¿A qué le teme Televisa y en general las televisoras comerciales tras la ratificación del amparo otorgado a la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA)?
La semana pasada la AMDA dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó de manera definitiva que el Congreso deberá dejar sin efecto algunos párrafos del Artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en los que se señala específicamente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá expedir lineamentos para la protección de las audiencias.
Diversas voces cercanas a los grupos televisivos, de inmediato reaccionaron al señalar que el Estado quería hacerse del control de la información y noticiarios que las empresas privadas transmiten, y afirmaron que la sentencia de la Corte hará que los noticiarios deban diferenciar entre información y publicidad, tanto en radio como en televisión.
Incluso arguyeron que lo que quería el Estado, tras dicha ratificación de ella Corte, era censurar.
Lo anterior es una completa mentira, pues la sentencia de la Corte hace referencia únicamente a dos párrafos de la Ley que quedarán sin efecto tras haber sido reformados en 2017 y que son los siguientes:
“Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán contar con un Código de Ética, que, bajo un principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias enumerados en el presente artículo”.
Los Códigos de Ética se difundirán en el portal de Internet de cada concesionario; serán presentados al Instituto para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario; regirán integralmente la actuación del defensor de la audiencia, e incluirán los principios rectores que se compromete a respetar el concesionario ante la audiencia.
“El Código de Ética será emitido libremente por cada concesionario y no estará sujeto a convalidación o a la revisión previa o posterior del Instituto o de otra autoridad, ni a criterios, directrices, lineamientos o cualquier regulación o acto similar del mismo Instituto u otra autoridad”.
El hecho de que únicamente estos párrafos queden sin efecto, simplemente significa que los concesionarios, comerciales y públicos, deberán sujetarse a los lineamientos que debe emitir el IFT, como era antes de la reforma de 2017, que a continuación cito:
“Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Los lineamientos que emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos”, decía la Ley antes de los cambios en 2017.
Le pregunto, ¿En qué parte ve usted que los concesionarios van a ser censurados o que deberán diferenciar entre publicidad e información?
El párrafo en la Ley que hace referencia a dicha diferenciación no fue parte del amparo otorgado a la AMDA, por lo que éste seguirá derogado tal y como quedó en 2017.
De hecho, si leemos con atención y lupa, el párrafo que fue cambiado hace cuatro años dice explícitamente que el IFT debe garantizar la libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial.
Por eso la pregunta que hice al principio ¿a qué le tiene miedo Televisa y los concesionarios comerciales?
¿Le temen a que deberán seguir reglas para hacer sus códigos de ética y que éstos protejan a sus propias audiencias?
¿Pues qué clase de programas generan como para temerle a reglas que lo único que harán será estandarizar procesos y facilitar la protección y el derecho a recibir contenidos de calidad?
Ojalá que los voceros de las televisoras que intentan confundir a las audiencias salgan ahora a explicar por qué no quieren sujetarse a una revisión y cumplimiento de sus códigos de ética.
C$T-GM
