La regulación del sector telecomunicaciones es necesaria para su buen funcionamiento como en cualquier otro mercado, pero cuando es excesiva trae consigo efectos negativos en términos de innovación. Por lo tanto, se recomienda que las autoridades encargadas de crear e implementar esas regulaciones, lo hagan escuchando el punto de vista de la industria, para lograr un equilibrio entre control y promoción de innovaciones.
Y aunque México ha mejorado consistentemente su posición en el Índice Mundial de Innovación en los últimos 10 años, aún se ubica en el lugar 58 a nivel global por debajo de Chile, que tiene el lugar 52 y Brasil en el 49 del mismo Índice, lo cual se explica, entre otras cosas, por algunos aspectos limitantes de la regulación en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, coincidieron expertos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Al presentar en conferencia de prensa virtual el documento de trabajo “Innovación de las TIC en México. Aspectos regulatorios Limitantes”, Ernesto Piedras, director general de la consultora, explicó que esta investigación se estará actualizando constantemente, pero por el momento muestra un panorama donde la regulación puede ayudar a promover la innovación, pero si se excede de determinado punto, puede obstaculizarla.
“Los economistas siempre decimos que si no hace falta regular o intervenir, no debemos hacerlo, pero en el caso de México, los mercados de telecomunicaciones nacen de un monopolio; si los soltamos sin intervención, tienden a la concentración absoluta de inmediato, pero ¡cuidado!: no toda regulación es positiva y hay ejemplos internacionales que podríamos tropicalizar para regular positivamente, teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona muy rápido y la regulación debe hacerlo al mismo ritmo”.
Al respecto, Samuel Bautista, miembro del equipo de The CIU, indicó que, además de la regulación, uno de los aspectos que pueden explicar el bajo ritmo de innovación es que América Latina en general y México en particular, han disminuido sustancialmente la inversión en investigación y desarrollo en la última década.
De este modo, México destinó a investigación y desarrollo el 0.30 por ciento del PIB en 2020, cuando en 2010 el monto fue del 0.49 por ciento del PIB. Mientras tanto, la media de este gasto en los países de la OCDE es equivalente al 3.0 por ciento del PIB, lo que significa que México está 10 veces por debajo de esa media.
Santiago Donoso, también miembro del equipo de The CIU, advirtió que las condiciones del mercado, en algunos casos, son consecuencia de cómo se regula. En general, “una regulación bien implementada se espera que suba la tasa de innovación, que resuelva problemas tanto administrativos como de competencia, pero el esquema no debe ser muy gravoso porque entonces, lejos de promover la innovación la inhibe. Es difícil encontrar el equilibrio”.
Luego de presentar ejemplos de regulaciones en materia de funcionamiento de los aparatos de telecomunicaciones, protección al medio ambiente y cuidado de la salud de los usuarios, entre otros, el equipo de especialistas concluyó que si bien la regulación es deseable cuando el mercado falla, también puede crear problemas que afectan a la innovación, si las normas son excesivas.
“El efecto de la regulación sobre la innovación forma una ‘U’ invertida, donde las regulaciones poco estrictas tienen un efecto positivo, pero las más estrictas traen un efecto contrario”, mientras las regulaciones tardías o incompletas pueden crear obstáculos a la generación de nuevas tecnologías al imponer excesivos costos de cumplimiento.
Una política de competencia mal aplicada puede reducir los ingresos y desincentivar la innovación de los agentes de vanguardia. Una regulación antimonopolio mal diseñada puede reducir los incentivos de las empresas entrantes para innovar, mientras establecer topes de precios también reduce los incentivos para innovar.
Respecto a la regulación medioambiental y laboral puede que éstas conlleven costos demasiado altos de cumplimiento que saquen del mercado de determinadas empresas, como las PYMES, al tiempo que la regulación técnica podría crear normas que reduzcan la eficiencia de la producción o creen barreras comerciales, afectando ambas a la disposición de las empresas a innovar.
De ahí la recomendación de que reguladores y autoridades federales establezcan mesas de trabajo continuas con colaboración público-privada, donde se discutan las inquietudes en la materia, siempre bajo un esquema de buena comunicación entre el IFT y la Secretaría de Economía, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales.
El documento de trabajo de The CIU advirtió que requisitos complejos o innecesarios aumentan los costos de los productos y que las autoridades deben fomentar la creación de nuevos laboratorios y organismos de certificación para agilizar esos procesos, cuidando que productos de mala calidad no lleguen a manos de los usuarios, mientras la normatividad ambiental se enfoque a cuidar el medio ambiente, pero no entorpezca la competencia o la innovación.
C$T-GM