La ausencia de una hoja de ruta definida para seguir impulsando las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el país, representa un freno para una industria que ha mostrado tener capacidad para realizar grandes aportaciones, no sólo al ámbito productivo y social, sino también en materia económica, pues por cada 1.0 por ciento que avanza la penetración de Banda Ancha Fija (BAF), el PIB podría crecer 0.8 por ciento.
En Banda Ancha Móvil (BAM) el impacto también es relevante, pues la experiencia en algunas economías con menor desarrollo que en México, se ha visto que por cada 1.0 por ciento que se aumenta la penetración en este tipo de conectividad, se genera un aumento del PIB de 0.25 por ciento, de ahí la importancia que tiene el sector en el desarrollo económico de México.
“Nos está faltando como país, fijar una línea, una hoja de ruta clara de dónde quiere estar México de aquí a 6, 12, 18, o 24 años en materia de conectividad, pero la conectividad por sí misma no implica que la población saque el máximo provecho de la tecnología, de ahí la importancia de marcar un rumbo más definido”, destacó Michel Hernández Tafoya, director General de Observatel.
México necesita contar con una agenda digital en la que se detalle cómo se alcanzará la conectividad universal, pero además cómo se integrarán todos los sectores productivos a esta dinámica, es decir, una línea estratégica que refleje la coherencia que hay entre los esfuerzos realizados para digitalizar al país y el impacto que tendrá este proceso en las personas.
La necesidad de una agenda también es relevante para destacar cuáles son los riesgos inherentes en la evolución tecnológica. El proceso de digitalización, debe estar orientado a que la población alcance el máximo beneficio con el uso de las telecom y las TIC, detalló el experto al presentar su conferencia magistral “Telecomunicaciones: Sector estratégico para el Desarrollo de México”.
No obstante los avances logrados a partir de la reforma del sector en 2013, destacó que los retos por superar son diversos, pues aún 28 por ciento de la población permanece desconectada, y en materia de Competencia, persisten algunos segmentos de esta industria (como comunicación móvil) sumamente concentrados.
“La desconexión hoy representa un signo más de desigualdad e inequidad pues alrededor de 30 millones de personas no usan internet en su vida diaria, brecha que también se refleja entre lo urbano y lo rural, pues mientras 78.3 por ciento de la población que vive en las ciudades tienen acceso a internet, sólo 50.4 por ciento goza de este privilegio en lo rural, lo que muestra que todavía hay mucho por hacer”.
En materia regulatoria también se presentan desafíos importantes, pues es imprescindible que las autoridades y reguladores tengan claro cuáles son las herramientas apropiadas para alcanzar objetivos y obligaciones vigentes. Cobertura universal, fondos de cobertura universal, obligaciones de cobertura universal, compromisos en materia de tratados comerciales; así como esquemas de inversión Asociación Público Privada (APP).
Se requiere también tener claridad de cómo entidades paraestatales como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos o empresas como Altán Redes abonarán a los objetivos de conectividad y de digitalización en el país, “aunque se esperaría un rol residual de la intervención del Estado”.
A pesar de estar fijado a nivel constitucional, falta también la creación de una Política Pública de inclusión digital universal, por lo cual “en Observatel se interpuso un juicio de amparo” para que el Jefe del Ejecutivo genere un Plan de Banda Ancha, Programas de Habilidades Digitales (en zonas rurales y adultos mayores), acceso a equipos terminales y muy importante los recursos orientados a detonar los servicios de conectividad.
Importantísimo en esta hoja de ruta está el fijar reglas, normas y condiciones que den “certidumbre” a las empresas del sector altamente intensivas en materia de inversiones, sobre todo en proyectos de largo plazo, así como garantizar la compartición de infraestructura para evitar duplicar esfuerzos que pueden resultar sumamente onerosos.
Establecer un rumbo definido en materia digital es una estrategia que ya han adoptado al menos 73 países, además que en 118 ya se cuenta con plnaes relacionados con estímulos económicos que consideran el despliegue y disponibilidad de servicios de banda ancha. Sin objetivos y metas claras, el problema es que las acciones que se emprendan pueden representar esfuerzos, débiles y aislados, así como regulaciones contrarias al proceso de digitalización que requiere el país.
“La participación de la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión en el Producto Interno Bruto (PIB) de México es importante, pues de 2014 a la fecha representó el 3.3 por ciento. Durante la pandemia, bajo escenarios de contracción y desaceleración económica esta industria fue una de las que lejos de caer siguió creciendo, aunque a tasas menores, de alrededor de 5.0 por ciento anual, precisó.
Tanto autoridades como reguladores deben tener presente que al fijarse la conectividad como un derecho humano fundamental en la reforma de 2013, en la constitución quedó establecida para el Estado Mexicano la obligación de generar condiciones “para superar la exclusión digital en todo el país”, y abstenerse de desiciones contrarias a la digitalización.
En lo social, el sector ha mostrado su relevancia, pues bajo condiciones de confinamiento la operación de las telecomunicaciones y las TIC representó garantizar el acceso a la educación, al trabajo remoto, servicios de salud, a la posibilidad de que la población tuviera acceso a comercio electrónico, sin olvidar la parte importante que representó tener como única opción el acceso al entretenimiento, se trata de “un gran habilitador de otros derechos fundamentales”.
C$T-EVP
