Si para 2024 se ajustaran a la media internacional los derechos anuales que pagan los operadores de menor tamaño por el uso del espectro radioeléctrico, el Estado recibiría casi 45 mil millones de pesos adicionales al escenario actual, debido a que es menos probable que ocurran devoluciones de este recurso e incluso es factible que se incremente la cantidad demanda en futuras licitaciones.
Ésta es una de las conclusiones del estudio de mercado sobre los costos del espectro radioeléctrico para servicios móviles en México, elaborado por el IFT, y en el que se da cuenta que si bien una reducción del precio espectral representaría menos ingresos por concepto de derechos anuales, eventualmente el Estado comenzaría a recibir mayores ingresos que manteniendo el nivel que hoy coloca al país como uno de los más caros.
“Si se modifican los niveles de derechos anuales y se ajustan a niveles comparables con la mediana internacional, es decir, aproximadamente un 46 por ciento, únicamente para los operadores de menor tamaño, en el largo plazo (considerando un horizonte temporal de 20 años), el Estado recibiría 44 mil 942 millones de pesos adicionales al escenario en donde los derechos se mantienen en los niveles actuales”.
De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) considera que con estas disminuciones, es más factible que los operadores competidores del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT) alcancen la escala mínima eficiente y puedan competir efectivamente en el mercado.
“Asimismo, al disminuir el precio, la cantidad de espectro demandada podría incrementarse y, en consecuencia, la recaudación también. Es decir, si se reducen los niveles de los derechos actuales, no necesariamente el Estado recaudará menos; incluso, considerando los escenarios modelados, el Estado recibirá mayores ingresos”.
Además, en el caso particular de reducción de los derechos para los operadores de menor tamaño, se obtendrían beneficios adicionales en materia de competencia económica y en mejorar las condiciones del mercado para alcanzar objetivos de la política de cobertura, como:
- Incentivos a la entrada y favorecer a que los operadores existentes puedan alcanzar la escala mínima, permanecer en el mercado y competir efectivamente. Una mayor competencia genera mayor diversidad, mejores ofertas y menores precios de los servicios de telecomunicaciones móviles, en beneficio de los usuarios finales y la población en general.
- Impacto positivo en la inversión, el despliegue de infraestructura en áreas rurales y desatendidas y modernización de la infraestructura existente, lo cual sería consistente con los objetivos de cobertura universal y social.
El órgano regulador refiere que existen estudios que apuntan a que, si el costo del espectro estuviera alineado con el promedio global, 5 millones más de mexicanos tendrían cobertura 4G y las descargas de datos serían un 30 por ciento más rápidas.
“Dada la relevancia de los servicios de telecomunicaciones móviles, principalmente el de acceso a Internet, como servicios de comunicación y acceso a la información, es apremiante realizar acciones concretas para evitar que los altos costos del espectro distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia en la provisión de dichos servicios”.
De cara a la revisión y análisis del Paquete Económico 2024, que implica modificaciones a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se establecen los cánones anuales por el uso del espectro radioeléctrico, el IFT expone que los niveles actuales de los derechos no garantizan una mayor recaudación para el Estado.
Por el contrario, se estima que el Estado ha dejado de recaudar aproximadamente 13 mil 471 millones de pesos de 2020 a la fecha y podría recaudar menos en los próximos años si continúan las devoluciones de espectro radioeléctrico; asimismo, al no haber nuevas asignaciones, el Estado no tendrá mayor recaudación en los próximos años.
El órgano regulador sostiene que los niveles actuales de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico son insostenibles, pues reducen los incentivos y las posibilidades de los operadores de telecomunicaciones de menor tamaño para adquirir y usar dicho recurso para competir efectivamente en la provisión de servicios móviles.
Asimismo, identifica que los niveles actuales de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico constituyen una barrera a la entrada y expansión pues limitan la participación en licitaciones y la competencia en la provisión de servicios de telecomunicaciones móviles mayoristas y minoristas, además de que no están justificados con base en cuestiones técnicas, eficiencias o condiciones económicas, sino simplemente recaudatorias.
“Si bien el nivel actual de los derechos aplica de igual forma para todos los operadores actuales y potenciales, éstos tienen un impacto negativo principalmente en los operadores entrantes y de menor tamaño al ser un costo fijo relativamente alto para ellos”.
C$T-GM
