Cuidar el no restringir monopolios o libertad de expresión.
Hay evidencias de que apoyar adecuadamente a la industria cinematográfica representaría la posibilidad de que contribuya con el 5.0 o 7.0 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) y que la economía del país pueda crecer hasta medio punto porcentual en forma adicional, pero eso implica hacerlo a partir de políticas bien estructuradas, aseguró Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Aunque en teoría el Poder Legislativo empuja una iniciativa que busca impulsar y salvaguardar la industria cinematográfica y los derechos de las audiencias, la propuesta de reforma del senador Ricardo Monreal, tal y como está conformada, solo podría generar resultados “indeseables” tanto en lo económico, como en lo comercial y hasta en el ámbito de la libertad de expresión.
Al intervenir en la mesa redonda “Las cuotas de contenido: Una amenaza para la elección del consumidor”, destacó que la iniciativa que busca expedir la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, tiene distintas aristas cuestionables, pero la más riesgosa es la de querer imponer cuotas de contenido nacional hasta en un 15 por ciento, lo que en materia económica equivale a imponer cupos de importación, lo cual violaría compromisos adquiridos con los socios comerciales del T-MEC.
“Si se establece en un mercado que haya un porcentaje para extranjeros o cierto porcentaje nacional del 1.0 al 100 por ciento no hay muchas posibilidades, uno puede mover el dial hacia donde quiera ponerlo, pero esto equivale a ponerle un impuesto a la producción extranjera o es el equivalente a dar un subsidio a la producción nacional”.
El experto recordó que en el país ya se vivieron épocas en las que se apoyó a la industria por varias vías, como subsidios y protecciones incluso sindicales, sin resultados; y aunque se aspira a tener las grandes épocas del cine de oro nacional, no será con políticas que no garantizan una mejora en la calidad de las producciones, pues eso sólo generaría resultados adversos indeseables.
Lo viable, indicó, sería impulsar a la industria con políticas de otro tipo, como proteger los derechos de propiedad intelectual, trabajar con universidades para mejorar la calidad de los contenidos y darle herramientas a los jóvenes productores para que tengan acceso a audiencias más grandes y al mercado que ofrecen plataformas como Netflix, Amazon o Disney+.
A fin de promover el cine mexicano y asegurar los derechos de las audiencias, en febrero pasado el senador Ricardo Monreal presentó la iniciativa de nueva ley, en la que se establece que el 15 por ciento del contenido en las plataformas de streaming y el mismo porcentaje de tiempo en las salas de cine se designe a producciones nacionales.
Bajo este contexto la ex-Comisionada del IFT, Adriana Labardini, destacó la existencia de una falla de mercado en las industrias culturales, y en el sector de la radiodifusión que carece de representación indígena, lo que habla de la necesidad de tener regulaciones para que surjan procesos legislativos con un mayor control de calidad, y que este tipo de iniciativas pudiera ser analizadas vinculando otras relacionadas con el ecosistema digital.
“Estamos rodeados ahora de una serie de iniciativas en el ecosistema digital tendientes no a aumentar esa diversidad y pluralismo, sino a controlar el discurso y eso es grave”, dijo al participar en la mesa redonda organizada por el Consumer Choice Center (CCC).
Si bien se quiere garantizar en las plataformas el derecho del consumidor a tener mayores opciones, también es importante entrar al análisis de algoritmos para permitir una mayor visibilidad no solo de los grandes productores, sino para contar con una simetría de la información y ver contenidos nacionales, culturales, productores independientes y creadores indígenas.
“Puedo tener cuatro mil opciones de títulos, como sucede con Netflix, pero sólo tener visibilizados 110 o 20. Si yo no tengo manera fácil y rápida de conocer toda la variedad de nada sirve tener opciones”.
La experta cuestionó que no se haya pensado en tener más producción nacional independiente en la televisión abierta, y se tenga una regulación “mal hecha” que no toma en cuenta toda la cadena de valor de una producción cinematográfica, pero que exige exhibir centenares de películas nacionales en las plataformas streaming… si se trata de proteger los derechos de las audiencias, deberíamos tenerlos pero en todas las plataformas”.
Calificó como un “enorme error no poner una definición de producción nacional adecuada, porque esa definición de quién es un productor nacional de contenido, la persona física o empresa moral controlada por mexicanos y capaces de entregar este número de películas; si hoy hay 4 mil 500, serían 675 películas que Netflix o Amazon tendría que exhibir. ¿Quién produce eso?”.
“Hay que cuidar que bajo ningún velo o política industrial o de protección a la industria nacional se estén restringiendo o bien monopolios o bien discursos restringiendo la libertad de expresión”, recalcó la abogada especialista en Derecho al Consumidor.
Concluyó tras recalcar que en México no debería existir una sola ley que no tenga antes un análisis de implementación y de asignación presupuestal, pues sin recursos económicos que se respalde un proyecto, todo apoyo del Estado es sólo “retórica, demagogia y manipulación”.
Al participar en el encuentro virtual, Irene Levy, presidenta de Observatel, consideró preocupante el afán del legislador por imponer cuotas, y criticó ocultos cambios hechos a la iniciativa pues en febrero se hablaba de sólo 10 por ciento de contenido nacional y se definía que los estímulos serían para productores independientes alejado de los intereses del Agente Económico Preponderante en Radiodifusión, que es Televisa.
Luego se elevó a 15 por ciento el porcentaje que deben destinar las plataformas a contenidos nacionales; y se eliminó en “la definición de productor nacional independiente”, la parte de “que no tenga vínculos con agentes dominantes, para entonces permitir y no solamente incentivar que Televisa y sus filiales y subsidiarias sean un vehículo para vender estos contenidos a las plataformas digitales y desde luego al cine”.
Esto, dijo, “obligaría a las empresas de OTT adquirir contenidos enlatados, todos esos que ya están en las empresas, sobre todo de Televisa, y los obligaría a hacerlo”, porque el porcentaje excede muchísimo de lo que significa la demanda y la existencia de los contenidos en las plataformas, y porque de acuerdo con el plazo de cumplimiento de estos porcentajes, de cuatro meses, “no hay manera de incentivar todo un mercado de producción nacional”.
Aseguró que tal y como está redactada la iniciativa, no se alcanzarán los objetivos de impulsar la producción nacional cinematográfica, pues la forma más directa sería ofrecer subsidios a los productores independientes y no como se busca obligando a los OTTs, a adquirir todo el añejo material enlatada que tienen empresas como Televisa.
“El porcentaje excede muchísimo la demanda existente de contenidos nacionales actualmente, pero también una parte que está en el transitorio que es el plazo de cumplimiento de estos porcentajes (de contenidos), 120 días, que son cuatro meses y en cuatro meses no hay manera de incentivar todo un mercado de producción nacional, ¿a dónde está dirigido esto? a que las plataformas digitales adquieran los contenidos que ya existen y quien más tiene contenidos es Televisa y sus filiales”.
C$T-EVP
