México requiere un marco más eficaz para una mayor inclusión financiera, pues existe un enorme número de personas desconectadas del mundo digital y financiero, un elevado uso del dinero en efectivo, desconfianza en la adquisición de productos y servicios en Internet, pero también entidades Fintech que reguladas o no siguen avanzando a pasos agigantados, reveló un análisis del instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En 2021 se identificaron en el país 512 startups Fintech con dos condiciones: fundadas y operando en territorio nacional, lo que representa un 16 por ciento de crecimiento anual, refiere el documento “Instituciones de Tecnología Financiera, Ley Fintech y propuestas para su reforma”, realizado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland.
“En 2019, en México, más del 80 por ciento de las startups Fintech tenían ingresos de cero a 500 mil dólares, ese porcentaje se redujo para 2020 a un 65 por ciento; mientras que el porcentaje de startups con ingresos entre 500 mil y 5 millones de dólares aumentó en un año”.
Lamentablemente sólo 15 por ciento de las startups Fintech dirigen sus soluciones a personas no bancarizadas, en comparación con un 35 por ciento que las orientan hacia personas ya bancarizadas. Son los rubros banca digital y préstamos los segmentos que crecieron más durante la pandemia.
De acuerdo con el Radar Fintech 2021, México siguió la tendencia global de crecimiento de startups en segmento de Préstamos en años recientes y se aumentó el sub-segmento de préstamos como “comprar ahora y pagar después” con el comercio electrónico. Por primer ocasión el segmento de Pagos y Remesas fue desplazado por el de Préstamos.
Para la investigadora un punto principal es que autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han señalado que el gobierno federal ni garantiza ni respalda el dinero de los clientes de las Fintech, pero sí autoriza actividades conforme a la ley aplicable.
Subrayó que para dar mayor certidumbre tanto a las propias Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) como a los clientes y usuarios, es necesario tomar en cuenta los cambios constantes que la propia tecnología financiera en la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, publicada en 2018.
Gómez Macfarland, doctora en Política Pública y maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), analizó las propuestas de reforma presentadas en el Senado.
En la LXIV Legislatura, se presentaron seis iniciativas relacionadas con el concepto de tecnología financiera, pero sólo tres proponen una reforma a la Ley Fintech, una de ellas para brindar mayor certeza jurídica a las instituciones de financiamiento colectivo y fondos de pago electrónico, y otra para mayor competencia y agilizar los trámites de usuarios.
Una es la que presentó el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 7 de octubre de 2020, para reformar el artículo 73 de la Ley Fintech en virtud de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, es el único cambio que se ha realizado a dicha ley desde su publicación original.
También está la que reforma y adiciona diversas disposiciones también presentada en esta cámara, el 10 de diciembre de 2019, por la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y que sigue pendiente en Comisiones en cámara de origen.
Con esa propuesta se pretende agilizar los trámites de usuarios de las ITF, brindar más flexibilidad a instituciones de financiamiento colectivo y de pago electrónico, que se atiendan determinados principios en las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), brindar mayor claridad y certeza jurídica a las instituciones respecto a la protección de datos y la información solicitada para ciertas autorizaciones.
La otra es la propuesta que modifica los artículos 18, 19 y 25 de la Ley Fintech presentada el 3 de octubre de 2019 por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, cuyo objeto es establecer que las Instituciones de Financiamiento Colectivo y de Fondos de Pago Electrónico podrán realizar actividades que las autoridades financieras determinen a través de disposiciones de carácter general.
Así, propone brindar mayor certeza jurídica a las instituciones de financiamiento colectivo y fondos de pago electrónico respecto de las actividades que puede realizar bajo determinado sustento normativo, refirió el documento.
Si bien desde el Legislativo Federal se reguló la cuestión de tecnología financiera y se crearon figuras jurídicas que responden a determinados avances, la experta consideró necesario dar seguimiento a nuevos modelos y operaciones de tecnología financiera, para contar con un marco más eficaz, con miras a lograr mayor inclusión financiera y el reconocimiento de México como país innovador en el sector.
C$T-GM
