Dentro del proceso de revisión de la Ley de Ciberseguridad que se discute en la Cámara de Diputados, se le han realizado algunas modificaciones al proyecto original, para atender preocupaciones que manifestaron ciertos sectores respecto a la protección de Derechos Humanos (DDHH), adelantó el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Baja.
Al participar en la firma del Pacto Nacional por la Ciberseguridad de Niñas, Niños y Adolescentes, efectuada en el Senado de la República, el legislador dijo que la Ley Federal de Ciberseguridad es una herramienta muy poderosa para cuidar la integridad de las personas en la red, especialmente los menores de edad.
Esta parte de la población, dijo, es sumamente vulnerable y por eso es positivo que este marco legal esté en discusión para su eventual aprobación, no sin antes realizar ajustes para responder a las preocupaciones que algunas voces manifestaron sobre su contenido original, en materia de derechos humanos.
Con todo, es mejor contar con este instrumento que fue producto de un trabajo conjunto con legisladores, industria, sociedad civil, academia y otros sectores y tan es así que la ONU contactó recientemente a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, para que fuera a exponer en Viena el contenido de esta legislación, que se considera de avanzada en el mundo.
La Ley de Ciberseguridad se presentó a finales de abril pasado ante el pleno de la Cámara de Diputados y fue turnada a comisiones, con la idea de que fuera votada y aprobada en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, a principios de septiembre, organismos como Canieti, Asiet, Amiti, ICC México, Anatel y ALAI, publicaron un posicionamiento conjunto donde señalaron que “como sectores esenciales afectados por esta propuesta de regulación, abogamos por respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, así como garantizar los ya mencionados. El respeto a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales son la base para el impulso y la promoción de inversiones económicas”.
En ese sentido, el diputado López Casarín señaló que estas preocupaciones han sido escuchadas y tomadas en cuenta en las modificaciones que se han planteado al documento original.
Precisamente consideró que es importante contar con una legislación que proteja la ciberseguridad, porque “el único beneficiario de la ausencia de Estado de derecho en esta materia son los ciberdelincuentes, que no son un muchacho en camiseta trabajando en el sótano de su casa, sino delincuencia organizada que comete delitos graves”.
Recordó que los hábitos de supervisión de los padres y madres de familia sobre lo que ven los niños en internet son bastante laxos y prueba de ello es que durante la pandemia “abrimos nuestras casas a la ciberdelincuencia, pues prácticamente a ningún niño le dieron un decálogo de acciones de ciberseguridad antes de abrir sus computadoras para tomar clases en línea”.
El tema es grave, porque una persona que es víctima de un ciberataque tarda entre 3 y 5 meses en detectarlo y eso puede ser aún más dañino cuando se trata de menores de edad.
Al respecto, la senadora del PVEM, Alejandra Lagunes, también integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y quien ha sido una entusiasta impulsora de los temas de ciberseguridad, señaló que para proteger a niñas, niños y adolescentes contra delitos cibernéticos, se les debe concientizar sobre los riesgos, pero los padres y madres de familia tienen un papel fundamental y deben ellos mismos ser más conscientes.
Por ejemplo, 75 por ciento de las personas adultas publican información sobre sus hijos e hijas en sus redes sociales, en tanto que 8 de cada 10 tienen en sus redes seguidores a quienes no conocen, de manera que por ahí se puede abrir una enorme grieta de ciberseguridad para los menores, lo que propicia, entre otras cosas, que mucha gente robe fotos y las altere con inteligencia artificial para producir pornografía infantil, delito en el que México ocupa vergonzosamente uno de los primeros lugares en el mundo.
A su vez, Analí Díaz Infante, presidenta de la Asociación de Internet .MX, sostuvo que con la creciente conectividad y la acelerada evolución de la tecnología, vienen también riesgos de ciberseguridad y por eso es necesario dotar a la infancia de las herramientas necesarias para que sepan defenderse, lo cual pasa también por el mayor cuidado de los padres de familia.
De hecho, más de la mitad de las personas no sabe si están protegidos sus equipos y alrededor de 50 por ciento no usa sistemas de autentificación para filtrar la información que recibe por internet.
Además, 57 por ciento de los padres y madres de familia no sabe si en la escuela a donde asisten sus hijos se proporciona orientación de cómo prevenir posibles situaciones de ciberdelincuencia y pero aún, 7 de cada 10 padres, no denuncian el ciberacoso que sufren sus hijos.
Durante la firma del evento, en el que participaron también numerosas organizaciones sociales y empresas de tecnología tanto nacionales como globales, Yoloxóchitl Casas Chousal, directora de Difusión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes, dijo que en una encuesta realizada a 79 mil personas de 10 a 17 años sobre sus hábitos de consumo de internet, se reveló que 73 por ciento de ellas prefieren usarlo en la tarde y 43 por ciento antes de dormir.
Estos son momentos del día donde los adultos generalmente no acompañan a los menores y por lo tanto no saben qué está pasando con su interacción en línea; y mientras tanto, 53 por ciento de los menores dijeron que los siguen personas que no conocen y quienes les han pedido fotos íntimas, pero sólo 6.0 por ciento acude a familiares o maestros para solicitar ayuda en esta clase de situaciones.
De ahí que el Sistema Nacional de Protección Integral, está trabajando una campaña que próximamente se pondrá en marcha, para informar a los menores que pueden utilizar el 911 para hacer estas denuncias, en cuyo seguimiento estarán apoyando los especialistas en delitos cibernéticos de la Guardia Nacional.
C$T-GM
