En una colaboración previa para Consumo Cuidado (“El 2016 y la Red Compartida”, 22 de noviembre 2015) abordamos la fecha de arranque del proceso para licitar el proyecto de la red compartida, así como los aspectos más importantes de las bases preliminares.
Estas pre bases permiten ver algunos elementos estructurales del plan, como lo que aportará el gobierno y los requisitos de cobertura que tendrá el desarrollador. No obstante, hay al menos dos aspectos más complejos que no se pueden predecir a priori y que sólo se verán definidos a través de la ejecución de las etapas para desarrollar la red compartida mayorista.
Estos tienen el potencial de dar resultados que no se anticipan en la cobertura mediática del sector o en los pronósticos más intuitivos.Estos dos elementos son el rol de la cobertura en la definición del ganador del concurso de la Asociación Público-Privada (APP) para desarrollar la red compartida y quiénes pueden ganarla.
Sobre el primer punto, las pre bases exponen que la cobertura final definirá al ganador del concurso, pero hay una posibilidad de que la licitación se resuelva por una diferencia entre cantidades económicas en el enganche por la APP.
A botepronto se puede inferir que entonces los participantes pondrán sobre la mesa planes para maximizar las ofertas de cobertura (El Universal, “Cobertura, clave para asignar Red Compartida: Aspe”, 1 de octubre 2015), pero se debe recordar que se solicita una oferta económica a los participantes como criterio de desempate.
La probabilidad de un empate en la licitación no equivale a que dos o más participantes elijan el mismo número entre 1 y 100 por ciento de cobertura poblacional por dos razones: ya se estableció un “piso” de cobertura (85 por ciento) y el gobierno ha declarado (ver nota de El Universal) que estiman que la rentabilidad del proyecto baja luego del 80 por ciento de cobertura en México.
En otras palabras, no necesariamente la licitación de la APP será un “juego” en el que los participantes busquen dar la cifra más alta (en este caso, el incentivo evidente sería ofrecer 100%), sino una cifra entre el 85 por ciento solicitado y un “techo” que permita rentabilidad al proyecto. Si las valoraciones de la cobertura de los participantes son parecidas y convergen en el mismo punto, entonces la licitación podría definirse por el componente económico de las ofertas.
El segundo aspecto no tan evidente en esta licitación es quién será el ganador de la APP. Desde el inicio del proyecto han desfilado menciones a firmas que van desde China Telecom hasta Ericsson (El Financiero, “10 firmas con posibilidad de ganar la licitación de la Red Compartida en México”, 29 de septiembre 2015).
La constitución mexicana establece que en la operación de la red compartida no podrán intervenir prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan operaciones en el país. Las pre bases mantienen esta condición que impediría, por ejemplo, que AT&T, Telcel o Telefónica se presenten individualmente a la licitación, pero abren la puerta para la conformación de consorcios y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) juzgue si esta composición respeta la regla constitucional.
Si bien en la prensa se ha difundido la idea de que una empresa proveedora de equipamiento de telecomunicaciones (conocidos comúnmente como vendors) puede ser candidata a participar por no proveer servicios a clientes finales, esto no necesariamente delinea el interés de este segmento en la red compartida, pues de cualquier manera el IFT debe analizar sus vínculos contractuales y de hecho con los proveedores en el país.
Una de estas firmas, Nokia, ha declarado que habría interés en proveer soluciones a la red compartida (El Economista, “Atrae a Nokia proveer a la red compartida” 6 de diciembre 2015), lo que da elementos para inferir que un atractivo de este proyecto no está necesariamente en operarlo, sino en colaborar en su despliegue y mantenimiento.
Las pre bases abren la puerta a que grupos económicos de otro ramo económico participen en la red asociados con un proveedor de telecomunicaciones que pueda pasar el “filtro” que solicita la constitución, o bien, de que un operador de telecomunicaciones sin operaciones en el país se presente a la licitación.
Para no especular sobre el caso mexicano, tomemos la experiencia de Ruanda en donde está en operaciones una red similar que sólo vende capacidad como mayorista a los operadores móviles (y próximamente fijos) en ese país. En este caso, KT Corporation (Corea del Sur) se asoció con el gobierno para desplegar esta red (Olleh Ruanda Networks). Este operador no daba servicios a clientes finales, pero su primer acercamiento fue mediante el despliegue del tendido de fibra óptica en ese país.
Es decir, una experiencia internacional muestra que es posible que el ganador de la red sea uno de los escenarios que no se han contemplado en medios y columnas del sector en México: un operador de telecomunicaciones que no brinde hoy servicios en México, pero interesado en un portafolio de proyectos internacionales. Las bases preliminares darían incluso la posibilidad de que esto se diera en asociación con un grupo económico mexicano cuya especialidad no sean las telecomunicaciones.
El propósito de mostrar estas posibilidades que no son tan evidentes (pero sí sustentadas en lo que nos dicen las pre bases) es mostrar que el futuro del proyecto de la red compartida es más complejo de lo que se percibe a simple vista y se debe tener cautela con las narrativas que sugieren que el proyecto trae la torta bajo el brazo o nace muerto.
A menos que se pueda predecir el futuro, cualquier opinión en torno al panorama de la red compartida (por más “experta” que se le considere) es al día de hoy una mera especulación.
Siendo esta la última columna del año en este espacio, deseo a los lectores de Consumo Cuidado un próspero año nuevo en 2016.
C$C-EVP
