Reforma fortalece actuación de la Profeco.
Luego de 26 años de vigencia, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) fue reformada en 28 de sus artículos, con lo cual se «acaba con muchas zonas grises de la antigua legislación»; se fortalecen herramientas de la Profeco y se actualiza la normatividad a la evolución vertiginosa que presenta el desarrollo tecnológico.
El Procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, destacó cómo en poco tiempo «hemos pasado del teléfono fijo al fax, y luego al móvil; de la vieja computadora de tarjetas perforadas a los miniordenadores; y del antiguo cassette al modelo de almacenaje de la USB».
Todos estos cambios tecnológicos han propiciado un cambio en los hábitos del consumo; la oferta de bienes y servicios es creciente, y el comercio electrónico «nos ha generado problemas difíciles de atender, debido a que la ley y el derecho siempre estarán a la zaga de los avances tecnológicos».
Con la reforma a la LFPC, la institución tiene más capacidad para equilibrar y hacer converger las asimétricas relaciones que se generan entre los proveedores de productos y servicios y los consumidores.
«Hoy tenemos, mejor sustentadas y legalmente formalizadas figuras y herramientas que en el pasado se aplicaban en vía de hecho, ejemplo de ello son las alertas que serán emitidas motu propio frente a bienes de consumo que pongan en peligro la salud o la vida de los consumidores, o el copy advice, en la publicidad comercial», indicó.
Aunque la Profeco fue la primera defensoría de América Latina, respecto a otros países del mercado global, México presentaba un rezago importante, pues mientras los diferendos entre consumidores y empresas se dirimían en Tribunales de lo Civil, en otras naciones ya existían tribunales especializados para conocer de los asuntos del consumidor.
A mediados de los 70 cuando nació la Profeco (1976) el mercado nacional era concebido bajo esquemas de «proteccionismo a ultranza»; se tenían más de 200 productos bajo control de precio, y las fronteras del país virtualmente se encontraban cerradas a la importación y exportación; sin embargo, hoy la institución ha logrado evolucionar en su operación de forma y fondo.
“Permítanme afirmar, con plena convicción, que la protección al consumidor no contradice ni dificulta el desarrollo de una economía de mercado. Por el contrario resulta indispensable para eliminar prácticas contrarias a la libre y justa competencia”.
Durante su intervención en la presentación de la Reforma de la LFPC, el senador Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, destacó el consenso en torno a darle facultades a la Profeco de cobrar las multas que imponga, sin que estos recursos pasen a formar parte de su patrimonio.
Se establece la posibilidad para las empresas sancionadas que si realiza el pago de la multa fijada por la Profeco antes de 30 días, podrá hacerse acreedor a un descuento del 50 por ciento, así como abrir la posibilidad de que este pago se haga en forma electrónica.
De igual forma se acordó ampliar el plazo a 30 días hábiles para que las autoridades aprueben los contratos de adhesión presentados por las empresas, o de lo contrario que proceda la afirmativa ficta, algo favorable para los regulados que no deben perder tiempo en trámites que no se rigen por los tiempos establecidos.
El legislador habló del pendiente a futuro inmediato de establecer mecanismos mucho más fáciles y expeditos para presentar una queja, pues en la actualidad en promedio se presentan solo dos quejas por día, respecto de la totalidad de las oficinas que tiene la Profeco en todo el país.
Por su parte, el diputado Jorge Enrique Dávila, indicó que la modernización de la LFPC tuvo por objeto dar mayor certidumbre jurídica a la relación entre proveedores y consumidores, así como otorgar mayores herramientas a la Profeco y a las empresas legalmente establecidas.
Habló de la necesidad de regular el creciente comercio electrónico, por lo que en la reforma se estableció que el proveedor de estas plataformas deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana (NOM) expedida por la Secretaría de Economía, con lo cual se busca estar al nivel de la dinámica que impone la actual evolución tecnológica.
C$T-EVP
