Ante la avasallante presencia de los denominados Over The Top (OTT), como Google, Netflix, Amazon o Facebook, que ofrecen servicios que generalmente demandan grandes anchos de banda, las empresas de telecomunicaciones y de televisión de paga, enfrentan una asimetría regulatoria dañina en términos de inversión y del propio desarrollo del ecosistema digital.
“El impresionante avance de las tecnologías digitales ha obligado a las operadoras a realizar ingentes volúmenes de inversiones para poder ofrecer unas infraestructuras, en principio fijas, pero luego también móviles, capaces de soportar una oferta de servicios y aplicaciones cada vez más complejos y sofisticados”, sostiene el estudio Sociedad Digital en Latinoamérica 2020-2021.
El documento elaborado por Fundación Telefónica señala que el éxito de estos servicios sobre internet estimula la demanda de otros cada vez más ambiciosos, que requieren de una mayor capacidad de red, lo que obliga a los propietarios de las infraestructuras a seguir invirtiendo en mejorarlas y ampliarlas.
“Cosas ya tan cotidianas como el vídeo a través de streaming, el jugar online, las reuniones a través de videoconferencia o el trabajar en la nube han implicado en los últimos años la necesidad de desplegar redes de banda ancha cada vez más potentes, con tecnologías como la fibra óptica o el recién llegado estándar 5G de telefonía móvil”.
Los modelos regulatorios que tradicionalmente han regido en el sector de las telecomunicaciones tienen perfectamente definidos y regulados los servicios relacionados con las infraestructuras; sin embargo, por regla general, las nuevas actividades en el ecosistema digital han florecido al margen de una normativa específica orientada a promover la liberalización de los mercados y el desarrollo de la competencia.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asegura que el plano de juego en el que coexisten los servicios de telecomunicaciones y los OTT se encuentra en condiciones desequilibradas, pues aunque la regulación puede considerarse como las reglas del juego competitivo, ocasionan, como en este caso, una competencia disfuncional que castiga a los proveedores de infraestructura, inversión y empleo nacional.
Además, la UIT señala otra situación nociva, tanto para el ecosistema competitivo como para la economía nacional, que es la pérdida de ingresos fiscales; una de las causas es que los servicios OTT tienden a registrar ingresos en países con menores tasas impositivas para minimizar sus contribuciones fiscales.
Por otro lado, la competencia directa que ejercen los servicios OTT disminuye los ingresos de las telecomunicaciones locales, y en consecuencia reduce la recaudación sobre dichos ingresos locales.
En la región, el alto grado de piratería por internet genera fuertes distorsiones a la competencia, ya que no pagan impuestos, ni pagan por los contenidos exclusivos, ni están sujetos a ningún tipo de regulación, entre otros.
“La piratería por internet es una competencia desleal que debe ser reconocida en los diferentes análisis del mercado (por ejemplo, para temas de poder de mercado). Una regulación holística y regional de los contenidos ilegales permitirá combatir mejor la piratería”.
Por todo ello, subraya el documento, el ecosistema digital necesita un “level playing field”, es decir, un marco regulador que someta los mismos servicios a las mismas reglas, independientemente de quién los preste.
Se trata de una expresión importada del mundo deportivo que define una situación en la que todos los participantes tienen las mismas oportunidades de tener éxito, y consiste en aplicar las mismas reglas a todos los equipos, no para que todos compitan de la misma manera, sino que, en función de las mismas reglas, cada uno diseñe su estrategia de juego.
“La asimetría regulatoria no solamente perjudica a unos agentes del mercado respecto a otros, sino que también puede acarrear perjuicios para el usuario final de los servicios relacionados con la privacidad, la seguridad o la capacidad de elección”.
El estudio expone también que los vacíos legales en los que se mueven las grandes empresas tecnológicas, y su carácter global, que en ocasiones las sitúa fuera de la jurisdicción de las leyes nacionales, dificultan la protección de los usuarios de sus servicios, que a menudo pagan con su información personal lo que aparentemente es una prestación gratuita.
“Pensemos, por ejemplo, en Google o Facebook, cuyo modelo de negocio se basa en explotar comercialmente los datos que reciben (o recaban sin informar sobre ello) de todo aquel que accede a la plataforma”.
En el caso de Latinoamérica, todos los países tienen en vigor un marco regulatorio para el sector de las telecomunicaciones, centrado tanto en la distribución de competencias entre organismos como en las reglas básicas para fomentar la competencia y la inversión.
En este contexto, los reguladores de la región deben reconocer la gran competencia que enfrentan los operadores de telecomunicaciones con infraestructura desplegada localmente ante los servicios transfronterizos que se prestan a través de internet.
“Como consecuencia, la regulación debe garantizar un trato igualitario en beneficio de una competencia equilibrada. Los mismos servicios deben regirse por las mismas normas, independientemente de las tecnologías subyacentes”.
C$T-GM
