En una interesante votación, que por casi nada queda en un empate que bien podría dar un giro al añejo y sobrediagnosticado problema del espectro caro en México, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen a la Ley Federal de Derechos (LFD), en la cual se establecen los cánones anuales por el uso y aprovechamiento de este recurso esencial en la era digital.
Con 13 votos en contra y 21 a favor, las y los diputados enviaron a la Mesa Directiva el documento que será discutido y votado en el Pleno, donde se analizarán las reservas presentadas; sin embargo, en la ecuación del Paquete Económico 2024 entran algunas piezas clave: una oposición política consciente sobre el impacto que tiene perpetuar el espectro impagable y la visión técnica del IFT que aún puede ser escuchada.
De hecho, el jueves 19 de octubre, los comisionados del Pleno del IFT sostendrán una mesa de trabajo con la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Luis Mendoza Acevedo. Sin duda, una oportunidad de oro para que los oídos que se han mantenido sordos puedan reflexionar sobre el impacto que tendrá su voto en el bienestar digital de millones de personas en México.
Es así que vale revisar cómo entre quienes votaron en contra del dictamen a la Ley Federal de Derechos 2024, se encuentran legisladores que en años anteriores han externado los riesgos y consecuencias de mantener una visión recaudatoria que afecta de manera directa a las personas usuarias de servicios esenciales como las telecomunicaciones.
Ejemplo de ello es la diputada Patricia Terrazas, quien en octubre del 2022, precisamente en la discusión del paquete económico, se pronunció en contra del dictamen, que al igual que el que se discute para 2024, mantiene el encarecimiento de insumos esenciales como el espectro radioeléctrico.
En la lista de legisladores que al interior de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Luis Armando Melgar Bravo, votaron en contra del Dictamen a la Ley Federal de Derechos 2024, también se encuentran:
José Francisco Yunes Zorrilla, Jericó Abramo Masso, Eufrosina Cruz, Ildefonso Guajardo, Salvador Caro, Patricia Terrazas, Pedro Salgado Almaguer, Gerardo Peña Flores, Gina Campuzano González, Carlos Humberto Quintana, Patricia Laviada, Carlos Valenzuela e Hiram Hernández Zetina.
La otra pieza protagónica en la discusión del Paquete Económico 2024, es por supuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que dicho sea de paso suma más de un lustro documentando y midiendo cómo el costo por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, esencial para los servicios móviles de telefonía e internet, es muy alto con relación a sus referencias internacionales comparables.
Pero demos un paso atrás explicando cómo las cuotas establecidas en la LFD son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
Datos del IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
Es así que llevamos años hablando de cómo en México la mayor parte del costo del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencias asignadas es un costo fijo y se concentra en el pago de derechos.
Es en este escenario que en agosto pasado, el IFT buscó nuevamente ser escuchado poniendo sobre la mesa un cambio de paradigma: establecer un esquema temporal para que los operadores paguen por este recurso el 1.0 por ciento de sus ingresos por servicios de telefonía e internet móviles.
Al presentar sus propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD), que fueron enviadas a la autoridad hacendaria, el órgano regulador sugirió establecer cuotas de derechos alineadas con el valor internacional del espectro.
Incluso, fue más allá en su planteamiento acompañándolo con una propuesta bastante innovadora: incluir una medida temporal de tres años que consiste en establecer a los operadores un pago de 1.0 por ciento de sus ingresos por servicios de telefonía e internet móviles.
La recomendación del órgano regulador tiene su verdadero valor en el simple pero poderoso argumento de reducir el impacto fiscal que tiene, precisamente, el hecho de ajustar los derechos de las bandas asignadas a su nivel de benchmark.
Y es que, el órgano regulador es claro al señalar que aunque el esquema actual es insostenible, “todavía se pueden implementar acciones para revertir la actual tendencia que no sólo daña a la competencia y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones sino también la recaudación”.
Entre los elementos de análisis que el documento aporta, se encuentra el hecho de que en la actualidad se tienen identificados 346.7 MHz de espectro disponibles en las bandas de 600 MHz, 800 MHz / 850 MHz, L, PCS, AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz que pueden ser susceptibles de asignarse; sin embargo, los niveles actuales de los derechos no permiten su posible asignación.
“El valor anual de dicho espectro a nivel del benchmark se estima en más de 9 mil millones de pesos anuales. Considerando esto, si bien existe un costo fiscal de la propuesta a corto plazo, a mediano y largo plazo se tendría una recuperación y aumento de la recaudación”.
Pero como lo refiero líneas arriba, ésta no es la primera vez que el IFT explica con peras y manzanas el impacto negativo de contar con los precios de espectro radioeléctrico más caros del mundo.
En 2019, el órgano regulador le hizo llegar a la autoridad hacendaria el “Estudio sobre la valuación y determinación de derechos para bandas IMT en México”, acompañado de una propuesta para ajustar los montos que se cobran por los derechos.
Asimismo, el IFT envió propuestas similares a la SCHP que no prosperaron durante los años 2020, 2021 y 2022. Incluso en octubre de 2020, el Pleno del IFT emitió un documento denominado “Efectos y alternativas de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en materia de espectro radioeléctrico”.
Es así como en un auténtico Déjà vu, llegamos a una nueva discusión de Paquete Económico, deseando que esta vez, los votos emitidos por las y los legisladores sean realmente razonados en función de lo que aseguran defender: el bienestar social.
C$T-GM
