La amenaza de desaparecer el IFT crea mayor incertidumbre a la inversión y México podría enfrentar un panel de solución de controversias.
El sector mexicano de las telecomunicaciones cierra el 2023 e iniciará el 2024 con un ambiente de total incertidumbre derivada de diversos factores, entre los que destaca la amenaza presidencial de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que advierte posibles modificaciones constitucionales que requerirían de mayoría calificada en el Congreso o bien buscar la reforma legal, pero que podría tener consecuencias al enfrentar compromisos internacionales como es el caso del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Tanto funcionarios del IFT, como legisladores, abogados y economistas especializados en esta rama industrial, coinciden en el riesgo de que nuestro país pudiera ser llevado a un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) dadas las importantes inversiones que entre esos socios comercial han realizado en el sector mexicano de las telecomunicaciones.
Más allá de ese entorno nacional, expertos en materia económica aseguran que nuestro país ha comprometido un organismo autónomo como parte de las negociaciones en el T-MEC.
Este tratado fue firmado en noviembre del 2018 y se acordó su revisión al sexto año de vigencia, para determinar la continuidad de los beneficios del mismo.
En materia de telecomunicaciones el Instituto Mexicano para la Competencia (IMCO) señala que en el artículo 18.17 del T-MEC, se establece que “cada país garantizará la existencia, independencia e imparcialidad de su organismo regulador de telecomunicaciones, el cual tendrá la autoridad para imponer requisitos a los proveedores del sector en materia de licenciamientos, tarifas, asignaciones para servicios comerciales e interconexión de redes”.
El IMCO reconoce que para el cumplimiento del T-MEC, México tiene diversos pendientes.
El comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mojica, destacó que «la creación de un órgano regulador autónomo es algo que está estipulado en la Constitución. Creo que la discusión debe girar en torno a los indicadores que ahora muestra la industria, en lograr las tareas para lograr que las personas se integren a las nuevas tecnologías».
En 35 años que he cubierto el sector de las telecomunicaciones como fuente periodística, he informado respecto de diversos acontecimientos y fenómenos que ha colocado a esta industria en el ámbito de gran incertidumbre y, seguramente, la más cercana fue durante el proceso de configuración, análisis, aprobación e inicio de vigencia de la reforma constitucional de junio de 2013.
Sin duda alguna, esa modificación legal de gran calado tuvo, entre otros aspectos relevantes, la creación del IFT, organismo constitucional autónomo y prácticamente el encargado de ejecutar, en tiempo récord, la mayor parte de los cambios constitucionales y mandatos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero, además, lo anterior comprobó la necesidad de contar con comisionados y personal altamente especializado y previamente calificado en sus conocimientos y capacidades.
Contar con un organismo regulador autónomo y con “filosos dientes”, además de los tribunales especializados, fue una añeja demanda de la industria y recomendada por organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Tal mancuerna ha buscado conjurar el ámbito altamente litigioso en que se ha desarrollado el sector, sin contar los fracasados esfuerzos de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), dependiente de Poder Ejecutivo y la facilidad con la que se lograban amparos que frenaban resoluciones de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que, de la misma forma, representaba una doble ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La amenaza de desaparecer al IFT, para los más suspicaces y “sospechosistas”, tanto del bloque conservador como de la 4T, es más un tema de evitar transparencia desde el INAI, cuya justificación arrastra a todos los autónomos.
La incertidumbre se genera en momentos en que el IFT ha sido castigado mediante la permanencia de un Pleno incompleto, una reducción del 30 por ciento de su presupuesto en términos reales; además de que, entre otros temas de la agenda pendiente, la regulación asimétrica y las próximas decisiones al respecto tiene especial relevancia; de la misma forma que queda en el limbo la batalla para que en nuestro país se reduzca el costo del espectro radioeléctrico.
Pero, al mismo tiempo, la propuesta presidencial de emitir una iniciativa legal para desaparecer al IFT, se da en momentos en que la autoridad, el gobierno, se encuentra acéfalo en materia de telecomunicaciones tras la desaparición de la subsecretaría de comunicaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Difícilmente se podrá regular con huestes leales sin que haya la especialización necesaria. El objetivo de la creación de los órganos autónomos otorga legitimidad y credibilidad a determinaciones del Poder Ejecutivo y, en términos generales, de la administración pública.
Los órganos autónomos nacen para dar credibilidad y legitimidad a ciertas funciones que pertenecían a la órbita del Ejecutivo y de la administración. Los comisionados del IFT comentan que el organismo se debe evaluar conforme a resultados.
No podemos olvidar, por ejemplo, que Doreen Bogdab-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha reconocido que, gracias a diversas medidas y resoluciones emitidas desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), México muestra exitosos avances en materia de despliegue de infraestructura digital, además de mayor competencia y acceso a los servicios y a la conectividad.
C$T-GM