Debe valorarse como una inversión y pieza clave para la economía.
Cada año, el IFT ejerce un presupuesto de alrededor de mil 500 millones de pesos anuales; sin embargo, por concepto de recaudación en diversos ámbitos como el pago de derechos de frecuencias, sólo en el primer trimestre de 2020 ingresó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) más de 21 mil millones de pesos, lo que evidencia que el gasto de este órgano regulador es mínimo comparado con el aporte que realiza al Estado, precisó el Comisionado, Mario Fromow.
En referencia a la reforma administrativa que el Ejecutivo pretende realizar y que implicará adelgazar instituciones y órganos autónomos como el IFT, el integrante del Pleno de este órgano regulador sostuvo que los datos duros respaldan el trabajo y la función social que ejerce este ente.
“En un sólo trimestre recauda y canaliza más de lo que es su presupuesto anual. En un sólo trimestre recaudamos más de 21 mil millones de pesos, con un presupuesto de mil 500 millones de pesos. Esto da una idea de cómo no llegamos ni al 10 por ciento de lo que recaudamos en un trimestre. No solamente eso, están todos los ahorros que se han derivado de nuestro actuar en estos años”.
En materia de inversión, la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha sido clave para que en 2019 las inversiones de los operadores superaran los 97 mil millones de pesos, cuando en 2013 la cifra se ubicó en sólo 71 mil millones de pesos.
En entrevista con ConsumoTIC, Mario Fromow refirió que la reforma constitucional de 2013 fue resultado de una exigencia de más de dos décadas para que la población tuviera acceso a un mayor número de medios de información, más y mejores servicios, así como un entorno de competencia y certidumbre en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
La autonomía constitucional, de la que se dotó al IFT, “no fue resultado de la improvisación o de una situación caprichosa”, sino del perfeccionamiento institucional y normativo de lo que se tenía a partir de la experiencia de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como un órgano dependiente jerárquicamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las mejores prácticas internacionales han demostrado que el mejor escenario es aquél que tiene un ente que atiende la política pública y otro encargado de la resolución, tal como quedó en México con la creación del IFT hace siete años y que en la actualidad es referente a nivel internacional.
Tan es así que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, publicó el Rastreador Regulatorio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el que el IFT obtuvo una calificación de 90 puntos que lo sitúa en la posición 19, un cambio importante si se considera que en un análisis similar hecho en 2013 ubicaba a México en el lugar 62, al mismo nivel que países como Malí.
“Esto nos hace que estemos mejor calificados que países como Estados Unidos, Canadá y España en cuanto a cuestión regulatoria y que nos ratifica como uno de los reguladores de Cuarta Generación que se consideran como reguladores que han logrado un equilibrio entre la apertura y la efectividad de la regulación, a tal grado que hay una regulación integral, liderada por objetivos de política económica y social”.
Esto, añadió el comisionado Fromow, significa que las decisiones que toma el Instituto se dan con base en objetivos de política económica y social y que en el centro de sus decisiones están los usuarios de telecomunicaciones y las audiencias de los servicios de radiodifusión.
En ese sentido, advirtió que de avanzar la propuesta del Ejecutivo, el mercado de las telecomunicaciones regresaría en su historia más de 25 años y se dejaría de lado el aporte de la autonomía institucional que ha sido el medio para que la toma de decisiones esté basada exclusivamente en la especialización técnica ajena a intereses económicos y políticos, lo que ha permitido no sólo trascender gobiernos, sino también posiciones de agentes económicos, logrando con ello generar beneficios económicos para la población.
“El IFT es una institución no sólo independiente tanto de los órganos políticos, como de los entes regulados, sino también especializada y profesional capaz de emitir regulación de vanguardia sobre la base de disciplina y racionalidad técnica… En el T-MEC se puso como tema central la autonomía de este regulador, precisamente para dar certeza jurídica a las inversiones y que las decisiones no fueran políticas sino técnicas”.
Por su parte, Adolfo Cuevas, comisionado Presidente interino del IFT, sostuvo que pretender desaparecer o cambiar el funcionamiento del órgano regulador implica una reforma constitucional que conlleva una alta relevancia que debe ser considerada con el nivel de responsabilidad que requiere tocar a la Constitución como fue hecho en 2013 para crear el IFT.
“No sólo eso, la existencia de un órgano regulador independiente fue pactada por el gobierno de México en el TMEC en el capítulo 18, tendría que tocarse el TMEC para que el IFT desapareciera y las funciones fueran trasladadas a una autoridad distinta”, señaló en entrevista radiofónica transmitida en W Radio.
A través de sus cuentas de Twitter, otros integrantes del Pleno del IFT como Javier Juárez Mojica coincidieron en que el actual diseño regulatorio en el sector telecomunicaciones y radiodifusión es resultado de décadas de evolución, “regresar estas funciones a una secretaría de Estado implica un retroceso de 25 años al menos”.
Asimismo, el comisionado Arturo Robles subrayó que “la autonomía del IFT es resultado de un reclamo social, un avance en nuestra democracia. Permite acceder a más y mejores servicios de telecomunicaciones; medios de información, sobre todo a comunidades y pueblos indígenas; y genera “piso parejo” y certidumbre a inversiones”, dijo el Arturo Robles, comisionado del órgano regulador.
C$T-GM
