Hay quienes aseguran que Altán Redes caminaba aceleradamente hacia el abismo y que, ahora, prácticamente ha dado el pasito que el faltaba y que en caída libre vive la ampliación de su agonía.
Lo cierto es que, como lo había comentado en entregas anteriores, ya había versiones sobre que se otorgaría una prórroga de cinco años, para cumplir el total de los hitos comprometidos del 92.2 por ciento de la población de enero del 2023 hasta el 2028.
El tema, insisto, no es menor, pese a que hubo una modificación previa al título de concesión para que la empresa adelantara el hito con el que se comprometía el 7.0 por ciento de la cobertura para dar servicio a las zonas que carecen del servicio y que prácticamente era el último y con el que alcanzaría ese 92.2 por ciento.
Hay quienes han echado las campanas al vuelo tratando de asegurar que el proyecto será abortado. En mi caso, como en el de diversos analistas, como Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group (DPL), coincido en que no es posible permitir que durante los seis años que han pasado desde la licitación, ganada por Altán, se haya desperdiciado un gran esfuerzo nacional en un modelo que al parecer requiere de viabilidad y sobre todo se haya apostado políticamente a otorgar gratuitamente la totalidad de la banda de los 700 megahertz del espectro radioeléctrico, que se obtuvo como dividendo de la transición de México a la televisión digital terrestre.
Se trata de un bien de la nación, de un insumo esencial, que pudo servir desde hace más de seis años cuando, en diciembre del 2015, se concretó la transición a la televisión digital terrestre, para llevar conectividad a más de 30 millones de mexicanos que, hasta la fecha, siguen desconectados; lo que se profundizó con la cancelación de los puntos México Conectado y se dio paso al proyecto, sin pies ni cabeza, llamado CFE telecomunicaciones: Internet para Todos.
Coincido en que la prórroga de nada servirá si no hay una modificación al título de concesión para que Altán Redes pudiera vender servicio de comunicaciones móviles al consumidor final y no solo capacidad a revendedores y operadores.
Además, poder ofrecer el espectro en el mercado secundario. Pero, Peccata Minuta, sería necesario que, en caso de que hubiera tiempo, en tales modificaciones se incluyeran además de sus obligaciones de cobertura, el pago por el uso y explotación del espectro.
No es nada nuevo. Altán Redes hizo pública, en varias ocasiones, la propuesta de que se inyectará viabilidad por el camino de que se le permitiera vender al usuario final, así como, Peccata Minuta, tener acceso preferencial a la banda de 2.5 gigahertz. Lo cual se le negó, pues hubiera sido alimentar al dragón de 7 mil 500 millones de cabeza… No, quise decir: de dólares.
Hoy, con una abultada deuda y en concurso mercantil, parecería que una prórroga sería alargar la agonía del modelo que, en 2015, se presumió como único en el mundo y que, a siete años, nadie más ha replicado. Aquella Asociación Público – Privada, en la que políticos enloquecidos aceptaron la propuesta de La Red Compartida, aunque no podemos negar que muchos operadores móviles virtuales han apostado por este modelo.
Claro, Claro, transparente!
El 24 de agosto del 2021, se dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) obtuvo un puntaje de 100 por ciento del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, con respecto a la información publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en el portal de internet del IFT.
El 14 de diciembre de ese mismo año el organismo regulador constitucionalmente autónomo firmó con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) un Convenio General de Colaboración para promover la cultura de la transparencia, el acceso a la información, los datos abiertos, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, la confianza, así como el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones y los servicios digitales, entre otras acciones.
Todo muy bonito hasta que alguien busca echar mano de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizada el 26 de enero del 2022, respecto de la resolución de la solicitud de Claro para ofrecer servicios de televisión restringida. Así, sin más, una simple palabra muestra la realidad: Eliminada. Eso se entiende menos cuando desde el interior del IFT se filtró, con anticipación, el dictamen previo.
C$T-GM
