Hace unos días se abordó en este espacio el golpe de timón que propone el IFT mediante el establecimiento de un esquema que, de ser aceptado por la Secretaría de Hacienda, permitiría deshacer un nudo que ya está bastante apretado: los exorbitantes precios que pagan los operadores móviles en México por usar el espectro radioeléctrico y las graves consecuencias que generan.
Para analizar la propuesta técnica que hace el órgano regulador, a través de su Unidad de Espectro Radioeléctrico, recurramos al ya clásico “Dato mata relato” de ConsumoTIC.
En el escenario actual, en el que las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico en México, Telcel estará pagando en este 2023 por las bandas de frecuencia que tiene asignadas 9 mil 289 millones de pesos; en tanto que los derechos que AT&T aporta ascienden a 7 mil 528 millones de pesos.
La propuesta del IFT es, primero, establecer cuotas de derechos alineadas con el valor internacional del espectro, lo cual significaría una reducción de prácticamente 50 por ciento en la recaudación que obtiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues entre Telcel y AT&T estarían pagando en conjunto poco más de 9 mil millones de pesos.
El “cómo sí” que diseñó el órgano regulador se encuentra en que si bien al ajustar el valor anual del espectro a nivel del benchmark, se observan esos 9 mil millones de pesos como un costo fiscal a corto plazo, es una realidad que a mediano y largo plazo no sólo se tendría una recuperación, sino incluso un aumento de la recaudación, cuyos detalles analizaremos más adelante.
El punto es que lejos de quedarse con el mantra de “bajen los costos del espectro”, el IFT ofrece sumar una medida que compensaría esa caída en la recaudación del fisco: sumar el 1.0 por ciento de los ingresos que obtienen los operadores por servicios de telefonía e internet móviles.
Esto significa que adicional a los más de 4 mil millones de pesos que, estarían pagando anualmente tanto Telcel como AT&T por los derechos relacionados con las bandas de frecuencia que tienen asignadas respectivamente, en el caso del primer operador se sumarían mil 620 millones de pesos y para el segundo, 445 millones de pesos.
La propuesta concreta es que si se bajan los precios del espectro a los niveles internacionales, ambos operadores estarían aportando adicionalmente la nada despreciable cantidad de 2 mil millones de pesos cada año.
Señalar que ese 1.0 por ciento que podrían aportar los operadores es una muy buena lana, no es una frase retórica, pues sólo pensemos que representa el presupuesto adicional que la Ciudad de México comprometió recientemente para la incorporación de servicios de salud local al programa IMSS-Bienestar.
De hecho y para tener una referencia sectorial, al captar 2 mil millones de pesos adicionales, la autoridad hacendaria podría tener asegurado el presupuesto anual del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Incluso, este recurso ayudaría a completar el nada económico presupuesto que requieren otras entidades del gobierno federal como la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) de la Oficina de la Presidencia de la República, que este año está ejerciendo 44 millones de pesos.
Ese poderoso 1.0 por ciento significaría también tener al menos una parte de los 10 mil millones de pesos que necesita CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para el despliegue de infraestructura y la instalación de antenas en zonas y localidades sin servicio de telefonía e internet móvil.
Líneas arriba decía que el “cómo sí” del IFT equivale a una recuperación y aumento de la recaudación, y es que en su propuesta el órgano regulador lo pone en términos claros:
los ingresos fiscales por el uso del espectro ya presentan una clara tendencia a la baja, que puede empeorar, a menos que cambie la política de cobro y se corrija la sobrevaluación en las bandas de frecuencias.
Y es que, la recaudación fiscal no sólo se ha visto afectada por las devoluciones de espectro y la baja participación en las licitaciones, existe también recaudación que es generada por la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Aquí otro dato que mata el relato. Un estudio de la GSMA muestra que de tener precios alternativos de espectro entre 2010 y 2020, México hubiera logrado sumar 5 millones de personas a la cobertura 4G y las descargas de datos serían 30 por ciento más rápidas.
Es así que el IFT hace un cálculo que no tiene desperdicio: Partiendo de esos 5 millones de habitantes adicionales que contarían con servicios de telecomunicaciones y considerando un ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) mensual de 143.6 pesos, se estima que se tendría una recaudación adicional de 3 mil 962 millones de pesos anuales por concepto de ISR (2 mil 584 millones de pesos) e IVA (mil 378 millones de pesos).
En diversas ocasiones, el responsable de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, Alejandro Navarrete, le ha dicho a esta periodista que el actual esquema de cobro de derechos por el uso del espectro es un camino en el que “todos perdemos”; hoy estamos viendo una propuesta que promete llevar a México a un escenario “ganar-ganar” difícil de despreciar. La moneda está en el aire.
C$T-GM