A cinco meses de que los candidatos a la presidencia de la República presentaran sus propuestas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) hemos leído y escuchado diversos temas en materia de seguridad nacional, corrupción, educación y economía; sin embargo, las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) parecen ser un tema en segundo plano.
Al analizar las plataformas políticas de los aspirantes «punteros» es posible ver coincidencias relacionadas con ciberseguridad, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y la transversalidad de las TIC en sectores clave como la salud y la educación, pero también diferencias, ausencias e incluso errores técnicos graves.
LO BUENO
En la plataforma política presentada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador destaca la visión en torno al despliegue de infraestructura; un factor crucial para el cierre de la todavía marcada brecha digital que coloca en la desventaja de la desconexión digital a más de 40 por ciento de la población mexicana.
Así, el equipo de «Ya sabes quién» propone la entrega de concesiones de uso social para el servicio de telefonía móvil e internet mediante el espectro en diferentes bandas de frecuencia como la de 700, 1900, 2500, 1700 MHz.
Además, plantea inventariar y aprovechar los recursos de la Red Compartida para impulsar la conectividad de banda ancha en zonas no favorecidas a través de proyectos sustentables, un punto de suma relevancia después de que el proyecto durante y después de la Reforma de 2013 fuera muy cuestionado y que más de uno le lanzara malos augurios.
Otro punto a favor es la creación del Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha que tiene el objetivo de complementar las inversiones que realizará el sector privado en regiones donde los operadores actuales no proporcionan el servicio.
Aunque es una buena propuesta no es del todo innovadora, recordemos que ya existió un Fondo de Cobertura Social (FONCOS) que dejó mucho que desear y diversos objetivos en el rezago, por lo que sería conveniente ampliar la visión no solo para el despliegue de infraestructura sino también para la implementación de política pública en materia de telecomunicaciones y TIC, estrategias de las que ya se tienen ejemplos en países como Colombia y Estados Unidos.
En el caso del candidato Ricardo Anaya, vale destacar sus propuestas relacionadas con la integración de tecnología en materia de seguridad cibernética que buscan garantizar la efectiva protección de datos; un tema cuya relevancia está clara frente a sucesos como los ciberataques a cinco instituciones financieras que involucran alrededor de 300 millones de pesos.
Otro elemento rescatable en la propuesta del aspirante presidencial es el establecimiento de una amplia agenda digital para el desarrollo que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el desarrollo de la economía digital.
Por su parte, la plataforma política de José Antonio Meade en materia de Telecomunicaciones y TICs apuesta por la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 3.0 por ciento que desde 2010 es aplicable a los servicios de telefonía fija, móvil y televisión de paga.
Otro tema interesante en la propuesta de Meade es su intención de destinar mayor porcentaje de financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico vinculados con la consolidación de las reformas estructurales en materia energética y de telecomunicaciones.
LO MALO
En una contienda electoral como la que se libra en el país, lo mínimo que se espera de quien quiere dirigir los destinos del país es un poco de innovación, creatividad y visión a futuro, elementos que definitivamente no parecen estar en el radar de José Antonio Meade pues su propuesta se queda en la continuidad de lo ya hecho en el presente sexenio.
Y es que para el candidato del partido oficial ninguno de los temas que le preocupan y ocupan a la industria de las telecomunicaciones en México le son ajenos pues de una u otra manera pasaron por su escritorio como lo relacionado con el pago de derechos para utilizar el espectro radioeléctrico, la transición a la televisión digital, entre otros.
LO FEO
Si bien una de las agendas más completas en materia de telecomunicaciones y TICs es la de Ricardo Anaya porque involucra elementos transversales como educación, infraestructura, salud, ciberseguridad y medio ambiente, resulta penoso que proponga que el acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet debe ser un derecho ciudadano cuando esto !ya está en la Constitución desde 2013!.
Otro «desliz» del equipo del candidato es la propuesta de inhibir las señales en las cárceles, lo cual también ya existe en la regulación actual, específicamente en el Artículo 190 fracción VIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y si bien sigue existiendo una grave problemática relacionada con las llamadas que salen de estos centros de detención para cometer delitos como amenazas de extorsión y secuestro, ésta radica en la implementación de la norma y no en el marco jurídico.
Otra propuesta fuera de lugar es la creación de una aplicación para que los usuarios puedan tener acceso a Internet de forma limitada, es decir podrán navegar hasta dos horas diarias y en días labores, lo cual es simplemente iluso si se considera que en promedio una persona navega ocho horas con 12 minutos al día, según datos del más reciente estudio de la Asociación de Internet.MX.
Un común denominador en las tres plataformas políticas analizadas es que nos dan el «qué» pero no el «cómo», y definitivamente eso resulta irrelevante para quienes forman parte del ecosistema digital en el país ya sea fabricando equipos, desplegando redes, creando nuevos servicios, y por supuesto inversiones, pues lo que desean es tener certidumbre y no discursos.
En cuanto a la institucionalidad, es importante que la próxima administración federal no deba olvidar el papel primordial que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como el máximo órgano regulador en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica y en ese sentido el respeto a su autonomía es crucial.
El nuevo jefe del Ejecutivo y sus respectivos funcionarios de alto nivel que estarán relacionados con los sectores que nos ocupan en esta columna deberán sostener un diálogo constante y abierto con diversas entidades para garantizar la debida continuidad de programas, política pública y regulación en los que se han tenido avances importantes:
*Estados y municipios para el despliegue de infraestructura de manera eficiente.
*Secretarías como la de Energía, Economía y Hacienda; la Comisión Reguladora de Energía, para agilizar trámites y servicios, así como establecer costos para el uso de espectro y lineamientos para el uso de infraestructura pasiva como la postería eléctrica.
*La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para salvaguardar los derechos de los usuarios establecidos en la LFTR.
*El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) para hacer efectivo el acceso de esta población a las TIC y los servicios de telecomunicaciones.
Sin duda y luego de casi cinco años de la Reforma en materia de Telecomunicaciones se tiene que hacer un constante análisis basado en indicadores tanto en materia de competencia en los mercados, en el despliegue de infraestructura, como de la población conectada y la que aún está del otro lado de la brecha digital.
En ese sentido enlisto algunas de las tareas que considero pendientes.
*Modificaciones y actualizaciones al marco jurídico en el nuevo contexto digital.
*Política Pública realista para cerrar la brecha digital y crear un ambiente más incluyente.
*Alcanzar y superar los objetivos establecidos en el transitorio Décimo Cuarto de la Reforma de 2013.
*Crear un Fondo de Servicio Universal, no solo para despliegue de infraestructura sino también para implementar la política pública en materia TIC como programas de salud, educación y bancarización.
*Competencia efectiva en el sector y un marco regulatorio más «ad hoc» al panorama -post reforma-.
C$T-GM
