Comparar manzanas con peras es una mala idea y una pésima alternativa. Querer llevar a las plataformas de streaming la lucha que por más de dos décadas ha realizado la industria audiovisual para que las producciones mexicanas tengan mayores ventanas de exhibición en salas cinematográficas, es simplemente ilógico en un contexto como el actual.
Al buscar imponer a las Over-The-Top (OTT) como Netflix, HBO, Prime Video o Disney, una cuota de 15 por ciento de obras cinematográficas y audiovisuales nacionales para “promover el cine mexicano”, se crea una comparación errada con un modelo de negocio totalmente distinto al digital que podría ajustarse con una visión más técnica que política y económica… si se quisiera.
Sin embargo, para ello se tendría que empezar por lo básico: escuchar a todas las voces. A las que podrían ganar, pero también a las que perderían, a quienes aplauden la iniciativa y a aquellos que se oponen. De eso se trata el sagrado arte de legislar, ¿o no?
Y es aquí donde surgen dudas genuinas: ¿Por qué el senador Ricardo Monreal que en febrero pasado presentó su iniciativa para expedir la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual no se ha reunido con las OTTs? ¿Por qué el sano ejercicio de parlamento abierto no se ha realizado con este tema?
Aunque se hubiera agradecido que antes de presentar esta iniciativa, el creador y su equipo de asesores hubieran entendido y analizado mejor el modelo de negocio de estas alternativas audiovisuales, aún se puede componer el camino si se parte de una premisa:
En términos generales, la oferta de las plataformas streaming se compone de dos tipos de propuestas comerciales: Títulos originales, en los que estas firmas invierten (sólo en el caso de Netflix se anunció recientemente que 300 millones de dólares se destinarán a producir y estrenar títulos en el mercado mexicano) y los contenidos que estas mismas plataformas adquieren mediante licencias negociadas con otros productores.
La iniciativa, que se encuentra en análisis en el Senado, señala que el contenido que integre esa cuota de 15 por ciento deberá ser propiedad total de una entidad mexicana; en palabras más simples, el contenido que producen las plataformas streaming no contaría para cumplir con esta disposición, aunque sean mexicanas.
¿Ejemplo? La popular serie de comedia La Casa de las Flores. Fue creada y dirigida por el mexicano Manolo Caro. Filmada en México y con talento nacional. ¿Contaría para entrar en esa cuota de 15 por ciento? No. Y esto obedecería a que se trata de una producción original de Netflix, que no es una entidad mexicana. He ahí lo ilógico.
Así, la propuesta legislativa le cierra los caminos a las OTTs y las orilla a comprar licencias, cuyo dueño sea mexicano y que no tengan una antigüedad mayor a 25 años. ¿Quién levantaría la mano? Acertó. El mayor productor de contenido en el país: Televisa.
Si piensa que ese sería el único problema, permítame decirle que se equivoca. La distorsión que provocaría imponer este modelo encarecería el precio de las licencias de contenidos, el mercado OTT en su conjunto pelearía por obtener lo que mejor se ajustara a su catálogo y aún cuando el volumen fuera amplio, terminarían ofreciendo un 15 por ciento integrado por las mismas producciones cinematográficas y audiovisuales, eso sí, bien mexicanas.
C$T-GM
