El caso representa una anomalía en la región: ASIET.
Un control discrecional de precios para los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como el que se busca establecer mediante el tope máximo de aumento de 5.0 por ciento en Argentina, no sólo hace inviable la sostenibilidad de cooperativas, Pymes y grandes empresas en un contexto de alta inflación, sino que es incongruente con los objetivos de alcanzar mayor cobertura, acceso y calidad de servicios, al ahogar a los proveedores de un servicio que se considera esencial.
“No es sostenible que con una inflación anual del 36.1 por ciento -26.2 por ciento en el periodo de abril a diciembre durante el cual permanecieron congelados todos los precios de los servicios TIC (en el caso del servicio móvil prepago la congelación de precios rigió desde fines de 2019)-, se obligue a las empresas a tener un tope de aumento del 5.0 para todos los servicios, insuficiente para cubrir sus costos reales”, subrayó la ASIET.
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), expuso que en Argentina la devaluación ya superó el 40 por ciento, lo cual afecta a una industria con buena parte de sus insumos en dólares, por lo que no es conveniente que se mantenga la incertidumbre para los próximos meses, cuando se espera que la inflación aumente otro 12.5 por ciento en el primer trimestre.
La organización conformada por más de mil 200 operadores en competencia, enfatizó que Argentina necesita una regulación de los servicios TIC equilibrada y sustentable, basada en criterios técnicos y que dé certidumbre a largo plazo, para proteger el desarrollo de las inversiones que garanticen servicios de calidad, para continuar el despliegue de redes y la reducción efectiva de la brecha digital.
“La situación en Argentina representa una anomalía en la región, y genera inquietud entre operadores, inversores, proveedores, especialistas y usuarios de todo el ecosistema digital”, destacó en un comunicado.
ASIET destaca que si bien comparte la preocupación por el cierre de las brechas digitales, es claro que mayores niveles de conectividad no se alcanzarán por decreto, sino generando las condiciones necesarias para que más y mejores servicios lleguen a más argentinos y argentinas.
Ello es responsabilidad del sector privado, a través inversiones en redes y la puesta a disposición de diversas alternativas comerciales; de sus contribuciones al Fondo de Servicio Universal; y de las medidas temporales acordadas por la coyuntura de emergencia relativas al acceso a sitios educativos o a la conectividad en puestos sanitarios.
También es responsabilidad del sector público, a través del uso integral y asignación eficiente de los fondos de Servicio Universal, y otras soluciones de política pública y regulatoria que brinden acceso a la población vulnerable (debidamente identificada), y garanticen las condiciones de desarrollo de un mercado con potencial de traccionar al conjunto de la economía hacia el crecimiento.
“ASIET entiende que deben revisarse las medidas mencionadas, recuperar el tono de diálogo y alcanzar soluciones regulatorias basadas en criterios técnicos que permitan a la Argentina asegurar la sustentabilidad de la industria a fin de garantizar el acceso a cada vez más ciudadanos y continuar expandiendo y mejorando la calidad de los servicios”.
C$T-GM
