En México, es necesario analizar a fondo los pro y contras, así como las consecuencias de la especialización judicial, definiendo métricas que permitan contar con información útil para la toma de decisiones respecto a la creación o permanencia de tribunales en una materia en particular, como los de Competencia y Telecomunicaciones.
“Los Tribunales de Competencia y Telecom fueron creados sin que existiera un análisis profundo de su pertinencia, siendo más bien un producto derivado porque con la reforma constitucional se buscaba reducir el número excesivo de litigios por diferentes medios de defensa y prohibir las suspensiones”, describe Clara Luz Álvarez, profesora investigadora de la Universidad Panamericana.
En su trabajo de investigación “Tribunales especializados en competencia y telecomunicaciones: por qué, para qué y cómo”, detalló que un análisis puede llevar a conocer si existe más o menos deferencia a la autoridad, si los jueces y litigantes utilizan o no conocimientos técnicos en su argumentación, si se eleva o no el estándar de revisión judicial en aspectos técnicos o especializados, entre otros.
Para la experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la calidad en los tribunales especializados debe evaluarse mediante un análisis a profundidad de expedientes judiciales para ver si las partes argumentaron aspectos técnicos o especializados y si las decisiones judiciales evidencian conocimiento técnico, económico, regulatorio y de política pública.
“Este tipo de investigación debe hacerse con una metodología especial y con expertos independientes, debiendo revisar las posiciones de las partes (por ejemplo demandas, contestaciones de demanda, informes de las autoridades, sentencias judiciales), identificar si se presentan argumentos técnicos o especializados y las pruebas exhibidas”.
Manifestó que las experiencias de los actores relevantes en los tribunales de Competencia y Telecom, entre ellos juzgadores, litigantes, el regulador de telecomunicaciones o concesionario indígena, refieren en su gran mayoría que la existencia de estos ha sido positiva.
“Sin embargo, también algunos actores relevantes manifestaron que los Tribunales de Competencia y Telecom tienen una tendencia a favorecer al gobierno: “un proyecto político para que hubiese tribunales que resolvieran por consigna siguiendo la línea del gobierno en turno”.
Es por ello que para la experta en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión, recobra importancia que se emprendan nuevas investigaciones sobre tribunales especializados en específico, con métricas definidas para analizar sus consecuencias.
“Continuar condenando o alabando la creación de tribunales especializados sin investigaciones serias sobre las consecuencias que tiene su existencia y desempeño, conducirá a conclusiones sin sustento o de simple retórica académica”.
Asimismo, en el texto publicado en el número 45 de la revista “Cuestiones Constitucionales”, la especialista planteó que el procedimiento para seleccionar a jueces para tribunales especializados debe iniciar con el diseño de un perfil adecuado para la materia y los requisitos que deben cumplirse para aspirar al cargo, y tanto el perfil como requisitos deben ser públicos.
También se podría mejorar, con mayor transparencia, el procedimiento mediante el cual se decide a qué tribunales se asignará a los jueces, lo cual puede aplicarse en general para cualquier tipo de juzgado; que los jueces cuenten con garantías de inamovilidad y capacitación en aspectos económicos y técnicos de competencia y telecomunicaciones.
En el caso de los tribunales de Competencia y Telecom, añadió, sería una buena práctica realizar un examen de conocimientos básicos en la materia, y en caso de que no hubiere interesados, entonces el Consejo de la Judicatura podría buscar a los jueces de tribunales generalistas que tendrían el perfil y requisitos para un adecuado desempeño.
“La capacitación de jueces y del personal judicial es fundamental, debiendo impartirse de manera constante, de conocimientos y competencias judiciales generales y de aquellas necesarias por la materia de especialidad”.
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