Escuchar a los gobernados, más que una simulación “democrática”, debiera ser un ejercicio real y vinculante entre el Poder Legislativo; particularmente cuando una iniciativa emanada de esa instancia, como es la creación del PANAUT, está más que comprobado, se trata de una propuesta errada para combatir el creciente delito de la extorsión y el secuestro.
No son pocas las voces autorizadas que en un ejercicio de “parlamento abierto”, presentaron a diputados, pruebas contundentes del fracaso que resultó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), una historia que tiene todo para repetirse con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual pese a las evidencias, los diputados decidieron turnar al Senado para su eventual aprobación.
Aunque salta a la vista que el robo de celulares está más que relacionado con los ilícitos de extorsión y secuestro, legisladores y autoridades asumen con pésima ingenuidad, que creando el PANAUT este delito disminuirá con solo tener plenamente identificado a los dueños de celulares, lo cual sólo hará más vulnerable al usuario, que además de ser víctima de robo, ahora podría ser acusado de delitos graves, pues mientras que “el sr. justicia virigua”, el propietario del dispositivo usado en un ilícito, puede ser el primer presunto culpable.
En los tiempos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se habló que mientras que en el periodo 2001-2004 sólo se denunciaron 315 extorsiones, para 2005-2006 la cifra se elevó mil 650 por ciento, al sumar 5 mil 198 delitos; la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción destacó que en 2018 fueron robados mil 972 celulares diariamente, reconociendo el gobierno de la CDMX que este delito es “muy muy alto”, pues más de 99 por ciento de estos ilícitos no son reportados a la autoridad.
Así, mientras el usuario debe sortear este tipo de ilícitos en las calles y en el transporte público todos los días, en plazas comerciales bien identificadas en el Eje Central, la venta de celulares “usados” sin acreditar su procedencia, crece con la mayor impunidad, a lo que se suma las víctimas que caen en manos de bandas bien organizadas que ofrecen en esos lugares, venta o arreglo de dispositivos, oferta que termina en burdo fraude o descarado robo.
De nada han valido las exigencias de organizaciones civiles, industria y órganos gremiales para aprovechar la denuncia anónima del robo de celular al 089, o imponer “cero señal celular” en los penales del país, donde pese a la regulación vigente y a la tecnología suficiente para bloquear las señales en los reclusorios la industria de la extorsión y del secuestro crece sin freno.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el arranque del PANAUT exigiría 100 millones de pesos y un gasto de mantenimiento anual de 90 millones; erogación inútil, si como se prevé el PANAUT enfrentará una andanada de amparos, tal como sucedió con la cancelación del RENAUT luego de resolverse más de 370 amparos.
No menos importante es el señalamiento de que en México se carece de una Identificación Digital Universal, necesaria para generar un padrón confiable y eficiente y en el cual estarán involucrados al menos 100 millones de mexicanos, ¿será que en lugar de repetir fracasos comprobados?, se debería iniciar un proyecto de mayor relevancia para los mexicanos.
La insoportable necedad de errar es insostenible y como siempre a los mexicanos solo nos queda la esperanza de que en el Senado de la República prevalezca la sensibilidad, la mesura y la inteligencia para crear estrategias, directas y efectivas para combatir con mayor eficiencia el robo de celulares, la venta de dispositivos sin procedencia acreditada, y por supuesto el ejercicio de la extorsión y el secuestro desde los centros de readaptación.
C$T-GM
