En poco más de un mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enviará al Congreso de la Unión el Paquete Económico de la Federación (PEF) 2022. El análisis de este documento, cuya elaboración se encuentra en la fase final, hace obligado colocar en la palestra preguntas que no por su recurrencia anual, dejan de ser importantes.
¿Se buscará reformar la Ley Federal de Derechos, pero para reducir el costo del espectro radioeléctrico? ¿Veremos una propuesta de eliminación del IEPS en servicios de telecomunicaciones? ¿Será por la vía de la política prospectiva y no a través de la recaudación bárbara que el PEF buscará sacar a flote la economía nacional?
Preguntas nada ociosas pero sí incómodas para un gobierno falto de visión digital. El sector telecomunicaciones es estratégico y sobra explicar a estas alturas por qué y cómo ha contribuido a que México se mantenga de pie en el contexto de la crisis provocada por la pandemia.
Sin embargo, la respuesta a las interrogantes previas dista mucho de ser positiva. La tendencia así lo marca y se evidencia en los dichos y hechos de funcionarios con mente analógica lejanos al ritmo y exigencias de la economía digital.
Espectro radioeléctrico. No se ve, no se siente, pero está presente.
El espectro radioeléctrico es un recurso fácilmente comparado con el oxígeno. No lo podemos tocar ni ver, pero sin él, buena parte de la vida que hoy conocemos sería imposible.
Las redes sociales, los mensajes de trabajo, las compras por internet, las consultas a distancia con un médico, el libro que ya no existe en papel, el mensaje de aliento de un amigo, las clases a distancia…. nada de ello sería posible sin el espectro.
Evidentemente, el espectro es para las empresas que proveen los servicios de telecomunicaciones, un insumo fundamental, por lo que su costo es un factor determinante para impulsar la competencia, para incrementar cobertura y calidad; sin embargo, en México enfrenta el precio más alto de América Latina.
El costo del espectro en México, señala la GSMA, representa alrededor de los ingresos anuales del sector; casi el doble que en países como Estados Unidos y Alemania.
El rol de la SHCP, ahora comandada por Rogelio Ramírez de la O, en el futuro digital de México es clave: Más del 80 por ciento del costo total es derivado de los cánones anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos.
La consigna es clara: Para hacer frente a la creciente demanda de capacidad, infraestructura, servicios, aplicaciones, nuevos modelos de negocio y el cierre de la brecha digital, es imperativo eficientar las inversiones de la industria, darle el valor justo a la competencia y tener parámetros adecuados en los costos del espectro radioeléctrico.
IEPS en telecom, el absurdo impuesto que llegó para quedarse.
Desde hace 11 años, los usuarios de servicios de telecomunicaciones como la telefonía fija, móvil y la tv de paga, tenemos que sumar a la factura 3.0 por ciento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a artículos y servicios considerados no deseables para la población ya que causan un perjuicio a la salud como las bebidas alcohólicas, cigarros, confitería, refrescos, juegos con apuestas y sorteos.
Así de absurda ha sido la lógica fiscal en México, un país que no ha logrado enfrentar con eficacia y responsabilidad la disminución vertiginosa de la brecha digital, fenómeno que de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requiere inversiones superiores a los 11 mil millones de dólares.
En dos ocasiones (2012 y 2017), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a México la eliminación de este impuesto que afecta de manera directa a los consumidores y obstaculiza los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector de las telecomunicaciones.
Presupuestos, iniciativas legislativas, quejas y análisis van y vienen sin que nada en concreto pase en torno a este gravamen de “lujo” que perdura como si se hubiera escrito en piedra. Ni siquiera la profunda reforma en telecomunicaciones y radiodifusión realizada a nivel constitucional hace ocho años, ha sido motivo para erradicar este impuesto.
En 2018, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) ponía sobre la mesa la conveniencia de analizar la vigencia de este gravamen, pues su capacidad recaudatoria ya se había desvanecido a lo largo del tiempo.
De acuerdo con datos de la propia SHCP, desde 2010, justo cuando entra en vigor este gravamen, sólo se ha logrado superar la meta recaudatoria establecida por el gobierno en 2011 y 2013, cuando el IEPS a telecomunicaciones creció 34.7 y 23.1 por ciento real, respectivamente. En 2012, previo a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se reportó la mayor caída de recaudación por concepto de este impuesto, con 29.3 por ciento
Y así, con un impuesto restrictivo y anacrónico, barreras a la inversión materializadas en caros costos de espectro, las y los mexicanos de hoy estamos viendo cómo se lapida el futuro digital del país, que cada vez está más alejado de economías que sí se están apalancando en la innovación, el desarrollo tecnológico y el conocimiento.
En 2013, México se convirtió en el octavo país en garantizar constitucionalmente el derecho del acceso a internet. ¿De qué nos sirve si hay casi 40 millones de personas que no lo pueden ejercer?
C$T-GM
