Necesario crear instancias especializadas.
El país enfrenta el desafío de superar múltiples brechas que persisten desde antes del 2020, muchas de las cuales con la pandemia “se recrudecieron” con una mayor afectación entre las mujeres que entre los hombres, como es el aumento de la violencia digital, que exige implementar políticas públicas transversales y con una visión de género.
“En México más de nueve millones de mujeres han vivido violencia digital. A raíz de la pandemia por el COVID-19 y el incremento del uso del internet, la violencia digital contra mujeres se ha agravado, aunque nuestras dinámicas han cambiado, la violencia machista permanece y se traslada a nuestros espacios digitales”, explicó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Meléndez.
Precisó que de enero a diciembre de 2020 se registraron más de 400 casos de violencia digital, de los cuales 94 por ciento fue contra mujeres, lo que muestra que la “violencia digital no se separa de la violencia off line”, sino que se reproduce igual que en el mundo físico; la diferencia es el uso de plataformas digitales, causando “autocensura, aislamiento, culpa, ansiedad, temor, afectando la vida privada, profesional y económica de las víctimas.
El tema dijo es aún más delicado si se considera que el acceso a la justicia en casos de violencia digital es casi nulo, lo que hace imprescindible que la “legislación reconozca las diferentes formas de violencia contra la mujer y abra paso a la creación de instancias especializadas, políticas públicas y la asignación de presupuesto para erradicar este problema”.
“Es necesario transitar hacia una justicia integral que ponga en el centro las necesidades particulares de las sobrevivientes de la violencia, que tomen en cuenta la violencia digital, su impacto, su naturaleza estructural, los retos para que la impartición de justicia sea eficaz, eficiente y que, por ende, garantice todos los derechos”, explicó el Comisionado.
Destacó que la fortaleza de un gobierno se basa cuando las autoridades abren espacio para la participación ciudadana y reconocen las iniciativas que emanan de la sociedad con miras a atender los temas sociales y de seguridad más urgentes, pues hay brechas que con la pandemia se recrudecieron y solo con un gobierno abierto, fortalecido con la participación civil se podrán superar.
“No podemos hacer política pública para las mujeres si no lo hacemos de la mano de las mujeres; hay que fortalecer los espacios de colaboración para realmente juntos co-crear valor público”, sostuvo.
Con la pandemia es más evidente la necesidad de la sociedad de que sean escuchadas sus demandas y sobre todo atendidas, así como también el tener más información y acceso a datos por parte del gobierno, destacó el Comisionado al clausurar los trabajos de la III Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en México, donde se habló del derecho a la salud, la rendición de cuentas, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.
Precisó que el 51 por ciento de la población en México son mujeres y lamentablemente con la pandemia y el confinamiento en casa, la violencia familiar aumentó 24.4 por ciento, respecto de lo observado en 2019, por ello es imprescindible establecer políticas públicas trasversales y con visión de género.
En los últimos tres años se abrieron más de 2 mil 143 carpetas de investigación relacionados con la compartición de contenidos “íntimos” sin el consentimiento de la víctima, en las cuales 84 por ciento fueron mujeres; a la fecha 83 por ciento de los casos están inconclusos, pues se trata de procesos legales largos, costosos y en los cuales predomina la insensibilidad de las autoridades, la revictimización, la falta de capacidad y de justicia.
C$T-EVP
