Con gran prisa, sin decir “agua va” y por la vía exprés, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, publicó en la edición vespertina del viernes 16 de abril de 2021 del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Parecería que el gobierno, de pronto, la urge frenar la creciente ola de extorsiones y secuestros que se originan desde el interior de las cárceles del país o quizá ha utilizado como pretexto la bandera de un reclamo social añejo.
Observadores del sector de las telecomunicaciones consideran que el verdadero objetivo del padrón es la próxima conformación de una cédula de identificación única; pero lo cierto es que no existe una política pública que indique que se quiera avanzar en ese camino.
Quizá quedó en el recuerdo de los observadores que el antecedente más cercano para tener los datos de los mexicanos fue en enero del 2020, cuando la Secretaría de Gobernación pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) su base de datos a lo cual el organismo electoral, echando mano de sus facultades de organismo autónomo, negó.
En febrero del mismo año, el Senador Ricardo Monreal dio a conocer que preparaba una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTYR) y poco después aparecieron las intenciones de regular las redes sociales y crear un padrón de usuarios de telefonía celular en el que se incluirían los datos biométricos de todos o cada uno de los consumidores de comunicaciones móviles.
Pese a que se organizaron espacios de análisis en los que muy diversos expertos del sector advirtieron los riesgos de crear tal padrón al exponer los datos de los usuarios ante los previsibles embates de la delincuencia organizada, el Congreso aprobó la reforma propuesta ignorando el peligro en que se pone a los ciudadanos mexicanos.
Es claro que con tal padrón no se combatirá a la delincuencia y que por el contrario se abren puertas a los malandrines y presume la culpabilidad de los usuarios de comunicaciones móviles por lo que los delincuentes puedan hacer con una herramienta de comunicación, de trabajo, de entretenimiento. Un dispositivo en el que ya convergen además muchas plataformas y servicios y cuyo valor aumenta más que la propia billetera.
De entrada, el gobierno está violando un derecho consagrado en la Constitución, el de conectividad universal; pero además amenaza con la desconexión a quienes no cumplan con tal atropello.
Sin duda, además del riesgo principal de que la base de datos caiga en manos de la delincuencia, como ocurrió con el frustrado RENAUT, que solo estimuló el robo de celulares, las extorsiones y secuestros; es que se abra un mercado negro de tarjetas SIM provenientes de Estados Unidos.
Los delincuentes no van a dar sus datos para ser registrados en el padrón, pero con el decreto ya los amenazaron con imponerles una multa si hacen mal uso de los datos contenidos en la base.
El costo de tal padrón tendrá que reflejarse en las tarifas, lo que junto con el temor a proporcionar y aquellas desconexiones que se pudieran provocar, representará una reducción en la teledensidad.
Expertos en materia de bases biométricas han estimado un costo de entre 378 y mil 126 millones de dólares. Tal cifra fue conocida por el Congreso y el gobierno, dado que la Anatel había advertido un gasto similar a los 21 mil millones de pesos, cantidad que se acerca, en su conversión a las cifras anteriores.
El gobierno asegura que el costo sería de 10 millones de dólares por cada 100 mil usuarios que deberán gastar los prestadores de servicios. Un cálculo diferente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones por alrededor de 110 millones de pesos, como inversión inicial y 88 millones de pesos en los años consecutivos, pero solo para lo que el organismo regulador requerirá para administra la base de datos.
Lo grave de esta danza de las cifras es que el costo está íntimamente relacionado con las capas de protección de ciberseguridad que se dará a la base de datos biométricos. Si el gobierno la calcula en alrededor de 120 millones de dólares, debe ser muy preocupante, dado que el mensaje es que se piensa en austeridad republicana para la protección de información tal sensible de millones de personas físicas y morales.
Por otro lado, si en verdad el gobierno tuviera la preocupación de proteger a la ciudadanía, la ciberseguridad estuviera en primer lugar, pero no cuenta siquiera con una agenda digital y una política de seguridad en Internet.
Si en verdad se tuviera la voluntad política de combatir a la delincuencia, las acciones del Congreso y del gobierno se hubieran orientado a definir responsables, estrategias claras y contundentes para desestimular el robo de celulares y evitar que estos dispositivos ingresen a los penales.
Sin embargo, es reconocido que entre el 60 y 70 por ciento del robo a transeúntes es para despojarlos del celular y que la venta y exportación de estos dispositivos, además de las extorsiones, los secuestros representan un negocio altamente rentable que a quienes forman parte de la corrupción, de la impunidad y de la colusión no les interesa terminar.
C$T-GM
