Luego de varios años de sostener diversas reuniones en el seno del “Marco Inclusivo” de la OCDE, se ha logrado un parteaguas importante en materia impositiva a empresas multinacionales que permitirá reasignar utilidades del orden de 125 mil millones de dólares y fijar tasas impositivas del 15 por ciento mínimo, lo que podría representar la recaudación de 150 mil millones de dólares.
“Toda la historia de los impuestos globales -más de 100 años- ha sido cómo gravar en función de la presencia física (de las empresas)… hoy bajo una óptica de un mundo globalizado, con industrias completamente volcadas a la prestación de servicios, que son altamente digitales y otras que no lo son… se logró fijar un chip completamente distinto”, explicó, Antonio Zuazua, Socio Líder de Impuestos Indirectos de KPMG en México.
El tema que se discute desde 2013, “no es reciente”, se trata de un proceso de transformación logrado en 136 de los 140 países miembro que conforman la Organización para la Colaboración y Desarrollo Económicos (OCDE), donde se han empezado a tener ciertos acuerdos para buscar de una manera consensuada el desarrollo de una estructura fiscal acorde al desarrollo comercial global actual.
Entrevistado por Consumo TIC, explicó que hace dos años a través del grupo denominado “Marco Inclusivo”, parte de la OCDE e integrado por 140 países miembro, que conforman este bloque económico, se realizaron diferentes reuniones y sesiones con el objetivo de impulsar acuerdos sustanciales en materia impositiva conocidos como Pilar 1 y Pilar 2.
De los 140 hubo consenso entre 136, para atacar, dos factores sustanciales: primero cómo poder reasignar utilidades que generan ciertas empresas multinacionales, es decir, aquellas que logran generar más de 20 mil millones de euros en un año, y obtienen una utilidad mayor al 10 por ciento.
“Esto no va para todas, sólo para las multinacionales que cumplen con cierto nivel de ingresos y de utilidades. Después de tener un mundo enorme, esto se redujo a 100 empresas estimadas por el Marco Inclusivo, para que sus utilidades se reasignen en los países donde está el consumidor de sus productos y servicios, no dónde están constituidas estas empresas”.
Con un creciente y acelerado comercio transfronterizo, es evidente que para hacer negocios, no necesariamente se tiene que tener presencia en el mercado donde se advierte un potencial. Sin embargo se empezó a observar que países donde hay tasas impositivas bajas, se convirtieron en foco de atracción para que grandes multinacionales se establecieran en esos mercados y pagar una tasa impositiva menor a la vigente en su país de origen.
Bajo ese contexto es que 136 países miembros de la OCDE, acordaron “cambiar el chip” y abandonar el concepto impositivo que exige presencia física para gravar una actividad, y optar por un esquema donde el gravamen se aplique dónde está el consumidor, el mercado que consume sus productos o servicios.
“Lo que busca el Pilar 1, es como asignar ese pastel de utilidades (unos 120 mil millones de dólares) entre los países que se han puesto de acuerdo para que todos tengan acceso a una parte de esos impuestos… no porque tenga su origen en EU, México, o en Irlanda, sino porque se definió dónde está el consumidor que adquiere sus productos o servicios”.
De acuerdo con el Marco Inclusivo, habría 125 mil millones de dólares, de las utilidades que potencialmente se pueden reasignar de acuerdo con las reglas que serán aprobadas, no necesariamente en la totalidad de los 136 países, pues puede haber multinacionales que sólo tengan operación en determinados mercados de ese bloque económico.
El Pilar 2 se trata del impuesto global mínimo que todos los países miembros graven con una tasa de 15 por ciento los ingresos o ganancias que puedan tener las multinacionales y que podrían representar una recaudación de 150 mil millones de dólares.
“Teniendo los dos pilares funcionando, debiera de ser una forma en que los países pudieran estandarizar una tasa impositiva, si en algunos (de los 136 países) es menor, esta nueva disposición tendrá vigente la del 15 por ciento, para no tener países con tasas muy bajas o de cero y sean los mercados donde las multinacionales decidan establecerse porque les resulta más atractivo”.
Deberá haber reglas para evitar una doble imposición, pero se buscó eliminar todo los factores complicados que exige poner de acuerdo a 136 países en materia impositiva, y acepten realizar modificaciones tanto en lo multinacional como en el ámbito local.
“Hay ciertas excepciones los gobiernos, las entidades no lucrativas o los fondos de inversión no forman parte del alcance de este impuesto mínimo. Sin tratar de eliminar la competencia fiscal de cada país, marcos impositivos anteriores a este acuerdo, los países se comprometen a eliminarlos e implementar lo acordado”.
Hasta el momento lo acordado representa un parteaguas, pues la forma en que se ha venido trabajando en el Marco Inclusivo permitió estructurar una mentalidad completamente distinta y aplicable no sólo a las grandes plataformas digitales, sino a todo tipo de multinacional, con las características mencionadas.
Aún hay muchas reglas y procesos por definir y estandarizar, pero por el momento ya se tiene un marco general acordado, “con topes y supuestos” en los que se pagarán esos impuestos, que podrían implicar cambios en acuerdos bilaterales, y exigir al interior de cada país realizar cambios legislativos.
“Se trabaja a marchas forzadas, se atravesó la pandemia, pero todo esto tiene una fecha de vigencia, todo 2022 será un año importante para definir los detalles que exige este cambio, para que potencialmente en 2023 ya se tengan reglas claras y los países estén en condiciones con sus respectivas legislaciones”.
En opinión de Antonio Zuazua, México tendrá que realizar cambios legislativos muy importantes que incluso podría exigir una reforma fiscal, pues las iniciativas propuestas desde la OCDE, se tratan de formas de operar muy distintas a las que se venía observando, la magnitud de estos cambios se tendrá una vez que el Marco Inclusivo alcance los acuerdos multilaterales definitivos.
El tiempo será relevante para concretar los cambios legislativos y fiscales necesarios para cumplir con la línea del tiempo establecida en forma multilateral, es decir, para que tengan vigencia en 2023.
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