La obligación de diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica es una regulación que busca “censurar” a los medios de comunicación, por lo que los industriales de la radio y la televisión agremiados a la CIRT hicieron un llamado a los ministros de la SCJN, al Congreso y al Ejecutivo para que se pongan del lado de la libertad de expresión, dijo José Antonio García, presidente de la cámara.
En caso de que prevalezca la “censura” que se busca imponer a los medios de comunicación, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) acudirá a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Tenemos entendido que más o menos a mediados de marzo el Pleno (de la SCJN) estará analizando este proceso de inconstitucionalidad. De aquí a esa fecha estaremos buscando a los ministros para reunirnos con ellos y tratar de hacer conciencia de la gravedad del tema”.
En conferencia de prensa, el representante de la CIRT dijo que “cualquier tipo de regulación a los medios de comunicación es censura”.
“Estas resoluciones sólo afectan a la radio y a la televisión mexicana, a ningún otro medio de comunicación le afectan. Los demás medios de comunicación como pueden ser OTTs, streaming, canales de televisión y audio restringido, redes sociales, que en su mayoría está en manos de extranjeros, no tiene ninguna limitación y regulación”.
José Antonio García hizo un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise con cuidado lo que significaría una abierta censura a comunicadores; al Congreso, para que no deje que le invadan sus facultades legislativas y al Ejecutivo para que amplíe las libertades y no las acote.
El empresario expresó su preocupación porque el ministro Juan Luis Gutiérrez Alcántara, haya presentado un proyecto que “dice defender” a las audiencias, cuando en realidad pretende negar el derecho a estar debidamente informadas.
Afirmó que el ministro ha ventilado que trabajó para el régimen de López Portillo, en la dirección de RTC y en la productora nacional de radio y televisión; “su función en aquella época era censurar a los medios y a esa época, a 45 años atrás no queremos regresar”.
La censura, sostuvo, quiere hacerse mediante cuatro modalidades: que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar e identificar información de opinión, así como que los códigos de ética de todas las estaciones y programas de radio y televisión “sean avalados por el Estado”.
A ello, dijo, se suma que cada programa cuente con defensores de audiencia nombrados por el gobierno, es decir, “censores oficiales” y que por cualquier violación a los puntos anteriores, se llegue a multas económicas para estaciones de radio y televisión, inclusive hasta la suspensión de transmisiones.
Respecto a que en días previos, representantes de medios públicos como Jenaro Villamil, Aleida Calleja y Gabriel Sosa Plata, expusieron su apoyo por la resolución del Poder Judicial, indicó que la decisión también les afecta, aunque seguramente reciben instrucciones y están protegidos contra esas medidas.
“A quienes manifestaron estar a favor de esta resolución de la Sala, son medios públicos que seguramente reciben instrucciones, son subordinados del Estado. Seguramente estarán protegidos contra estas medidas, lo desconozco, pero que quede claro: son subordinados del Estado, nosotros somos medios independientes”, remarcó.
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