El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vive un doble agravio: por la falta de nombramientos por parte del Ejecutivo, opera con sólo cuatro de los siete integrantes que deben conformar su Pleno; además, al tratarse de comisionados hombres, se transgrede el mandato de paridad de género previsto en el artículo 41 de la Constitución.
“Hoy el Pleno del IFT no sólo está incompleto, sino que es un órgano conformado por cuatro hombres, cuando ya tenemos una ley que nos habla de la paridad que debe existir en estos organismos. Lo que se puede esperar es que la SCJN resuelva cuanto antes el instruir al presidente de la República que haga los nombramientos al Senado y que éste los analice y en su caso, apruebe”, señala Fernando Borjón, asesor Senior de Access Partnership.
En entrevista con ConsumoTIC, recordó que elegir a las nuevas comisionadas del órgano regulador, tras el proceso de selección liderado por el Comité Evaluación, y proponer sus nombres al Senado de la República, para su ratificación, es un mandato constitucional.
En 2013, a partir de la reforma constitucional, se creó el órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. El nuevo ente nació con “dientes” diseñados para enfrentar un mercado en que las prácticas monopólicas eran el pan de cada día y las artes litigiosas de los jugadores eran capaces de empantanar por años las decisiones de la autoridad antecesora.
Para su debido funcionamiento, el Legislativo reformó el artículo 28 de la Constitución: El órgano de gobierno del instituto debe estar integrado por siete personas, incluyendo quien ejerce la presidencia.
En marzo de 2020 se desocupó la primera silla en el Pleno del IFT, al concluir el periodo para el que fue designado Gabriel Contreras; el siguiente comisionado en salir en marzo de 2021 fue Mario Fromow, y en marzo de 2022 concluyó la gestión de Adolfo Cuevas. Hasta la fecha, ninguna vacante ha sido cubierta.
Hoy, el Pleno del órgano regulador está conformado por Javier Juárez Mojica, quien desde marzo de 2022 se desempeña como presidente en suplencia, y que de acuerdo con el periodo que le fue asignado, concluye su cargo como comisionado en febrero de 2025.
El órgano de gobierno del instituto también está integrado por los comisionados Arturo Robles, que permanecerá en el cargo hasta el año 2026; Sóstenes Díaz, cuyo periodo concluye en 2027, y Ramiro Camacho, que termina su mandato en el año 2028.
“Es necesario que el IFT tenga un Pleno completo, que cuente con el presupuesto necesario y además darle certidumbre, es decir, evitar que cualquier día alguien pueda buscar terminar con el organismo y volver a caprichos políticos”, sostiene Fernando Borjón, quien fue integrante del Pleno del órgano regulador en el periodo 2013-2016.
El artículo 28 constitucional también establece que el Ejecutivo Federal debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación (integrado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Banco de México), la cual contiene a los aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en un examen de conocimientos, y proponerlos al Senado para su ratificación.
Dicho Comité realizó, durante los años 2020 y 2021, tres procesos dirigidos exclusivamente a mujeres -en atención a lo previsto en la reforma constitucional de paridad de género-, para ocupar las tres vacantes actuales en el Pleno de este órgano regulador.
El 16 de diciembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal sometió a ratificación del Senado de la República la designación de dos comisionadas del IFT, por el periodo de nueve años, contados a partir del 1 de marzo de 2020 y del 1 de marzo de 2021; sin embargo, dichas designaciones fueron rechazadas por el Senado de la República.
A la fecha, el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manel López Obrador, no ha enviado una nueva propuesta a partir de la lista de aspirantes que le hizo llegar en su oportunidad el Comité de Evaluación.
Este escenario motivó que en agosto de 2022, el Pleno del IFT presentara una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la omisión del Ejecutivo Federal incide en su ámbito competencial al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas, lo que afecta la autonomía que le otorgó la Constitución.
“El problema aquí es que la SCJN, que ha sido también muy atacada por su autonomía, se ha tomado mucho tiempo en resolver e instruir al presidente que haga los nombramientos, que se los presente al Senado y que éste los analice y en su caso apruebe. La verdad es que es algo que ya debió haberse resuelto”.
Y es que a casi año y medio de que el máximo tribunal del país admitiera a trámite la controversia constitucional que promovió el IFT, el recurso es uno más de los cientos de casos que están “pendientes de resolver”.
Al realizar una búsqueda en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se puede observar que hasta el pasado 5 de enero de 2024, el expediente 168/2022 aún se encuentra en dicho estatus en el Índice de Controversias Constitucionales.
Desde la perspectiva de Salma Jalife, presidenta de Centro México Digital, la falta de nombramientos de comisionadas por parte del Ejecutivo es “una tragedia” y un acto totalmente irresponsable.
“Esto no sólo impacta en el número de personas que están tomando las decisiones, sino también en la visión de futuro de este organismos tan importantes como lo es el IFT porque la evolución de nuestro sector es muy dinámica, estamos viendo ya limitaciones que se están dando porque el desarrollo tecnológico ha evolucionado no sólo a hablar de telecomunicaciones y radiodifusión, sino a hablar de TIC”.
Para la especialista, el Pleno del IFT es uno de los grandes temas que deben estar presentes en la agenda del sector, sobre todo en un año como el 2024, que estará marcado por los comicios electorales.
“Es muy importante insistir con las candidatas o candidatos en que esto se tiene que resolver. En la iniciativa 24 Pal 24, Dentro de los temas de infraestructura que se plantean en las 24 propuestas está el tema de un marco regulatorio dinámico que evolucione y que además cuente con las facultades para poder tomar decisiones oportunas”.
C$T-GM