Medida vulnera derechos fundamentales: especialistas.
A partir del sábado 17 de abril, los usuarios de las más de 122 millones de líneas telefónicas móviles que existen en el país, tienen la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), para lo cual deberán presentarse ante la empresa que les haya otorgado su tarjeta SIM y proporcionar su identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos; en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.
“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, deberán realizar el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil, conforme a lo previsto en el presente Decreto, transcurrido el plazo de 6 meses contados a partir de que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto”, señala el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento detalla que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el IFT así como los concesionarios de telecomunicaciones, deberán realizar campañas y programas informativos a sus clientes o usuarios para incentivar la obligación de denunciar en forma inmediata el robo o extravío de equipos celulares; de tarjetas de SIM, recomendaciones para prevenir el robo de identidad y el uso ilícito de las líneas telefónicas móviles, así como de la venta o cesión de una línea telefónica móvil.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano que se encargará de instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo que tiene seis meses para emitir las disposiciones administrativas de carácter general; por su parte, los concesionarios de telecomunicaciones, deberán recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, y entregar esta información con la cual se integrará el PANAUT.
“El Instituto (IFT) validará y corroborará la información del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil conforme a los sistemas y procedimientos informáticos que resulten aplicables y, en su caso, podrá solicitar a los concesionarios las aclaraciones pertinentes sobre los datos registrados”.
De acuerdo con analistas del sector, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición, al vincular de manera obligatoria una tarjeta SIM con la identidad de una persona, el PANAUT vulnera derechos de comunicación, libertad de expresión y privacidad, por lo que un paso obligado sería que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado de la República interpongan acciones de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la estimación económica enviada por el IFT al Senado de la República, en el contexto del análisis y aprobación del dictamen, el órgano regulador señaló que el impacto presupuestal para la implementación de este registro es de más de 109 millones de pesos, de los cuales más de 55 millones de pesos se requerirán para sumar 130 nuevas plazas a su nómina, y 17 millones de pesos se tendrán que destinar para habilitar 32 oficinas que funcionarán como un punto de representación del órgano regulador en cada entidad federativa.
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