Al vapor y sin Parlamento Abierto, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, votarán hoy en reunión extraordinaria la expedición de una nueva ley, cuyas características ventajosas traen a la memoria el 2006, cuando se construyó la llamada Ley Televisa; pero también muestra la chamaqueada que “sin querer queriendo” le están dando a la AMACC.
En la elaboración de la iniciativa del senador Ricardo Monreal, que pretende abrogar la Ley Federal de Cinematografía y expedir la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, hay lo que parecen ser buenas intenciones, varias manos y muchos damnificados.
Ejemplo de ello es la participación de grupos como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), presidida por Mónica Lozano, que durante año y medio trabajó para incorporar en el documento legislativo elementos que consideró fundamentales para realizar un cambio de fondo en la industria como la de Productor Nacional Independiente y Calidad Cinematográfica y Audiovisual.
Sin embargo, nadie da nada a cambio de nada. Integrar estas definiciones en la iniciativa implicaba apoyar las cuotas de contenido en cines y plataformas digitales, mecanismo que para diversos analistas, académicos e integrantes de la propia industria, terminará beneficiando a Televisa, a través de Videocine, filial que ha distribuido el 78 por ciento de los estrenos mexicanos más rentables desde 2015, obteniendo más del 50 por ciento de los ingresos del mercado.
La propuesta del senador Monreal ha dado varios tumbos, pero el principal y más revelador es lo establecido en la iniciativa presentada el 1 de febrero que contenía la obligación para cines y plataformas digitales, de reservar 10 por ciento de su catálogo a “obras cinematográficas y audiovisuales nacionales, independientes y de calidad”.
Sin embargo, el gusto duró poco. Quince días después el documento se modificó y con él las expectativas de la AMACC, pues el porcentaje de la cuota subió de 10 a 15 por ciento, la antigüedad de los contenidos aumentó de 20 a 25 años y se eliminó la figura de productor “independiente”.
Por ello no es de extrañar que el 7 de abril pasado, en el debate “Cómo impulsar los contenidos audiovisuales independientes en el nuevo entorno digital?”, organizado por Centro-i para la Sociedad del Futuro, Mónica Lozano insistió en que las cuotas de contenido e inversión son benéficas para la industria, pero (ahí surgió el pero) también expuso que la propuesta de ley carece de dos definiciones clave: Productor Nacional Independiente y Calidad Cinematográfica y Audiovisual.
Explicó que la figura de productor nacional independiente implica la no asociación o vínculo directo o indirecto con empresas de servicios de radiodifusión y conglomerados de medios o agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los sectores de la industria.
“Si esta definición no se incluye en el glosario y se contextualiza esta iniciativa en el marco de esta producción nacional independiente que es la que hay que fortalecer, y es la que nos va a dar la diversidad y la pluralidad, estaríamos en problemas”, enfatizó en dicho foro.
Y sí que habrá problemas. Integrantes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), como María Novaro, Lorenza Manrique, Alejandro Pelayo, Armando Casas y Alfredo Loaeza, aseguran que las cuotas de contenido en plataformas digitales, no buscan estimular la producción de contenidos nacionales, sino que favorecen la compra de contenidos ya realizados por empresas mexicanas ajenas a las plataformas.
El otro “pero” digno de destacar en esta iniciativa es que el ejercicio de Parlamento Abierto es solo un mito. Tal como ocurrió con el padrón de usuarios de telefonía móvil, la ciudadanía pone y la mayoría en el Senado dispone pasando por alto interés colectivo y el objetivo principal de beneficiar a una industria importante como es la cinematografía nacional.
Todo, en aras de defender los intereses del Agente Económico Preponderante en radiodifusión, que es Grupo Televisa y cuyo co-director ejecutivo, Alfonso de Angoitia, reconoce que a la televisora le “gustaría ver que se produzca más contenido local como resultado de la combinación Televisa-Univisión”.
“Considerando que tenemos el motor de contenido en México y podemos producir contenidos de calidad muy atractivos en términos de costos y eficiencias, creemos que estaremos produciendo más en México así como en otras partes, pero más específicamente en México. Entonces, como mencioné antes, no estamos al tanto de las discusiones en el Senado. Así que queremos esperar y ver cómo termina siendo el resultado de eso”, dijo el directivo el pasado 23 de abril en la conferencia con analistas sobre los resultados del Primer Trimestre de 2021.
Así que queda en manos de la oposición hacer valer su presencia y evitar que el senador Monreal y su correligionarios hagan oídos sordos a tres secretarías de Estado que han cerrado filas advirtiendo los riesgos de un dictamen de tales dimensiones; a las audiencias y a una industria cinematográfica independiente que hoy más que nunca necesita impulso real.
C$T-GM
