Tras varios años de documentar y medir los efectos negativos que generan los altos costos del espectro radioeléctrico, el IFT hace un nuevo intento, pero esta vez poniendo sobre la mesa un cambio de paradigma: establecer un esquema temporal para que los operadores paguen por este recurso el 1.0 por ciento de sus ingresos por servicios de telefonía e internet móviles.
De acuerdo con el oficio en el que la Unidad de Espectro Radioeléctrico del órgano regulador presenta al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, las propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD), que serán enviadas a la autoridad hacendaria, se sugiere establecer cuotas de derechos alineadas con el valor internacional del espectro.
Sin embargo, este planteamiento va acompañado de una propuesta difícil de despreciar por su carácter innovador y moderno: incluir una medida temporal de tres años que consiste en establecer a los operadores un pago de 1.0 por ciento de sus ingresos por servicios de telefonía e internet móviles. Es decir, paga más quien más espectro usa.
La recomendación del órgano regulador está lejos de ser una ocurrencia, pues tiene su verdadero valor en el simple pero poderoso argumento de reducir el impacto fiscal que tiene, precisamente, el hecho de ajustar los derechos de las bandas asignadas a su nivel de benchmark.
El documento de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, cuyo titular es el ingeniero Alejandro Navarrete, recuerda cómo a lo largo del tiempo ha expuesto la tendencia a la baja que se tiene en la recaudación por el uso del espectro, por lo que ha llegado a la conclusión que el esquema actual es insostenible.
“… pero se considera que todavía se pueden implementar acciones para revertir la actual tendencia que no sólo daña a la competencia y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones sino también la recaudación”, señala el documento al que tuvo acceso ConsumoTIC.
Entre los elementos de análisis que el documento aporta, se encuentra el hecho de que en la actualidad se tienen identificados 346.7 MHz de espectro disponibles en las bandas de 600 MHz, 800 MHz / 850 MHz, L, PCS, AWS, 2.5 GHz y 3.5 GHz que pueden ser susceptibles de asignarse; sin embargo, los niveles actuales de los derechos no permiten su posible asignación.
“El valor anual de dicho espectro a nivel del benchmark se estima en más de 9 mil millones de pesos anuales. Considerando esto, si bien existe un costo fiscal de la propuesta a corto plazo, a mediano y largo plazo se tendría una recuperación y aumento de la recaudación”.
Como le decía al inicio de esta columna, en los últimos seis años, el IFT, a través de su Unidad de Espectro Radioeléctrico, ha documentado y medido que el costo por el uso, aprovechamiento y explotación de este recurso esencial para los servicios móviles de telefonía e internet, es muy alto con relación a sus referencias internacionales comparables.
De hecho, en 2019 el órgano regulador le hizo llegar a la SHCP el “Estudio sobre la valuación y determinación de derechos para bandas IMT en México”, acompañado de una propuesta para ajustar los montos que se cobran por los derechos.
Asimismo, el IFT envió propuestas similares a la autoridad hacendaria que no prosperaron durante los años 2020, 2021 y 2022. Incluso en octubre de 2020, el Pleno del IFT emitió un documento denominado “Efectos y alternativas de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en materia de espectro radioeléctrico”.
En dicho documento, el instituto resaltó los efectos negativos que ha tenido el alto costo de este recurso en México, y el cual también se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), al Congreso de la Unión y otras autoridades.
Y es que en México, las cuotas establecidas en la LFD son el principal factor del alto costo del espectro radioeléctrico, ya que llegan a superar el 90 por ciento del costo total de las bandas de frecuencias para implementar sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), desplazando a las licitaciones públicas como el instrumento definido en la Constitución para la asignación de este recurso.
De hecho, datos del IFT señalan que únicamente tomando en cuenta los derechos, las bandas de frecuencias asignadas son 35 por ciento más costosas que la valuación del mismo espectro utilizando las referencias internacionales.
Es así que llevamos años hablando de cómo en México la mayor parte del costo del espectro radioeléctrico de las bandas de frecuencias asignadas es un costo fijo y se concentra en el pago de derechos.
Esta situación es reconocida por el IFT al asegurar que crea una inflexibilidad sustancial para que competidores de menor tamaño, distintos al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) puedan ajustar sus costos.
Y es que mientras Telcel, que forma parte del AEPT paga 4.12 por ciento de sus ingresos anuales por el uso del espectro, su principal competidor, AT&T, paga el 11.62 por ciento, lo cual ha creado una desventaja en costos sustancial.
“Por lo tanto, se han afectado los incentivos de los competidores del AEPT para adquirir o mantener espectro, así como la capacidad para competir”, subraya el propio órgano regulador.
A lo largo de los años, el IFT ha insistido en cómo el esquema de altos costos del espectro se ha mantenido como consecuencia de no haber adecuado los montos de derechos por uso de este recurso, (en la mayoría de las bandas no han sido revisadas en los últimos 20 años), por lo que su fijación responde a otras circunstancias tecnológicas, de mercado y competencia.
“Los efectos negativos que se han mencionado restan competitividad al país y disminuyen de manera importante los ingresos públicos que corresponden al Estado por las devoluciones de espectro radioeléctrico y la tendencia a la baja en su asignación, situación que la Unidad de Espectro Radioeléctrico de este instituto considera que se seguirá presentando mientras no se modifique el nivel actual de cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico para sistemas IMT”.
Proponer el pago por el uso del espectro por ingresos de los operadores, no es la única propuesta que el IFT realiza de cara a la integración del anteproyecto de reformas a la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2024.
El regulador plantea reducir los derechos de las bandas destinadas a servicios 5G que no se han asignado, como las bandas de 600 MHz y L, a un 30 por ciento de su referencia internacional, con el fin de promover el desarrollo y adopción de 5G, y sin costo fiscal.
Asimismo, propone reestructurar las cuotas de los derechos de las bandas de 600 MHz y 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de por región celular; además, pone sobre la mesa la necesidad de fomentar la entrada de nuevos competidores, exentando el pago de derechos los primeros dos años de la concesión, sólo a entrantes que comprueben la inversión y empiecen el uso de la banda en el mismo plazo otorgado.
La profundidad de estas otras tres propuestas me obliga a escribir otro texto en el que se abordarán los detalles y sobre todo, el “cómo sí” del IFT y sus especialistas.
C$T-GM