Tras los argumentos técnicos y datos duros que evidencian el impacto social y económico que tienen los altos costos por el uso del espectro radioeléctrico, que los comisionados del Pleno del IFT expusieron ante la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, una pregunta quedó en el aire: ¿qué sentido tiene ir hacia adelante con una Ley de Derechos que no juega en favor de México?
Ramiro Camacho, Sóstenes Díaz y Javier Juárez Mojica, integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recordaron que en México, el espectro radioeléctrico, que es un insumo fundamental para la prestación de servicios como el internet y la telefonía móvil, está 60 por ciento por encima de las referencias internacionales.
Esto genera al menos tres grandes problemas: Un impacto directo en las posibilidades de acceso de las personas usuarias, es decir, se convierte en un recurso que lejos de contribuir al cierre de la llamada brecha digital, se vuelve ineficiente en términos sociales.
“Tenemos además la pérdida para el erario. Si se quiere incrementar la recaudación esta política de precios altos tiene el efecto contrario. Pues esta situación del espectro caro provoca que los operadores se vean obligados a regresar el espectro, y además no toman el espectro que se pone a disposición en las licitaciones”, sostuvo Ramiro Camacho.
Además, el precio alto del espectro tiende a beneficiar a aquellos operadores que ya tienen redes muy establecidas, consolidadas y con mucha participación de mercado y suele poner en desventaja a las redes pequeñas, a los nuevos operadores y a los potenciales nuevos operadores.
“Si no hay espectro a precios razonables, ni siquiera nos vamos a enterar de potenciales operadores que pudieran haber surgido. Eso tiene efectos en la entrada y en la competencia y a su vez, la competencia tiene efectos directos en los precios. Tenemos que pensar en cómo hacer para que los precios se reduzcan para que más mexicanos puedan acceder, comprar paquetes de mayor capacidad y gente que vive en zonas no cubiertas, puedan obtener los servicios”.
Por su parte, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, expuso que la problemática no es solamente que se regrese el espectro al Estado, sino que se trata de un recurso que no genera beneficio para nadie.
“El impacto que tiene la estructura de costos se observa en las barrera para la entrada de nuevos operadores, y barreras para que los existentes se puedan ampliar y si no entran nuevos operadores y si no se amplía la cobertura de los que ya tenemos, al final de cuentas en lo que se traduce es que hay una menor oferta de servicios disponible para todos los usuarios”.
Además, en términos de industria 4.0 que requiere el uso de redes y tecnologías de nueva generación, México se estaría quedando a la zaga, pues mientras otros países apuestan por industrias más competitivas y eficientes, México no está logrando ofrecer espectro radioeléctrico a precios razonables, con lo cual sin duda pierde competitividad, mientras que las personas usuarias y sectores como el de las pequeñas y medianas empresas, carecen de más alternativas para poner en marcha proyectos productivos.
En su participación, el diputado Jorge Inzunza Armas expuso que “la gran pregunta es por qué se siguen manteniendo esas tarifas tan altas si el espectro con el que contamos no se utiliza, si el gobierno deja de generar ingresos, por qué esas tarifas son muy elevadas y no permiten que más empresas participen, cuál es el sentido de que tengamos estas tarifas y que estemos aprobando esta Ley de Derechos como la que se aprobó ayer cuando no está jugando en favor del país.
El legislador reconoció que la Comisión de Hacienda aprobó recientemente el dictamen de presupuesto donde se establece un alto costo del espectro lo cual «hace que México no sea competitivo y eso es preocupante, cuando cuando tenemos una situación en donde México puede perder hasta mil 700 empresas interesadas en instalarse aquí con inversiones de hasta 50 mil millones de dólares».
Durante la reunión, se abordó también el tema del presupuesto destinado al IFT, donde la diputada de Morena, Rosa Hernández Espejo, secretaria de la Comisión de Radio y Televisión cuestionó duramente al Instituto e incluso planteó la posibilidad de desaparecerlo, «ante el claro incumplimiento de su mandato constitucional».
Desde la perspectiva de la legisladora, el IFT es una institución que funciona «sólo en el papel» y que ha sido incapaz de combatir a las radios piratas que han proliferado de la mano de la delincuencia organizada y cuyo número se calcula ya en 2 mil 235 en total.
Al respecto, el comisionado Juárez Mojica aclaró que en la institución a su cargo el presupuesto se ejerce pensando siempre en el beneficio de los mexicanos.
Aclaró que «tenemos el presupuesto relativamente más bajo desde 2014». En los últimos años los salarios se han mantenido básicamente iguales y siempre se ejerce el recurso con criterios de austeridad y productividad, pensando siempre en «hacer más con menos».
No obstante, la legisladora insistió en que el IFT no garantiza los derechos de las audiencias, ha sido incapaz de hacer cumplir los preceptos de la Ley de Telecomunicaciones y que la eliminación de la larga distancia, la homologación de la marcación nacional y otros logros en materia de telecomunicaciones son mérito del Poder Legislativo y no de la autoridad regulatoria.
El comisionado presidente señaló que en sus 10 años de existencia, el IFT ha generado beneficios por 728 mil millones de pesos para los mexicanos. Es decir, por cada peso entregado en presupuesto público al IFT, éste ha generado 45.5 pesos en beneficio de la ciudadanía.
En respuesta a la dura crítica de la diputada Hernández Espejo, de Morena, sobre la presunta poca acción del IFT, el también comisionado del Instituto, Sóstenes Díaz González, advirtió que éste ha generado un sólido cuerpo normativo de regulación secundaria, que ha servido para garantizar los derechos de los ciudadanos en materia de telecomunicaciones.
A consecuencia de los trabajos del IFT, el internet ha incrementado su penetración y velocidad; llega con mejor calidad y precio y si bien la regulación tiene un alcance que podría considerarse limitado, gran parte de la evolución del sector se ha logrado gracias a la implementación de regulaciones como la interconexión, que hoy opera de una manera mucho más sencilla que antes, con sólo 9 zonas de interconexión, que antes se contaban por decenas y complicaban la operación.
Además, gracias al IFT se han logrado 210 convenios de interconexión de operadores y un total de 505 convenios de compartición. Si bien «falta mucho por hacer, la regulación sí da resultados», aclaró.
Durante la mesa de trabajo los comisionados también insistieron en la necesidad de lograr que la regulación a nivel municipal se estandarice como elemento central para ampliar el despliegue de infraestructura de fibra óptica, misma que facilita a su vez el despliegue de las redes 5G, cuya importancia reside en los casos de uso para la industria, lo cual redunda en la competitividad del país.
Sobre este tema, Javier Juárez Mojica recordó que en el nearshoring las empresas necesitan redes hidráulicas, de transporte, de energía y también de telecomunicaciones y para que éstas existan, es indispensable facilitar el despliegue.
C$T-GM