En 2009, las buenas intenciones dieron paso a malas decisiones.
El número de la línea telefónica, fecha y hora de activación de la tarjeta SIM, nombre completo del suscriptor, número de identificación oficial, información biométrica del usuario, en su caso, del representante legal de la persona moral, así como el domicilio, son algunos de los datos que se pretende recabar mediante una base de datos que se denominaría Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
¿Qué pasaría si una base de datos tan robusta como ésta fuera hackeada o si por alguna mala pasada del destino la lista que contiene información tan valiosa se filtrara y terminara vendiéndose por una módica cantidad en el mercado negro?
Hablar de la comercialización ilegal de un registro de celulares, no es un supuesto fantasioso ni tampoco obedece a ganas de echar a perder la fiesta de quienes promueven en la Cámara de Diputados, este padrón; se trata más bien de un ejercicio de conciencia social que hacemos quienes ya vimos esta película, que en 2009 se llamó Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) y cuyo final, no fue para nada feliz.
Si bien el registro de celulares, propuesto por el diputado Mario Delgado y legisladores del grupo parlamentario de Morena, ahora se presenta como “padrón”, la esencia es idéntica: Hace obligatorio para usuarios y empresas de telefonía móvil, registrarse so pena de perder su línea telefónica y hacerse acreedores a variadas sanciones, respectivamente.
De acuerdo con el proyecto de decreto que analizará la Comisión de Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados esta semana, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sería la entidad encargada de operar, regular y mantener el PANUT.
Sin embargo, en voz del propio órgano regulador, mediante oficio enviado en julio pasado por Coordinación General de Vinculación Institucional del IFT al diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de dicha comisión legislativa, la experiencia obtenida a partir del extinto RENAUT debe tomarse en cuenta, pues las vulnerabilidades fueron visibles desde los primeros días.
“Incluso, a unas horas de iniciar su operación, aparecieron registros falsos o nombre de personalidades de la historia, la política, los deportes o la farándula. Basta decir que a mediados de 2010 la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) informó que entre 10 mil y 50 mil registros eran apócrifos”.
El órgano regulador, lo pone en términos claros: El registro de un teléfono mediante nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP) no garantiza la veracidad de los datos y menos aún que en el caso de cometerse un delito realmente se atrape al culpable; por el contrario, puede culparse a una persona que no lo sea.
En los transitorios del proyecto, se puede leer que dentro de los 180 días naturales siguientes a la expedición del Decreto, deberá emitir las disposiciones reglamentarias aplicables del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
“En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto”, señala el Cuarto Transitorio.
Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, estarán obligados a suspender en forma inmediata aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
“El registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil a que se refiere el presente Decreto, deberá realizarse por los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, en un plazo de seis meses a partir de que el Instituto emita las disposiciones reglamentarias”, remata el documento en su Quinto Transitorio.
A lo largo y ancho de 126 páginas, que más bien hacen pensar en un penoso “copy paste” de los documentos que avalaron y crearon el RENAUT en 2009, la iniciativa de ley presentada muestra nula sensibilidad a la problemática que busca solucionar: la inseguridad, física y digital de la ciudadanía.
Hace mucho que los teléfonos móviles dejaron de ser un objeto de lujo reservado para unos cuantos. Hoy, se contabilizan en el país más de 123 millones de líneas móviles. El mundo atraviesa por una crisis sanitaria sin precedentes en la que la adopción tecnológica mantiene a flote la economía, la educación, e incluso la tan necesaria socialización. En 2009, las buenas intenciones dieron paso a muy malas decisiones. ¿Es necesario explicar más? Esta película ya la vimos.
C$T-GM
