El 1 de marzo de 2020, a sólo dos días de la confirmación oficial de la primera persona infectada de Covid-19 en México y lo que sería el preámbulo de la mayor tragedia sanitaria de la historia reciente, inició en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una presidencia interina que a lo largo de 24 meses se enfrentó a la necesidad de construir un liderazgo al interior del órgano regulador, defender una autonomía constantemente amagada y a la complejidad propia de sectores caracterizados por múltiples y millonarios intereses.
La responsabilidad de presidir de forma temporal el órgano máximo de gobierno y de decisión del IFT recayó en 2020 en Adolfo Cuevas Teja, el último comisionado de un Pleno de siete integrantes ratificado por el Senado el 10 de septiembre de 2013 para dar forma a una nueva entidad reguladora que tal como el funcionario expuso en su carta de postulación, no puede dejar que la rectoría reasumida vuelva “a perderse, o desdibujarse, por la presión de ingentes intereses económicos; por conveniencia política, o por simple apatía”.
En opinión de Elena Estavillo Flores, directora general de Centro-i, (comisionada del IFT 2013-2019), la presidencia representada por Cuevas Teja se desarrolló en un ambiente claramente desafiante, “no sin errores, nadie sale de este tipo de retos sin haberse equivocado… Tuvo un paquete sumamente difícil y con muchas cosas en contra. Hay que tratar de analizar su gestión de una manera justa, tuvo aciertos también”.
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, coincide y observa que la complejidad radica en que al comisionado presidente interino le tocó ser el relevo de un funcionario con mucha experiencia y con un liderazgo histórico entre sus pares. “Le toca el momento de la construcción de su propio liderazgo y el momento en el que al presidente de México le interesan el carbón, el petróleo y los trenes, pero no el mundo digital”.
Para Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), es importante destacar el trabajo que el IFT realizó para mantenerse en operación en los momentos más álgidos de la pandemia, “hizo un gran esfuerzo en mantener la operación y lo ha logrado, bien o mal, con todas las dificultades del caso ha seguido trabajando”.
Jorge Álvarez Hoth, analista y ex titular de la Subsecretaría de Comunicaciones de 2001 a 2006, señala que en el análisis deben registrarse los claroscuros: “ha transitado en una situación compleja porque esto de la 4T no es nada sencillo para nadie, pero a la vez no veo que haya hecho avances importantes en materia de promoción de competencia económica”.
Para Irene Levy, presidenta de Observatel, fue una presidencia “de separación y fragmentación al interior del instituto. Vimos cómo los comisionados se dividieron, se pelearon y hubo esta división que nunca es deseable, pero menos aún dentro de un gobierno en el que a los órganos reguladores no se les quiere”.
Ernesto Piedras, director general de la consultora The CIU, observa a un IFT “pasmado” que a diferencia de otros entes reguladores, no se activó para detonar discusiones clave para el futuro digital de México. “Fue un regulador que se quedó corto en capacidad de reacción y resultados efectivos”.
Fernando Borjón Figuerosa, comisionado del IFT en el periodo 2013-2016, opina que una de las características de este periodo es que es el más largo después de una primera presidencia interina asumida por la comisionada Adriana Labardini en septiembre de 2017, y la salida del comisionado Gabriel Contreras (2013-2020), “pero es así por la incapacidad del Senado de generar acuerdos para nombrar a un presidente”.
El Pleno del IFT, explica Mario Fromow, comisionado del 2013 al 2021, es el órgano máximo de decisión, cuyas facultades están expresamente establecidas en el artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, marco legal que además lo estructura con la participación de siete integrantes con voz y voto, incluido su presidente.
En más de ocho años de existencia, el IFT ha sido el “árbitro” en un campo donde juegan empresas de telecomunicaciones y radiodifusión que en su conjunto representan un sector que, con todo y pandemia, posee una participación de 3.1 por ciento en el PIB nacional.
El establecimiento de las medidas de confinamiento estricto en marzo de 2020 derivó en acciones puntuales por parte del instituto bajo el liderazgo de Adolfo Cuevas. En una de ellas, salió bien librado e incluso ganador; en la otra, se gestó el primero de varios traspiés que marcaron la presidencia interina:
El 18 de marzo de 2020, el IFT lideró una reunión celebrada entre autoridades del gobierno federal, academia y la industria de telecomunicaciones de México, que dio como resultado que operadores móviles como AT&T, Telefónica, Telcel y Altán Redes permitieran a sus usuarios el acceso gratuito al micrositio gubernamental habilitado para informar a la población todo lo relacionado con el coronavirus.
Así, el instituto protagonizó las tareas encaminadas a garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, mostró su poderoso músculo técnico y dejó claro su rol social con una intensa difusión de materiales informativos sobre el uso responsable de las redes, recomendaciones para prevenir la saturación de las mismas ante el previsible incremento en el uso de servicios, contenidos y aplicaciones online.
El 26 de marzo de ese mismo año, el IFT publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que, por causas de fuerza mayor, se suspendieron los procesos y en consecuencia no corrieron los plazos y términos legales para los trámites, actuaciones, investigaciones y procedimientos en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esta pausa en la verificación y supervisión del cumplimiento de obligaciones por parte de los agentes económicos preponderantes, que duró más de 16 meses, fue vista por propios y extraños como una grave omisión pues en agosto de 2021 se otorgó a América Móvil, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), la libertad tarifaria en 52 municipios en el servicio de acceso al bucle que se utiliza para proveer banda ancha fija.
Esta decisión, aseguraron actores de la industria como la Canieti, el IDET, diversos especialistas y académicos, se tomó sin cumplir el prerrequisito de comprobar que el preponderante se encontrara en cumplimiento de sus obligaciones y sin considerar las conductas de incumplimiento que por más de 500 días no fueron investigadas y/o verificadas por el regulador.
Hoy 1 de febrero inicia una cuenta regresiva de 28 días para La presidencia que se va.
Este texto forma parte del especial El IFT, a luz y sombra:
El cisma. (Parte 2) .
Un juego (dis) parejo. (Parte 3).
C$T-GM
