Realizar una reforma constitucional, conformar un nuevo órgano regulador y diseñar otra Ley de Telecomunicaciones, son los pasos que en opinión del Sindicato de Telefonistas deben darse en el sector; es decir, una especie de “borrón y cuenta nueva”. ¿El objetivo? Recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones.
En un posicionamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión, los sindicalistas también detallaron su coincidencia con la apuesta del Ejecutivo para transformar al IFT a fin de que “su funcionamiento sea compatible con las necesidades y realidad económica del país”.
La postura de sindicato obliga a ver el panorama a partir del supuesto de la existencia de un nuevo órgano regulador que operaría con una nueva ley de telecomunicaciones. ¿Qué pasaría con la Preponderancia declarada por el IFT? ¿Ya no abría reglas asimétricas para Telmex y Telcel?
Si bien la reforma administrativa planteada por el Ejecutivo lleva implícita la necesidad de eficientar recursos en un contexto de crisis económica, es necesario advertir que a río revuelto habrá ganancia de pescadores, por lo que es pertinente cuestionar ¿quién se beneficia con la desaparición de los llamados Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs)?
Ampliando el foco del análisis, hay que decir que la mira del presidente López Obrador no está únicamente en el IFT, sino en los OCAs en su conjunto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por mencionar algunos.
Sin embargo, el dilema no es solamente transformar, diluir la autonomía o incluso desaparecer estos entes reguladores; el verdadero problema radica en el riesgo que significaría meter en un cajón la política pública, que específicamente en el caso de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, logró en siete años cambiar el rostro de un mercado que a falta de competencia proveía servicios caros y con mínima calidad.
Los argumentos que el Sindicato de Telefonistas esgrimen son diversos y van desde señalar que el IFT “nació cooptado por una concepción neoliberal”, hasta que las políticas regulatorias emanadas de este órgano “se concentran únicamente en crear condiciones de competencia favorables para ciertas empresas”.
¿Ha sido la regulación asimétrica un mecanismo para favorecer a la competencia del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones? (y porque no también del radiodifusión, porque aunque olvidado por muchos, en México hay dos) ¿Los usuarios finales han ganado o perdido a lo largo de este tiempo?
El IFT responde con un dato: Sus acciones se han traducido en un beneficio cuantificable para los usuarios de más de 540 mil millones de pesos; es decir, por cada peso que se destina al Instituto para su operación, la labor de este órgano regulador genera 47 pesos en beneficios a la sociedad mexicana.
De materializarse la fusión del IFT con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por cierto ya inició con cambios, pues de acuerdo con el propio titular Jorge Arganis Díaz-Leal, próximamente se llamará Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se quitaría del paso al árbitro en una cancha que aún sigue siendo dispareja y se consolidaría una jugada maestra: el borrón y cuenta nueva afianzaría las simpatías sindicalistas, tan útiles en la política y tan necesarias en tiempos electorales y de crisis.
C$T-GM
