Si bien la industria representada en organismos como Canieti, Asiet, Amiti, ICC México, Anatel y ALAI, reconoce que la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad tiene aspectos positivos, asegura que el documento que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, pone en riesgo derechos como la libertad de expresión y la privacidad, e incumple obligaciones internacionales en la materia.
“Como sectores esenciales afectados por esta propuesta de regulación, abogamos por respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, así como garantizar los ya mencionados. El respeto a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales son la base para el impulso y la promoción de inversiones económicas”, señala un posicionamiento conjunto.
Entre las principales preocupaciones expresadas por las empresas y asociaciones en torno a la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, se encuentra la necesidad de definir el fundamento constitucional conforme al cual el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de ciberseguridad.
Esto, idealmente debe realizarse a través de la reforma constitucional que le confiera la facultad exclusiva para legislar en la materia; o, si el Congreso decide que existan facultades concurrentes, se señale que tendrá facultad para expedir la Ley General correspondiente.
“La redacción es confusa para delimitar atribuciones relacionadas con asuntos vinculados a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Es necesario distinguir la ciberseguridad a nivel civil y proteger la seguridad pública de las fuerzas del orden y las actividades relacionadas con la ciberdefensa, las cuales, deben ser debidamente acotadas conforme a las facultades de los diferentes cuerpos de seguridad involucrados en la atención de estos casos, considerando sus áreas de responsabilidad”.
Además, las restricciones a los derechos humanos, en particular los de privacidad, libertad de expresión y protección de datos personales, deben ser sometidas a un escrutinio estricto y pasar por la prueba de proporcionalidad.
“Las intromisiones a los derechos humanos en los términos planteados por la Iniciativa no son aceptables. En particular, las restricciones a los derechos de privacidad y protección de datos personales al ordenar la entrega de información personal a un catálogo indefinido de autoridades competentes, mismas que no resultan necesarias ni son proporcionales puesto que ya existen disposiciones legales para atender requerimientos de autoridades con fines de investigación y persecución de delitos”.
En su posicionamiento, la industria considera fundamental tomar en cuenta las obligaciones asumidas en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor en junio de 2020.
Dicho documento compromete a México (entre otras cosas) a construir capacidades de respuesta ante incidentes cibernéticos, fortalecer la colaboración, proteger a la ciudadanía, y garantizar la privacidad de datos en el corto plazo.
“Cualquier legislación en la materia debe estar homologada a los compromisos adquiridos para adoptar mejores prácticas, pues la ciberseguridad afecta de forma transversal a todos los usuarios desde individuos hasta países y organizaciones”.
Asimismo, recomienda que México se integre al Convenio de Budapest, siendo un acuerdo internacional con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y en internet mediante la elaboración de leyes adecuadas; la mejora de las técnicas de investigación; y el aumento de la cooperación y la transparencia internacional.
Este Convenio permite que los requerimientos formulados por los operadores jurídicos a nivel nacional sean remitidos de manera célere a los Estados Parte del Convenio, entre los cuales figuran: Estados Unidos de América, Italia, España, Japón, Canadá, Israel, Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Panamá y Colombia, entre otros.
Dado que la ia iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad está siendo analizada por las comisiones de Seguridad Ciudadana, así como Ciencia, Tecnología e Innovación, y para opinión de Defensa Nacional además de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la industria considera oportuno abrir la conversación.
“Se solicita respetuosamente a los presidentes de dichas comisiones se lleven a cabo reuniones de trabajo con las cámaras, asociaciones y organismos firmantes donde puedan expresarse las preocupaciones y propuestas de todos los sectores”.
C$T-GM
