollar proyectos realistas como estudios, análisis e informes periódicos, ¿los hará también la SICT? ¿Podrá esta dependencia con la carga que se le pretende imponer?
C$T-GM