Han transcurrido ya 10 años desde que México emprendió lo que parecía imposible: alinear los factores políticos y económicos necesarios para reformar la mismísima Constitución. ¿El objetivo? acabar con una era en la que se bailaba al son que tocaban los “monopolios” de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Y es que, hace apenas una década, el país estaba estancado en una penosa realidad en la que los precios de los servicios de telecomunicaciones eran de los más altos entre los países miembros de la OCDE, los intentos de regulación eran paralizados por centenares de litigios y las decisiones sectoriales rebotaban de un lado a otro por la llamada “doble ventanilla”.
El 11 de junio de 2013, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto por el que se reformaron ocho artículos constitucionales (6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105), marcó el inicio de una etapa para dos de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
Este cambio estructural dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, nació con los “dientes” suficientes para aplicar un régimen de sanciones severo cuya principal característica es que las decisiones de esta autoridad no son objeto de suspensión.
Y es que vale recordar cómo antes de la reforma, prácticamente cualquier decisión del ente regulador, personificado en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), era paralizada por la suspensión que era otorgada dentro de las centenas de juicios de amparo que interponían las empresas afectadas.
Con su histórica “Agenda de los 180 días”, el IFT avanzó en meses lo que no se hizo en décadas: Publicó las bases para licitar dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, revisó los títulos de concesión vigentes para verificar su cumplimiento y constituir un Registro Público de Concesiones, operó la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y determinó la existencia de Agentes Económicos Preponderantes.
Y fue así como “Preponderancia” se convirtió en la palabra del momento ocupando primeras planas en medios de comunicación que se vieron en la necesidad de asignar a reporteras y reporteros, sólo para cubrir la llamada “fuente telecom”. ¿Podrá el IFT contra el poder fáctico de Slim y Azcárraga? era la pregunta que flotaba en el aire.
El 6 de marzo de 2014, a sólo tres días de que concluyera el plazo de seis meses que le ordenó la reforma constitucional, el Pleno del IFT emitió la resolución mediante la cual se determinó al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, Teléfonos de México, Teléfonos del Noroeste, Radiomóvil Dipsa, Grupo Carso, y Grupo Financiero Inbursa, como Agente Económico Preponderante en el sector de Telecomunicaciones (AEPT).
El mismo día, el órgano regulador hizo lo propio con la empresa de Emilio Azcárraga Jean: Grupo Televisa, conjuntamente con una veintena de entidades, fue declarado Agente Económico Preponderante en el sector mexicano de la radiodifusión (AEPR).
En aquellos días de reformas estructurales, leyes secundarias y los amparos que obviamente interpusieron las empresas de dos de los hombres más ricos del país, aprendimos que un AEP es la empresa o grupo que cuente directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, nivel medido por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.
Desde los medios de comunicación, también empezamos a escribir y a hablar con vehemencia de las reglas asimétricas, pues cada una de las nuevas medidas impuestas a los monstruos de la telefonía y la televisión, eran motivo de notas periodísticas, entrevistas y eje central de muchas juntas editoriales.
Hoy, a 10 años de la reforma estructural que diseñó y echó a andar el PRI de Enrique Peña Nieto y tras prácticamente un sexenio del partido Morena en la silla presidencial, los preponderantes siguen entre nosotros.
Y es que desde el día 1 de las declaratorias de preponderancia en ambos sectores se han escuchado voces a favor y en contra de ese ordenamiento constitucional y de las decisiones tomadas por el IFT.
Lo cierto es que tras dos Revisiones Bienales sobre la efectividad de las medidas asimétricas impuestas al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) y una separación funcional, esa concentración de mercado que se buscaba eliminar, ha caído 9 puntos porcentuales, es decir, apenas 1 punto porcentual por año, como calcula la consultora The CIU.
Y con todo y esto, de cara a la tercera revisión bienal de las medidas asimétricas impuestas a América Móvil, el propio grupo empresarial -como es obvio-, y analistas convencidos de su verdad, señalan la pertinencia de que es hora de retirarle la etiqueta de la preponderancia.
En materia de radiodifusión, es importante recordar que al igual que se hizo en el sector telecomunicaciones, Grupo Televisa fue sujeta a medidas asimétricas que se definieron en la resolución por la que el IFT lo declaró Agente Económico Preponderante en el sector de Radiodifusión (AEPR) en 2014 y en la Resolución Bienal de 2017, que incluyeron, entre otras, reglas asociadas con la compartición de infraestructura y la comercialización de contenidos y espacios publicitarios en condiciones no discriminatorias.
Durante 2022, el órgano regulador recibió un informe conductual del AEPR y la opinión en términos de competencia por parte de su Unidad de Cumplimiento y la Unidad de Competencia Económica, respectivamente, con lo cual se elaboró una propuesta de medidas.
Es así que este año, y de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo del IFT, se sustanciará el procedimiento y se notificará al AEPR el cierre de este; asimismo, se elaborará el proyecto de resolución final que será presentado a consideración del Pleno del Instituto para su aprobación.
En este escenario, es de reconocer la habilidad del preponderante en radiodifusión para hacerse invisible, pues tanto en medios de comunicación, como en los círculos de analistas y de industria, e incluso desde el mismo órgano regulador, se suele hablar muy poco o nada de su preponderancia y menos aún de su poder sustancial en mercados, que siguen siendo clave como el de la televisión de paga.
Sin desdeñar los avances obtenidos y la importancia de contar con una autoridad sectorial tan bien armada que ha sido reconocida internacionalmente, hoy, la pregunta es: ¿podemos estar conformes con la fotografía actual en materia de competencia? o será que en los mercados regulados por el IFT se enfrenta una realidad darwiniana en la que sobrevive no el mejor operador, sino el que mejor se adapta al cambio. ¿Aprendieron los preponderantes a vivir y convivir con su regulación asimétrica?
Es momento de la autocrítica y la reflexión sobre lo que sigue, porque a 10 años… cuando despertamos, los preponderantes aún están aquí.
C$T-GM