Así como en las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial la transformación digital ha sido hasta el momento un tema tangencial, en las “Propuestas para la movilidad social” presentada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la tecnología como herramienta de progreso apenas fue citada.
Si bien los expertos del CEEY reconocen que la conectividad fue un elemento diferenciador en el aprovechamiento escolar durante la pandemia, en materia laboral la automatización generará desplazamiento de mano de obra por lo que habrá cambios sustanciales en el mercado laboral.
En el contexto de la presentación de las propuestas sobre las campañas electorales, Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del CEEY, señaló que “en el ámbito del mercado laboral, si bien no hacemos referencia a este punto (la importancia de la transformación digital), pues el tema está centrado en el salario mínimo, la participación laboral, y la discriminación, sí hay un componente a tomar en cuenta hacia el futuro, que tiene que ver justamente con los procesos de automatización y cambios tecnológicos”.
Es decir, se tiene que pensar “cómo estos procesos de automatización y sustitución de mano de obra, de ciertas características, van a ir cambiando al propio mercado laboral y los esquemas de participación de la población en el mercado laboral”, sin descuidar la perspectiva de la educación, donde es pertinente reflexionar «cómo hacemos uso de las tecnologías para mejorar la adquisición de conocimientos”.
Recordó que durante la pandemia, el CEEY elaboró un estudio relacionado con los resultados educativos, donde se demostró que a mayor conectividad de los alumnos, mejor aprovechamiento de la educación a distancia y por eso “en el CEEY estamos visualizando y valorando cuál es el tipo de tecnologías que requerimos”.
No se trata “simplemente de dotar de cierto tipo de servicios tecnológicos a la población, sino que estos servicios deben ser interiorizados por la población y la posibilidad de uso de estas tecnologías no puede constituirse en un elemento más de disparidad social, sino todo lo contrario, en un igualador y en una posibilidad de movilidad social”, teniendo en cuenta que la población del último quintil, en la práctica, sólo tiene posibilidad de subir al penúltimo, lo cual en general no los saca de la pobreza.
Al respecto, Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del CEEY, presentó la propuesta en materia educativa, donde señaló que durante los últimos 12 años ha ido a la baja la proporción del PIB dedicado a este tema y por lo tanto, es importante que el próximo gobierno, oriente por lo menos el 1.5 por ciento del PIB, además de mejorar el acceso a la educación pública preescolar, donde dos tercios de los niños y las niñas no tienen posibilidades de ingresar, además de combatir la deserción escolar en el nivel medio superior.
Para ello, dijo, se requerirán recursos y una de las formas de obtenerlos es una reforma fiscal que permita mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para destinar recursos tanto a la educación como a la salud, donde es importante superar la división que hay entre quienes tienen trabajo (y por lo tanto acceso a servicios), y los que carecen de él y por lo tanto no pueden acceder a servicios de salud.
Sin embargo, “en el caso de la educación si bien reconocemos la parte del cambio tecnológico y el efecto que podría tener en la educación, (en la propuesta) no lo abordamos de fondo. Esto no significa que no tenga importancia, pero sí queremos introducir este y otros temas en la mejora educativa, también va a absorber recursos”.
Mónica Orozco, directora de GENDERS, Género, Desarrollo, Rendición de Cuentas y Sustentabilidad, aseguró que la transformación digital debe aplicarse en los servicios que el gobierno presta a los ciudadanos, para disminuir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas, si bien, para el tema que planteó dentro de estas propuestas del CEEY (sistema de cuidados), no presentó ninguna posibilidad concreta con base en la tecnología para mejorarlos.
Empero, señaló que según el INEGI, si los cuidados familiares que se otorgan a niños, personas mayores y enfermos, se remuneraran económicamente, representarían 24.7 por ciento del PIB, lo que pone en perspectiva la dimensión del tema, que además afecta más a las mujeres, quienes habitualmente se tienen que hacer cargo de estos asuntos, lo cual suele afectar su movilidad social y su inclusión laboral.
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