Presupuesto educativo responde a presiones políticas.
En México el derecho a la educación está sin completar por inequidades evidentes, pues la población más desprotegida es la que recibe menos presupuesto, es además la que menos presión política ejerce para obtener calidad y donde menos se cierra el ciclo de enseñanza-aprendizaje, con lo cual ese derecho queda prácticamente anulado.
Sylvia Schmelkes del Valle, Vicerrectora Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, asegura que en el país alrededor de 25 millones de niños, niñas y jóvenes de hasta de 17 años, en condiciones de pobreza moderada y extrema, bajo el sistema educativo vigente, están en riesgo de quedar excluidos del derecho a aprender.
“Con algunas excepciones, los resultados de aprendizaje siempre son más bajos para quienes viven en pobreza… 80 por ciento de los niños/as indígenas, al finalizar su educación primaria, no logran los niveles básicos de comprensión lectora y de matemáticas, porcentaje significativamente mayor al promedio de estudiantes, los cuales en 50 por ciento presentan problemas para lectura y comunicación; y en 60 por ciento en matemáticas”, detalló.
Precisó que la población en desventaja por ser pobres o por pertenecer a una minoría cultural, habitantes de zonas indígenas, rurales y marginales urbanas ejercen mucha menos presión política para tener una educación de calidad, lo que se traduce en que a sus lugares de origen se destinen menos recursos para infraestructura, equipamiento educativo, así como para garantizar calidad y capacitación de los docentes.
Al abordar el tema “La desigualdad educativa y la acción comprometida”, y la Inequidad: El Reto de la Educación Universitaria virtual, organizada por la Fundación Scholas Occurrentes, destacó que los gobiernos distribuyen los recursos de acuerdo con las presiones políticas por obtener educación de calidad, siendo mayores en las zonas urbanas, donde habitan las mayorías culturales, y donde están las familias que tienen claros los beneficios de la educación.
Entre 25 millones de niños, niñas y jóvenes hay una gran cantidad que no están asistiendo a la escuela, o que no están teniendo el aprendizaje básico necesario para poder seguir estudiando o para vivir una vida digna; aprenden menos y aquello que aprenden en la escuela les sirve menos, porque viven en condiciones de vida para las que no están siendo formados, sostuvo, la Vicerrectora de la IBERO.
Por ello destacó que en los distintos lugares del país donde se aumentó la oferta educativa -o el acceso a las escuelas, el derecho a la educación se ha incumplido, porque no se ha logrado el aprendizaje, “y el derecho a la educación no es otra cosa que el derecho a aprender”.
En opinión de Schmelkes, este fenómeno se replica en la educación superior donde uno de los problemas es que no se encuentra representada “en su justa proporción” toda la sociedad, si se operara con un esquema totalmente equitativo, en esas aulas estarían representadas, en la misma proporción de lo que se observa en la sociedad, es decir, diferentes sectores sociales, todos los deciles de ingreso, los sectores indígenas, los campesinos, los obreros etcétera.
“Pero esto no es así en México, donde hay un sistema educativo que, desde la base, distribuye la calidad de la educación de manera inequitativa y también distribuye mal las oportunidades para los diferentes sectores de la población, lo que impide a los desfavorecidos sacar provecho a su educación y poder completar los niveles educativos que requieren para vivir una vida digna”.
Por ello no sorprende que esta desigualdad educativa se traduzca en desigualdades en el bienestar general de las familias, es decir, “familias que no tienen buenos niveles de bienestar suelen ser también las familias que tienen hijos con dificultades de aprendizaje y de permanencia en la escuela” quienes regularmente provienen de zonas rurales o urbanas con marginación, o se trata de población indígena.
Precisó que las y los estudiantes no aprenden por ser pobres, indígenas o por vivir en zonas rurales o marginadas, sino que su déficit en el aprendizaje es consecuencia de la falta de políticas que consideren la equidad en la educación como el vehículo para tener sociedades más justas.
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