En los últimos cinco años, se ha autorizado en México la operación de 67 empresas Fintech, que conjuntan un capital total superior a los 3 mil millones de pesos y cuentan ya con más de 64 millones de usuarios en el país. En tanto, otras 30 licencias de este tipo siguen en espera de recibir el visto bueno de las autoridades competentes para poder operar.
El universo de las empresas autorizadas se conforma por 45 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y 22 Instituciones de Fondeo Colectivo (IFC), según los estándares establecidos en la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, que empezó a operar en 2018.
Carlos Valderrama, socio fundador de la firma consultora Legal Paradox explicó que estas cifras si bien son mayores a las que se esperaba obtener al inicio de los procesos de autorización, aún es corta si se compara con el número de solicitudes presentadas por iniciativas que buscan convertirse en uno u otro tipo de empresas Fintech en México.
Durante un seminario especializado en Fintech y Blockchain, ofrecido por su compañía en conjunto con la Embajada Británica en México, recordó que estas autorizaciones dependen en principio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero también se escucha la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, por lo cual, además de contar con soluciones innovadoras y eficientes en materia de tecnología, las empresas deben también cumplir una serie de lineamientos financieros estrictos.
De hecho, en este periodo se han presentado 111 solicitudes para operar empresas denominadas IFPE, es decir, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. De ellas, 45 por ciento recibieron ya autorización (41 por ciento), en tanto 21 más de encuentran en proceso para recibir el visto bueno (19 por ciento); 21 se han desistido (18 por ciento); 23 fueron negados (21 por ciento) y 3 fueron desechadas en forma definitiva (2.0 por ciento).
Por lo que hace a las Instituciones de Fondeo Colectivo (también conocidas como IFC), desde 2018 a la fecha se han presentado 52 solicitudes de las cuales 22 ya fueron autorizadas (43 por ciento); 9 más están en proceso (17 por ciento); 12 se desistieron (23 por ciento) y 9 más fueron negadas (17 por ciento). En este rubro, no se ha desechado ninguna solicitud.
El total de las 67 empresas autorizadas hasta ahora (45 IFPE y 22 IFC), implica una inversión conjunta de 3 mil 165 millones 700 mil 236 pesos, conformados por 2 mil 898 millones 784 mil 508 pesos para las IFPE y 266 millones 715 mil pesos para las IFC.
Las empresas financieras de base tecnológica que no son bancos, han significado una gran alternativa de inclusión financiera para muchas personas que no han entrado al sistema bancario y que pueden encontrar en ellas muchas opciones que hasta ahora no tienen.
Carlos Valdarrama recordó que este tipo de empresas tienen mayor flexibilidad en comparación con el sistema financiero tradicional y su nivel de inversión es mucho menor, al no tener necesidad de grandes estructuras físicas como oficinas y sucursales de la banca tradicional.
Sin embargo, la regulación es muy específica y seria e incluso la llamada Ley Fintech, fue pionera en el mundo para esta industria y muchos países han volteado a ver a México para tomar aspectos positivos de esta legislación, surgida precisamente para generar certeza entre los usuarios y dar claridad a la relación entre las empresas y las autoridades encargadas de regularlas.
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