Partidos de oposición ¿defenderán o negociarán reforma?
La reunión de gabinete de este 11 de enero, dará luz sobre los tiempos y la forma en la que el Jefe del Ejecutivo pretende llevar a cabo una reforma administrativa, así como los planes para superar los cambios legislativos y constitucionales que implicaría modificar la estructura y operación de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Modificar la autonomía del IFT y cambiar la operación de la COFECE exigirá cambios constitucionales relevantes, así como un porcentaje mínimo de legisladores que quieran apoyar esta iniciativa, sin contar con algunos obstáculos relevantes como será transformar algunas de las condiciones establecidas en el acuerdo comercial del T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.
Ahora como oposición, y como aliados para enfrentar un año electoral, será muy interesante saber cómo el PAN, PRI y PRD decidirán defender el legado legislativo que construyeron al participar de esta importante reforma de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013, principalmente uno de estos partidos que lo hizo al estar como gobierno, pero que ahora deberá fijar una postura para definir si se oponen a cambiar una reforma de la que fueron parte, o si estará sujeta a negociaciones.
“En un año electoral que salga esta iniciativa preocupa un poco por las cuestiones que se pudieran negociar; se desconoce cuál será la composición del Poder Legislativo después de las elecciones, y en todo caso la pelea para eliminar al IFT podría resultar desgastante. Por el momento se desconoce hasta qué punto realmente se quiere llevar este tema”, precisó Jesús Romo, consultor de Telconomía.
En entrevista con ConsumoTIC, el especialista indicó que ante una eventual desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué pasaría con las reglas asimétricas impuestas al Agente Económico Preponderante?, si deja de existir la institución que generó esa normatividad y es responsable de vigilar y evaluar su eficiencia ¿qué pasará con la preponderancia?
Para el especialista en Telecomunicaciones, algunos de los elementos de la reforma administrativa, no son del todo claros, pues si se pretende que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) retome la dirección de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país, entonces ¿para qué desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones?
El argumento de querer eficientar y evitar duplicidad de funciones en favor de la industria, es algo insostenible, pues la reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2013, claramente atendió el tema de eliminar la “doble ventanilla”.
“Un objetivo de la Reforma fue sacar al Ejecutivo del Régimen de Concesiones y del tema de competencia, entonces la duplicidad de tareas se ataja con la reforma… llevamos seis años con reglas de preponderancia y sabíamos que eso no sería fácil, que implicaba revisar y actualizar viendo el largo plazo, al regresar estas tareas al ejecutivo, se pone en duda uno de los propósitos primordiales que nacieron con el IFT”.
Con la aplicación de las leyes asimétricas, nuevamente en manos del Ejecutivo también se perdería la independencia y facultades que se le dieron al IFT y que claramente carecía la COFETEL, ello tomaría signos de querer hacer una dependencia, más que fortalecer un organismo técnico y especializado.
En la parte de política pública hay muchos argumentos que avalan la necesidad de contar con organismos técnicos, especializados y con independencia en el ejercicio de la regulación; con la exposición de motivos del Ejecutivo y su reforma administrativa, habrá oportunidad de evidenciar todos los aspectos técnicos que favorecen la permanencia del IFT.
“Una nueva reforma dejaría un régimen medio parchado; se pasaría de operar un organismo autónomo e independiente a una dependencia del ejecutivo federal que absorbería tareas que fueron pensadas para una entidad técnica y especializada, y aunque mantenga vigente a todo su personal y conserve el nombre, cambiaría lo sustantivo pues se tendría un agente más de la administración pública”.
Ahora las empresas reguladas volverían a la práctica de captar a un parte del poder ejecutivo, pero uno de los mayores riesgos es que una nueva reforma constitucional, se revisaría no solo la existencia del IFT, sino también hay la posibilidad de querer modificar todo lo relacionado con las reglas asimétricas y el concepto de preponderancia, advirtió.
C$T-EVP
