R3D realiza un llamado urgente al Senado a desestimar el dictamen.
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía (PANAUT), que podría ser aprobado esta semana en el Senado de la República, desencadenará una serie de problemas entre los que se encuentra la cancelación de millones de líneas telefónicas de los usuarios que no acudan a registrarse, advirtió el senador Noé Fernando Castañón Ramírez.
“Si los usuarios no acuden a registrar su línea, el concesionario estaría obligado a la cancelación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización, por lo que la presente minuta estaría violentando los derechos fundamentales de acceso a las tecnologías de la información y Comunicación, y el derecho a la protección de sus datos personales consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución”.
Al emitir su voto particular con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el legislador refiere que este padrón no sólo tendrá información relevante de los usuarios como el número de la línea telefónica, nombre completo, nacionalidad, número de identificación con fotografía o la Clave Única de Registro de Población (CURP), sino también datos biométricos y domicilio.
“El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), que existió de 2009 a 2012, representa un antecedente inmediato que muestra cómo este tipo de mecanismos no contribuyen al abatimiento del secuestro y de la extorsión; por el contrario dicho registro incentivó el robo de datos personales, los delincuentes utilizaron celulares y SIMs robados o adquiridos en el mercado negro”.
En ese sentido se pudieran desencadenar otras problemáticas con la constitución de este padrón, como el hecho de que los delincuentes pueden cometer ilícitos con equipos conseguidos por la comisión de aquellos, como sucede con automóviles o motocicletas, los concesionarios deberán entregar toda la información que les sea solicitada a las autoridades de procuración de justicia, siendo el caso que esta información es sensible y en caso de que su destino no sea el adecuado, se atentará contra la seguridad de los particulares.
Ello, señala, aunado a que una gran parte de la población, en especial de bajos recursos, no cuenta con un comprobante de domicilio como los que se solicita para llevar a cabo el registro, se genera una presunción legal de que el usuario registrado es el responsable del uso del dispositivo móvil y, consecuentemente, en caso de que se cometa un ilícito con dicho dispositivo, él será el presunto responsable en primer término y la carga de probar lo contrario estará de su lado, violándose con esto los principios constitucionales en la materia.
Por su parte, organizaciones como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales advierten que a nivel mundial sólo 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Dicha lista está predominantemente compuesta de países autoritarios como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, entre otros sin incluir algún país plenamente libre y democrático.
“Organismos internacionales de derechos humanos ─como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU─ han advertido que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona compromete gravemente el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población, lo cual vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad y hasta a la vida de las personas”.
En este contexto, R3D realiza un llamado urgente al Senado a desestimar el dictamen en su totalidad y abrir espacios de diálogo multi actor que informen al Congreso y a las autoridades de seguridad acerca de las múltiples alternativas para el combate al delito que tienen a su disposición y que no requieren la vulneración flagrante de los derechos humanos que el Padrón implica.
C$T-GM
