Datos biométricos exigen el mayor cuidado: INAI.
Ante la aprobación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que vincula de manera obligatoria una tarjeta SIM con la identidad de una persona, vulnerando derechos como el de comunicarse, libertad de expresión y privacidad, el INAI, la CNDH y el Senado de la República, tienen a su alcance la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el Artículo 105 constitucional, el Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrían interponer este recurso legal que se tramita ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).
“En el comunicado que emitió el INAI se pronuncia en contra del padrón y habla del riesgo potencial, lo lógico sería que interpusiera este recurso que en su caso se detalla en el Artículo 105, Fracción II, Inciso H de la Constitución”, dijo Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia de la ICC.
El INAI, como organismo garante del cumplimiento de derechos fundamentales como el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar dichos datos.
El manejo de datos biométricos relacionados con la identidad de una persona, así como el tratamiento de los otros datos que se recaben, requiere del mayor cuidado posible, puesto que cualquier afectación o vulneración podría generar daños significativos de difícil o imposible reparación.
“Sobre todo, considerando que los datos biométricos hacen referencia a aspectos que permiten ser asociados, de manera única, a una persona y, por ende, constituyen características insustituibles”, enfatizó el INAI en un comunicado emitido el 13 de abril, día en que el Senado aprobó el dictamen que crea el PANAUT.
Desde la perspectiva de este instituto, se deben implementar las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas, acordes a los más altos estándares internacionales, a fin de garantizar el tratamiento adecuado de dichos datos y, previo a la implementación del padrón, elaborar una evaluación de impacto en la protección de datos personales.
“El padrón de usuarios de telefonía móvil, aprobado por el Senado, es una violación a los derechos humanos, representa serios riesgos de que esta información pueda ser filtrada como ya sucedió en el pasado, y además no hay una justificación clara en materia de seguridad nacional”, enfatizó el especialista.
Las acciones de inconstitucionalidad también pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33 por ciento del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna.
El senador Emilio Álvarez Icaza refirió que el artículo 6 de la Constitución señala en su inciso A párrafo 2 que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, “el padrón de celulares es una excepción extraordinariamente peligrosa”.
Además, dijo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en el artículo 9 dice que tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá tener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica u otro mecanismo de autentificación que se establezca.
“Se va a hacer un padrón de 122 millones de teléfonos celulares, pero el artículo vigente dice que no podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación para finalidades legítimas y concretas de acorde con actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado”.
En opinión del senador Alberto Galarza, el mal criterio legislativo de la bancada de Morena en el Senado de la República y sus aliados, obligará a recurrir a instancias jurisdiccionales para defender los derechos humanos de las y los mexicanos. “Esperamos que el Poder Judicial tenga una visión en favor de las personas y en contra de las malas prácticas legislativas de Morena y su tremenda obsesión por controlarlo todo”.
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