México enfrenta ausencia de política digital.
Tras dos intentos de desaparición, una carga importante de nuevas responsabilidades como la creación y operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), sumado al ejercicio presupuestal limitado, es claro que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se enfrenta a una presión insólita que puede debilitar su autonomía, coincidieron especialistas del sector de telecomunicaciones y del ecosistema digital.
En la conferencia virtual «El Instituto Federal de Telecomunicaciones: su importancia y retos en la actualidad», Irene Levy, presidenta de Observatel, cuestionó que la autonomía del órgano regulador exista en un texto constitucional, pero que en la práctica depende de muchas circunstancias.
En el encuentro organizado por la Barra Mexicana de Abogados (BMA), subrayó la necesidad de que exista confianza en la institución, en sus servidores públicos y en el proceso de su nombramiento, pero también que se garantice que el entorno respeta su autonomía.
Aunque el entorno es pesimista, “el embate, a una modificación fáctica de los organismos reguladores” no está pasando sólo con el IFT, sino también con otros órganos autónomos, en los que se busca tener más control desde el gobierno federal, con sobrerregulación y además cargando nuevas responsabilidades como ahora tocará al IFT con el PANAUT.
“Porque todo es el instituto, el instituto va a regular redes sociales, ahora va a llevar el padrón, no le vamos a dar un peso, le vamos a bajar su presupuesto y va a hacer todo”; el IFT se está plegando a lo que le dicen desde Palacio Nacional, lamentó.
En el mismo sentido se pronunció Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, para quien el instituto ha estado bajo una presión insólita, pues ha enfrentado en dos ocasiones las intenciones de quienes sugieren su desaparición, y otras presiones indirectas, como la eliminación de la subsecretaría de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en un contexto de pandemia.
A ello se suma, expuso, la ausencia de una política pública por parte de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, y del incremento de 7.0 por ciento al costo del espectro, el más caro de América Latina y uno de los más caros del mundo, lo que se traduce en “una decisión de no conectar a los mexicanos”.
“Si México bajara el precio del espectro al promedio de América Latina, no el más bajo, sino el promedio, podríamos conectar a 15 millones de mexicanos en tres años”. Pero además, existe una autonomía constitucional que no se cumple a cabalidad, porque “se le secuestró la facultad de poder planear sobre la banda de los 700 MegaHertz”.
Con relación a la creación del PANAUT, el analista afirmó que esta medida representa una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales porque se condiciona el uso de una línea móvil a la entrega de información y datos personales de los usuarios, “el IFT no puede, no es factible conculcar derechos fundamentales, implica responsabilidades muy graves”.
En este sentido, opinó que ante un mundo cada vez más digital que está cambiando los modelos de negocio en materia de competencia, la protección de datos y la protección al consumidor son elementos fundamentales ante los cuales sería importante que también evolucionen las facultades del IFT y las nuevas prácticas regulatorias.
Desde la perspectiva de Irene Levy y de Jorge Fernando Negrete, hay mensajes y señales negativas que afectan la confianza en este órgano regulador, como por ejemplo, la fotografía que muestra una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, con directivos de empresas como América Móvil, AT&T, Telefónica y Altán Redes, pero ningún representante del IFT.
C$T-GM