Anticipan acciones de inconstitucionalidad y “lluvia” de amparos.
Más grande que el padrón electoral que suma 90 millones de personas, el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en el Senado de la República y turnado al Ejecutivo para su publicación, es un valioso activo político de Morena rumbo al 2024.
Este mecanismo tendrá 32 millones de registros más que el del Instituto Nacional Electoral (INE), pero también una característica única: Será la primera y más grande base de datos biométricos (facciones del rostro, tono de voz, el iris y la huella dactilar) masiva y centralizada.
Hace 10 años, el senador Ricardo Monreal criticaba el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) argumentando que ni las autoridades ni los concesionarios de servicios de telecomunicaciones estaban capacitados para manejar tal cúmulo de información, además de que era clara la violación a los derechos y las libertades individuales.
¿Por qué este legislador votó a favor de un padrón mucho más peligroso? Quizá la respuesta esté, justo, en el proceso electoral 2023-2024 en el que habrá mucho en juego: Las y los mexicanos elegiremos presidente de la República, 500 integrantes de la Cámara de Diputados y 128 del Senado.
Organizaciones como R3D han advertido que a nivel mundial sólo 17 países exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Dicha lista está predominantemente compuesta de países autoritarios como China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, entre otros.
La sola insinuación de colocarse como un gobierno autoritario con un padrón que va en contra de la tendencia internacional y las buenas prácticas de países libres y democráticos, debiera ser suficiente para encender alertas en términos del costo político que se pagará en un proceso electoral. En la sesión del Pleno en la que se aprobó el PANAUT, el Senado de la República dejó en claro que puede más la filia política que el razonamiento; peor aún, hubo legisladoras y legisladores de Morena que prefirieron adoptar la estrategia del avestruz votando en abstención.
El dictamen aprobado será turnado al Ejecutivo para su publicación; en tanto, la oposición anticipa acciones de inconstitucionalidad y una “lluvia” de amparos de usuarios que no estarán dispuestos a entregar sus datos biométricos.
“Por supuesto que nos vamos a amparar y voy a poner a disposición de los millones de mexicanos un amparo tipo para que no tengan que dar sus datos biométricos y lo vamos a ganar porque nos asiste la razón”, advirtió la senadora Xóchitl Gálvez.
La legisladora también retó a la bancada de Morena a que levantara la mano el valiente que tendrá que desconectar a los millones de usuarios que no van a acudir a registrarse, no por la gravedad de la información que les están obligando a entregar, sino simplemente porque no tienen una identificación oficial o los medios para hacerlo.
“Se advierte que habrá entre acciones de inconstitucionalidad hasta juicios de amparo por muchos de los usuarios porque no hay retroactividad de la ley, cómo es que se va a obligar retroactivamente a que se registren los usuarios o se les cancela la línea”, señaló el senador Miguel Ángel Mancera.
El PANAUT, dijo, es un cóctel de violaciones constitucionales, una suma de afectaciones a diversas garantías que lejos de coadyuvar a la lucha contra la inseguridad, van a fomentar otras prácticas.
¿Puede más la tentación de tener una base de datos de tal magnitud que el tsunami político que se avecina? Todo parece indicar que sí; mientras tanto, como lo advirtieron legisladores de la oposición, “nos vemos en la Corte”.
C$T-GM
