En el ámbito nacional e internacional existe la coincidencia de que el costo del espectro radioeléctrico en México es de los más onerosos, al grado de que no solo los principales competidores han devuelto esta insumo esencial al Estado, sino que incluso está en riesgo la posibilidad de mayores devoluciones, de que las bandas disponibles para próxima licitaciones se vayan a la congeladora; de la misma forma que el principal competidor, es decir, AT&T cumpla su proyecto de no destinar mayores inversiones en tanto permanezca la situación actual.
Son ya muchos años en que tanto concesionarios, como Operadores Móviles Virtuales (OMVs), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), incluso funcionarios del gobierno actual y analistas, entre otros, reconocen la necesidad de que haya una revisión y ajuste al costo del espectro y de ahí que se presenten análisis y propuestas tanto al gobierno, por la vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e incluso al Congreso, en la antesala de la revisión y análisis del Paquete Económico 2024 y específicamente en lo que se refiere a la Ley Federal de Derechos.
El IFT ha presentado sus análisis y propuestas que, al parecer, desde el punto de vista económico para algunas de las empresas sería benéfico y que desde la Unidad de Espectro Radioeléctrico que encabeza Alejandro Navarrete, y del titular de la Unidad de Competencia Económica, Salvador Flores, serían viables, entre funcionarios del gobierno actual y analistas, será muy complicado que pudieran pasar sin oposiciones.
Tales propuestas se refieren, por un lado, a establecer un esquema de cobro progresivo que refleje las asimetrías en la estructura de mercado de provisión de servicios de telecomunicaciones móviles: Mantener los derechos en los niveles actuales para aquellos operadores que tengan participaciones de mercado superiores al 25 por ciento (escala mínima) y disminuir los derechos a los niveles de referencia internacionales para aquellos operadores que tengan una participación menor a ese umbral.
El IFT ha dejado claro que “la recomendación es complementaria a las propuestas que ha emitido el IFT en cuanto a las actualizaciones de la LFD.
Una segunda opción se refiere a que en caso de que no sea factible la recomendación anterior, entonces, “ajustar los derechos por el uso de bandas de frecuencias asignadas para servicios móviles al niveles de la referencia internacional, en adición a un esquema temporal (por ejemplo, los siguientes tres años) del 1.0 por ciento de los ingresos de los operadores móviles”, considerando únicamente la venta de servicios sin contar la colocación de dispositivos en el mercado.
Las reacciones no se hicieron esperar y como pólvora regada, algunos abogados observaron que, se podrían violar determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el costo del espectro lo debe definir el mercado por la vía de la licitación.
Entre funcionarios la observación se orientó a la búsqueda de un subsidio específico y una vez que el IFT, que preside Javier Juárez Mojica, ha estado, desde mi punto de vista, injustamente en el “ojo del huracán”, las trincheras de la oposición reforzarían la acusación presidencial de un regulador secuestrado, dado que, pese a que los funcionarios del IFT aseguran que las propuestas no implicarían adicionar regulación al Agente Económico Preponderante, el haber centrado el análisis en la concentración de mercado y no de espectro ha generado suspicacias. “La mano que mueve el espectro”, dicen.
De acuerdo con Alejandro Navarrete, y en respuesta a pregunta de ConsumoTIC, si el Congreso determinará los ajustes, el IFT podría acelerar licitaciones, cuyo “guante” arrojaría importantes ingresos adicionales a las arcas gubernamentales para el 2024.
De hecho, entre legisladores se reconoce la necesidad de mayores ingresos para campañas en el 2024, año electoral; aunque la devolución de espectro, según el estudio del IFT, ha implicado que el Estado ha dejado de percibir 13 mil 471 millones de pesos entre el 2020 a la fecha.
A estas alturas, el cumplir con la meta de cobertura y no necesariamente de servicio universal, pasa al ámbito de las promesas políticas y de la agenda pendiente, dado que el discurso se orienta a la justificación de que seis años no son suficientes y que se requiere de continuidad.
C$T-GM