Capítulo 18 obliga a México a tener regulador independiente.
A unos días (¿horas?) de que el demócrata Joe Biden asuma el poder en el gobierno de Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo mexicano amenaza con violar los compromisos adquiridos frente al TMEC, llevando a cabo una reforma administrativa que implicará adelgazar instituciones y órganos autónomos como el IFT, una entidad en la cual no encuentra razones para justificar su autonomía y dejarla fuera de la austeridad republicana.
Así, en la primera semana de este 2021, el presidente de México coloca las fichas de su tablero para pasar del amago a la acción: El próximo lunes tendrá una reunión de gabinete para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore un plan para presentar una reforma legal que le permita integrar a esa dependencia las operaciones y funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Más allá del impacto que tendría una decisión de esta magnitud, de los cambios constitucionales que obligatoriamente tendrían que hacerse, del retroceso en el diseño regulatorio que implicaría regresar las funciones del Instituto a una secretaría de Estado, es fundamental recordar el Capítulo 18 del T-MEC que obliga a cada socio a garantizar que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.
“En México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente, señala el propio documento del T-MEC.
El sector de las telecomunicaciones es tan importante en este tratado que tiene este capítulo expreso, conformado por 27 artículos y por lo tanto es mucho más robusto que el establecido en el TLCAN, y toma en consideración la añeja batalla que se ganó en 2013 con la creación del IFT; entidad autónoma, respecto del Poder Ejecutivo, e independiente en sus decisiones y funcionamiento.
El trabajo del IFT es reconocido a nivel internacional; su alcance en términos de la reestructuración del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión se evidencia en el desempeño de la economía mexicana al ser una poderosa fuente de inversión.
La posición expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 7 de enero, contrasta con lo expuesto en el documento en el que él mismo somete a ratificación del Senado la designación de dos nuevas comisionadas: Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez para un periodo de nueve años en el Pleno del órgano regulador.
“El Ejecutivo Federal a mi cargo considera indispensable que dicho órgano autónomo continúe funcionando con la más alta probidad, capacidad de respuesta y profesionalismo que lo ha caracterizado en estos años”, señala el documento.
En la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden… mantendremos una política de buena vecindad”.
¿De concretarse la desaparición del IFT, los socios comerciales de México pasarían por alto el artículo 18 del T-MEC? ¿Es la austeridad un argumento válido para desmantelar los logros en materia de competencia y los beneficios que ello representa para los usuarios de servicios de telecomunicaciones? ¿Tiene la SCT la capacidad técnica y operativa para realizar las funciones del IFT? ¿Quién gana con la desaparición del IFT?
En definitiva, el debilitamiento institucional de los órganos reguladores no es una apuesta segura, eficiente y mucho menos benéfica para el país. ¿Ejemplos? Veamos el sector energético donde acciones de este tipo han favorecido las ineficiencias de Pemex reduciendo las inversiones y el crecimiento del sector.
C$T-GM