Soterrar redes costaría costaría 44.5 mil mdp.
Contar con un inventario de la infraestructura de telecomunicaciones existente es una de las acciones que plantea la iniciativa de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México; sin embargo, este ámbito es de jurisdicción federal, es decir, está regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Las vías generales de comunicación, obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite y los servicios que con ellas se presten, están regulados por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que la facultad de llevar el inventario de infraestructura aérea que propone la iniciativa, corresponde en todo caso, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En días pasados, se realizó el Parlamento Abierto rumbo a la dictaminación de las Iniciativas de Ley en materia de cableado y uso del subsuelo en la Ciudad de México, ejercicio en el cual Juan Carlos Hernández señaló, en representación de la CANIETI y la Asociación de Internet MX, una posible invasión de esferas y sobrerregulación.
“La obligación de identificación de los cables y de toda la infraestructura aérea de los operadores, así como el retiro de los cables en desuso en un periodo de un año, se encuentra ya contemplada en las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACGs) para permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso a las instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional, de la CRE.
Además, expuso, con estas disposiciones se podrían vulnerar los compromisos asumidos por México ante la Organización de las Naciones Unidas en materia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, en octubre del 2016, a través de la CONFERENCIA HABITAT III.
Ello, toda vez que podrían generarse efectos adversos a la competencia, limitaría la cobertura de nuevos servicios y encarecería las tarifas a los usuarios finales debido a los costos que tendrían que erogar los concesionarios.
De acuerdo con datos de la industria, el soterramiento de las redes de telecomunicaciones tendría un costo de 44 mil 550 millones de pesos, con el consecuente impacto en los planes de inversión de los operadores en redes de última generación y afectaciones a los consumidores por la vía de incrementos en los precios de los servicios.
Al considerar los 13 mil 389 kilómetros de extensión de las vías primarias, secundarias y caminos restringidos, el costo total de soterramiento equivaldría a 22 veces el PIB del sector telecomunicaciones del año 2019, y casi 30 veces el PIB de los primeros tres trimestres del 2020.
C$T-GM