Tal como lo anticipó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es una de las 20 iniciativas de reformas que envió a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
“Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos. Sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”, dijo el mandatario en su discurso desde Palacio Nacional.
El IFT suele estar presente en los discursos del mandatario y casi nunca es de forma positiva, aunque del dicho al hecho, el presidente de la República ha buscado materializar su rechazo incumpliendo con su obligación constitucional de proponer cuanto antes al Senado los nombres de las candidatas a ocupar las tres vacantes que están abiertas en el Pleno del órgano regulador.
El 15 de febrero del 2022, en una de las tantas menciones del mandatario en contra del IFT, reconoció que quería pero no podía eliminar este órgano en particular: “Ya no nos va a dar tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, y se requiere de reforma constitucional y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero, la verdad, que son organismos que deberían de desaparecer”.
En opinión de diversos especialistas, la intención del presidente enfrenta algo más que el proceso legislativo para una eventual reforma constitucional, y se trata del compromiso establecido por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que en su Capítulo 18 establece expresamente la existencia de un órgano regulador independiente en materia de telecomunicaciones.
IFT y la reforma que lo creó.
En junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución, y el cual dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Un año antes, el llamado “Pacto por México”, permitió la creación de un paquete de 11 Reformas Estructurales que persiguieron tres grandes objetivos: elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de la ciudadanía y afianzar el régimen democrático y de libertades.
Este gran acuerdo político entre los principales partidos en el Congreso consideró vital fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e internet, así como cerrar la brecha digital para integrar al país plenamente a la sociedad del conocimiento.
Así, el 10 de septiembre de 2013 el Senado de la República ratificó el primer Pleno del órgano regulador, que tal como se establece en el marco legal debe estar conformado por siete integrantes, incluida la persona que ocupa la presidencia. Hoy, el IFT funciona con sólo cuatro integrantes.
Desde la creación del órgano regulador, la fotografía de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión ha tenido una importante reconfiguración en términos de precios, oferta y calidad de los servicios en beneficio de la población usuaria.
Por ejemplo, sólo en el periodo 2013-2023, los precios de las comunicaciones disminuyeron 31.5 por ciento, mientras la inflación general en el país se elevó 56.9 por ciento. En el segmento móvil el número de líneas de internet creció 337.1 por ciento, al pasar de 27.4 millones en 2013 a 119.9 millones de líneas en 2022, es decir se tuvieron 93 líneas por cada 100 habitantes, en tanto que hace una década había solo 23 líneas por cada 100.
Se eliminó el cobro de la Larga Distancia Nacional, se implementó la portabilidad numérica en 24 horas y se puso en marcha la marcación a 10 dígitos de todos los números telefónicos en el país.
En materia de radiodifusión, México fue el primer país de América Latina en migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT), y gracias al apagón analógico y la multiprogramación hoy se transmiten mil 262 canales digitales, respecto a los 311 que se tenían en el primer trimestre de 2013.
Durante este periodo también se creó una nueva cadena de TV abierta nacional con 123 canales y 32 nuevos canales de TV abierta regionales; en frecuencias de radio, se cuenta con más de 244 nuevas estaciones de uso comercial en el país, tanto de AM como de FM.
La alfabetización digital de la población es una de las banderas enarboladas por el IFT mediante la implementación de una veintena de herramientas para que las personas usuarias hagan uso de los servicios de telecomunicaciones con mayor eficiencia.
Ejemplo de ello son la plataforma Soy Usuario, los Mapas de Cobertura Móvil, el Simulador de Consumo de Datos Móviles, el Comparador de Servicios Métricas de Satisfacción de Servicios de Telecomunicaciones, Mapa de Quejas y el Micrositio de Ciberseguridad.
Este año, el instituto cuenta con un presupuesto prácticamente igual al que ejerció en 2023, de mil 680 millones de pesos y con una política de gasto que en voz de su presidente interino Javier Juárez Mojica, se ajusta al entorno en materia de austeridad.
De hecho, datos del propio IFT señalan que su labor se traduce en ahorros para las personas usuarias por 540 mil millones de pesos desde su creación, lo que significa que por cada peso que invierte este órgano regulador para cumplir con su función, genera beneficios por alrededor de 47 pesos para la población.
Paquete de reformas 2024: servicios de internet, CFE y sueldo de servidores públicos.
En el paquete de iniciativas de reformas constitucionales, que fueron entregadas por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde a la Cámara de Diputados, también se incluye una propuesta que busca garantizar “el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares”.
“En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad, su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica”, dijo el presidente López Obrador.
Además, el jefe del Ejecutivo presentó como su propuesta de reforma constitucional número 16, que “se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución, el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República”.
“Estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy, por la secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo”.
C$T-GM
