La humanidad parece estar enferma de bipolaridad, porque “en la mañana le echamos la culpa de todos los males al internet y por la tarde lo consideramos la panacea para salvar a la humanidad”.
Por el contrario, es necesario ubicar dónde está el problema, es decir, quién puede estar enojado o no tener confianza en sus autoridades (de los tres poderes de la unión) o bien quién aprovecha el anonimato que proveen las tecnologías de la información, para causar daño a los demás, lo cual no es responsabilidad de la tecnología.
Al presentar su libro “Tecnologías de la información y derecho a saber”, editado por el INAI, su autor Alejandro Pisanty Barush insistió en que no se debe culpar a la tecnología de todo lo malo, ni tampoco creer que lo va a resolver todo, sino tener una ponderación más clara de los cambios que ésta ha traído a la sociedad, sin descuidar el riesgo del olvido.
Pues “si alguien no se ocupó de colocar los archivos digitales en un formato que se pueda ver, corremos el riesgo de que deje de estar accesible, lo que nos puede llevar a una especie de Alzheimer social”.
Durante el evento celebrado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en el marco de la Feria del Libro de esa institución, el autor (también expresidente de la Sociedad de Internet en México), aseguró que el principio del derecho a saber se puede resumir de una manera muy sencilla: “el ciudadano tiene derecho a saber lo mismo que sabe el gobierno, siempre con respeto a la privacidad y con cuidado de la seguridad nacional”.
A partir de ese concepto, inició la difusión de la información de gobierno. Previo a la era digital, esto se lograba mediante el acceso a los ciudadanos a ver archivos y hacer sus propios apuntes; después con fotocopias (lo cual fue una gran revolución como lo demostró la persona que se llevaba los archivos del Pentágono y por la noche hacía copias que después publicó y cuyo contenido cambió el rumbo de esa guerra) y, ahora, en la era digital, con el uso de la tecnología.
Y una vez más, para ponderar el alcance de la tecnología, es necesario entender que ésta no obliga a difundir la información, pero sí lo facilita enormemente. En cambio, lo que sí obliga a difundir la información, es el interés de la ciudadanía por acceder a ella, lo cual fue el motor que llevó a la fundación del IFAI y luego el INAI, que precisamente garantiza este derecho de la ciudadanía, así como del cuidado a sus datos personales, todo a través de medios digitales.
Pero hoy con el avance de la tecnología y los alcances del internet, es necesario tener en cuenta algunos factores reales. En primer lugar, la masificación de los efectos de la información en la red; la aceleración de los tiempos para difundirla; el crecimiento de los accesos y la enorme escala que puede adquirir la difusión de la información.
Para ilustrar la escala que puede alcanzar la difusión de determinados contenidos, Pisanty Barush recordó que no hace falta ir a sociedades islámicas para ver la enorme repercusión que puede generar un contenido de salud sexual reproductiva dirigido a las adolescentes, “incluso muy cerca de la Ciudad de México”.
Por otra parte, destacó el tema del anonimato que permite el uso del internet, el cual tiene a su vez, dos aspectos: por un lado, la posibilidad de que los delincuentes se escondan para cometer ilícitos y, por otro, que las personas puedan denunciar de manera anónima abusos de funcionarios públicos o otras personas.
También existe el problema del “cruce de jurisdicciones”, por ejemplo en delitos que se cometen desde un país, con víctimas en otro, aunque también tiene ventajas como la reducción de costos y facilidades de ventas para el comercio electrónico que, a diferencia de las tiendas físicas, no obliga a nadie a tener grandes instalaciones y bodegas con inventarios, sino que permite concretar las ventas de manera más rápida.
Finalmente, está el tema de la confianza, que curiosamente afecta más al gobierno. “Le tenemos más confianza como ciudadanos a una plataforma de comercio electrónico, que al Sistema de Administración Tributaria. No tenemos problema con entregarle nuestra información de tarjeta a un sitio de e-commerce, pero con el SAT no queremos compartir la información y eso dificulta la comunicación de la autoridad hacendaria”.
C$T-GM